Por: Enrique Núñez.
PUEBLA, PUE.- Proveniente de la casona de Los Fuertes, una de las primeras órdenes que recibirán los flamantes diputados locales será la de validar el contrato firmado entre el gobierno del estado y Agua de México SA, en donde se le otorga una concesión para la explotación y el cobro del vital líquido por un período de 30 años a través de la privatización del Sistema Operador de Agua Potable de Puebla.
Este dato no representa nada nuevo para quienes han seguido de cerca esta negra historia de intereses ocultos entre ambas partes.
Lo que sí es nuevo es que el Congreso del estado recibirá línea para aprobar un aumento inmediato a las tarifas, lo cual —por obvias razones— generará un enojo generalizado de todos los usuarios del SOAPAP.
Si recordamos, la nefasta Legislatura anterior se vio obligada a dar marcha atrás en su intento de aprobar la Ley de Agua, en donde se le otorgaba a la empresa concesionaria la facultad de autorizar sus propias tarifas.
Ante las presiones políticas, el Congreso local determinó que serían los propios diputados los únicos autorizados para fijar las tarifas del agua, lo cual representaba, en el papel, una garantía para los ciudadanos.
Tristemente, esta potestad de nuestros legisladores está en manos de los intereses y compromisos del Señor de los Cerros, quien, a través de su titular de Finanzas, prometió a Agua de México SA un aumento inmediato a las tarifas.
En una próxima entrega les daré a conocer todos los pormenores de esta negociación, además de las empresas extranjeras detrás de Agua de México y los nombres de los personajes que intervinieron para lograr la firma de este jugoso contrato.
Créanme que es la mayor operación financiera del sexenio y con las comisiones más altas destinadas al ambicioso proyecto presidencial.
Estamos hablando de cifras de nueve ceros.
Ni más ni menos.
Fuente: Intolerancia Diario.
















