Por: Manuel J. Jáuregui.
Nuestros legisladores tomaron la decisión de incrementar los poderes de la Secretaría de Hacienda: de esta manera una de por sí poderosa cartera se ha vuelto -casi- todopoderosa.
Puede disponer de la Fuerza Pública, por ejemplo, y le basta la sospecha para actuar.
Posee información privilegiada, además, y la facultad de embargar o incautar sin limitación significativa las cuentas o los bienes de derechohabientes que le caen panzones por simuladores, potenciales evasores o posibles defraudadores.
Por si esto fuese poco, ADEMÁS los legisladores no titubearon en cambiar nuestras leyes para otorgarle la facultad a esta Secretaría de exhibir a los ciudadanos difundiendo y publicitando presuntos, o supuestos, adeudos con el Gobierno.
De esta manera acaba de sacar nuestro Supremo Gobierno una nueva lista con unos mil nombres de empresas e individuos que, según ellos, no están “al corriente” con sus pagos o impuestos.
Nunca antes en México se había hecho lo anterior: estamos ante un procedimiento inédito que -debemos suponer- se ha convertido ya en modus operandi, ya que no hay ante él oposición significativa ni defensa.
Hubo una opinión temprana de Derechos Humanos en el sentido de que tal procedimiento violaba la privacidad de los ciudadanos, mas esta opinión fue desestimada inmediatamente y nadie más ha cuestionado un procedimiento que no se acostumbra en ningún país primermundista.
Ello porque existen preceptos universales que reafirman varios principios aceptados en toda democracia:
1.- Que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en una Corte.
2.- Que a todo ciudadano le asiste el derecho de mantener en la confidencialidad sus asuntos privados. (Existe un parámetro llamado principio de la legalidad, el cual establece que los ciudadanos tienen derecho a todo aquello que no les está expresamente prohibido por la Ley, mientras que los servidores públicos SÓLO pueden hacer aquello que les está expresamente facultado por la Ley, de ahí que se hayan modificado nuestros códigos para permitir estas cosas).
3.- Que ningún Gobierno democrático tiene derecho a acudir al escarnio, la burla o el trato ignominioso de sus ciudadanos. Si ustedes recuerdan, esta táctica en su forma más brutal fue usada por los nazis en contra de los judíos en la Alemania de Hitler.
Uno de los problemas que nosotros le vemos a esta estrategia que ahora se emplea en el cobro de los impuestos, tomando en cuenta que a cambio de un platillo de habas aceptaron nuestros legisladores cambiar la Ley para permitir lo que antes no estaba permitido, por lo que no hablaremos de su “legalidad”, es la reparación del daño.
La Guadalupana no lo quiera, pero ¿qué sucede si las autoridades se equivocan y exhiben al escarnio social a un ciudadano inocente?
Después de manchar su nombre, ¿cómo reparará la autoridad el daño a su reputación y buen nombre al que nuestra Constitución afirma que tenemos derecho?
¡No hay manera! Aquí no hay un “después del pisotón, usted perdone”.
El hecho de que la autoridad piense, o crea, que alguien no ha cumplido no quiere decir esto en automático que sea culpable de lo que se le acusa.
Los ciudadanos hasta ahora exhibidos, puestos en la picota, sujetos al desprecio de la sociedad, no han sido juzgados: sólo son potenciales sujetos a un proceso judicial que aún no se ha llevado a cabo.
La sociedad no conoce la evidencia, ni está enterada de los pormenores ni la sustancia de la defensa a la que tienen derecho a apegarse, en cuyo caso la pregunta que debemos hacernos todos es: ¿será entonces correcto que se les señale con dedo de fuego y todo el poder del Estado?
La mayoría de los mexicanos dirán que no, el problema es que nuestros legisladores ya dijeron que sí: craso error han cometido, pues hacer legal lo indebido, lo injusto, lo violatorio a los derechos individuales que otorga nuestra Carta Magna, no cabe en una democracia.
Fuente: Reforma.
















