Por: FRANCISCO ESPINOZA.
@franciscoeh
Los sucesos de Michoacán, donde municipios enteros son regidos de facto por grupos de narcotraficantes y éstos son, a su vez, combatidos por supuestos grupos paramilitares de autodefensa, constituyen una muestra dramática de la perenne debilidad del Estado mexicano y de su incapacidad para que el estado de derecho pueda ser una realidad plena en todo el territorio nacional.
Lo anterior es, sin lugar a dudas, el mayor riesgo para la democracia y, también, para el desarrollo social y económico de nuestro país.
El estado de derecho, cuyas característica esencial es la existencia de “normas preestablecidas que estatuyen derechos del ciudadano y un tercero encargado de aplicarlas imparcialmente” es la base para que un país pueda alcanzar altos niveles de desarrollo, ya que una economía de mercado como la nuestra no puede prosperar si la debilidad de las instituciones hace que, en la práctica, las leyes aprobadas no tengan vigencia y aplicación en la realidad cotidiana, lo que se traduce en un escollo insalvable para la inversión productiva. Poderes judiciales independientes, ministerios públicos autónomos, policías profesionales y, sobre todo, una cultura de la legalidad, son algunos de los componentes fundamentales del estado de derecho, y la triste realidad es que carecemos de ellos.
El costo económico de la ausencia de un estado de derecho, y las consecuencias que esto conlleva, es aterrador: Según datos del INEGI, en 2012 el costo de la inseguridad fue de 215 mil millones de pesos, es decir, 1.34 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); del total de ese monto, 70.7 por ciento se refiere a las pérdidas económicas sufridas a consecuencia de los delitos, en tanto que 25.7 por ciento corresponde al gasto en medidas preventivas y 3.6 por ciento a los gastos en salud por los daños causados. Dicha cantidad astronómica es mayor a lo que se pretende recaudar con el recientemente aprobado bodrio fiscal.
Otra posible consecuencia de la falta del estado de derecho es que los resultados de las recientemente aprobadas reformas estructurales pueden ser muy pobres o nulos: si los órganos que regulan el sector energético o el de telecomunicaciones, por ejemplo, no tienen la fuerza o la autonomía suficiente para hacer cumplir los mandatos que la ley les exige y, por el contrario, son “capturados” por los intereses de los poderes fácticos, dudo mucho que puedan consolidarse sectores competitivos que se reflejen en menores costos para los ciudadanos. También podemos aludir al caso de la reforma educativa, donde al parecer en las leyes estatales se diluirá, cuando no contravendrá, las disposiciones de las reformas constitucionales y legales que implantaron el servicio profesional de carrera docente.
Dentro del ya fenecido Pacto por México se incluyeron los llamados “Acuerdos para la seguridad y justicia” compuestos por los siguientes rubros: Implantar un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria: Reformar los cuerpos de policía; Implantar en todo el país el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral; Implantar en todo el país un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales Únicos; Reforma la Ley de Amparo; Reforma integral del sistema penitenciario. A pesar de que ya se expidió la nueva ley de amparo y de que ya contamos con un código único de procedimientos penales, lo cierto es que estamos a años luz de contar con instituciones de procuración e impartición de justicia con la suficiente fortaleza para aplicar la ley a rajatabla, sin excepciones para ningún grupo o persona, por más poderosa que sea: la profesionalización de los cuerpos policiacos avanza, aunque no con la velocidad que el país requiere; los ministerios públicos, federales y estatales, carecen de autonomía y son proclives a los actos corruptos; los pobres tienen un acceso insuficiente al sistema de justicia, y muchas veces son condenados injustamente. El corolario del statu quo es la brutal desconfianza del ciudadano en el sistema de justicia mexicano.
Durante el 2014, el gobierno, legisladores y partidos políticos, deberán estar inmersos en la aplicación y supervisión de las reformas estructurales; bien harían en poner todo su esfuerzo y energía para, en forma concomitante, abocarse a completar la implementación del sistema de justicia penal, acusatorio y oral; la reforma a los cuerpos de policía; otorgar autonomía constitucional a los ministerios públicos estatales, creando para ese fin un servicio ministerial de carrera; fortalecer los poderes judiciales y a los órganos autónomos estatales; y crear un sistema nacional de auténtica lucha contra ese cáncer que corroe al sistema político mexicano que es la corrupción. Parafraseando el slogan de la campaña electoral de Bill Clinton (“It´s the economy, stupids”), podemos concluir que, en México: “Es el estado de derecho, estúpidos”.
Fuente: Sdpnoticias.com
















