Por: SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA.
Ha pasado más de un año de esa presentación, donde se nos dijo que era una de las prioridades del nuevo régimen atacar frontalmente el lastre que representa la corrupción.
Recordemos que desde octubre de 2012 el entonces Presidente Electo Enrique Peña Nieto presentó su propuesta para atacar la corrupción, como prioridad de su todavía nonato gobierno,
misma que fue adoptada por los senadores del PRI y del PVEM, toda vez que él aún no asumía el poder y por ende carecía en ese momento del derecho de iniciativa. La misma se presentó como tal en el Senado de la República en noviembre del mismo año.
Recordemos que esta propuesta se incluyó también en el extinto Pacto por México, suscrito y dado a conocer el 2 de diciembre del mismo 2012, en los Acuerdos para la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, donde se incluyeron 3 compromisos: el de perfeccionar el sistema de rendición de cuentas contables en los tres órdenes de gobierno para establecer reglas comunes y mecanismos homologados, la cual ya se estaba procesando en el Legislativo, con la iniciativa preferente que presentó el entonces Presidente Felipe Calderón; el de convertir al IFAI y a los órganos estatales en materia de transparencia y acceso a la información pública en órganos constitucionales autónomos, los cual ya tambien ocurrió con la reforma constitucional que se acaba de publicar el 7 de febrero pasado; y la de crear un sistema nacional contra la corrupción, creando una comisión nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia por actos de corrupción, además de la creación de un consejo nacional para la ética pública, esta última la única pendiente de esos acuerdos.
A esa iniciativa presidencial se sumaron las correspondientes presentadas por senadores del PRD y del PAN, respectivamente, las cuales se integraron en el dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales, de gobernación, de anticorrupción y participación ciudadana y de estudios legislativos primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política Federal, en materia de combate a la corrupción.
Ha pasado más de un año de esa presentación, donde se nos dijo que era una de las prioridades del nuevo régimen atacar frontalmente el lastre que representa la corrupción, ampliamente difuminada en los gobiernos y las administraciones públicas mexicanas; estando muy claro para todos que la pluralidad y la alternancia política que ahora es una constante en todos los espacios de poder, no solo no la ha contrarrestado, sino que, sin que se haya demostrado como causa, los índices públicos de la corrupción en nuestro país se han incrementado.
Me llama la atención que habiéndose presentado conjuntamente con la reforma para la transparencia, porque por razones obvias se encuentran estrechamente vinculadas, ésta ya se encuentre vigente, al menos en el ámbito constitucional, y la anticorrupción aún se encuentre pendiente en las Comisiones del Senado, y no se haya incluido en la vorágine de reformas constitucionales del año pasado.
Analizando el dictamen del Senado, correspondiente a las iniciativas presentadas en la materia, se advierte una buena cantidad de similitudes y confluencias, que sería muy complicado describir en una entrega periodística, tanto en el diagnóstico como en la propuesta, por lo que no encuentro los motivos o razones para que se esté difiriendo su eventual aprobación y poder avanzar en las posibles soluciones de uno de los problemas que me parecen verdaderamente medulares del sistema político y de la sociedad mexicana, como lo es la corrupción y sus consecuencias.
Podemos mencionar como ejemplo, los señalamientos que se hicieron y hacen respecto de los actos de corrupción que se pueden presentar a gran escala, con la reciente reforma energética, esa sí aprobada fast track en diciembre pasado, con la enorme cantidad de recursos e intereses que se pondrán en juego, sin que tengamos un sistema anticorrupción vigente que lo pueda contrarrestar.
Se coincide en el discurso de los diferentes actores políticos en temas como éste, pero no son consecuentes con las acciones y decisiones, pertinentes y profundas que busquen realmente resolver los problemas, y me parece que en la mayor parte de los casos no se deriva de ignorancia, negligencia o descuido, sino más bien de otras cosas.
Fuente: Sdpnoticias.com
















