Por: Redacción.
MEXICO, D.F.- Recursos económicos que no se acreditaron, facturas apócrifas, falta de evidencias que demostraran generación de empleo, entre otras irregularidades, se descubrieron en la revisión de los programas para atención a las micro, pequeñas y medianas empresas,
así como para proyectos en zonas marginadas, de acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De manera que el dictamen se consideró “negativo” para los Programas para la Micro, pequeña y Mediana empresa (Fondo Pyme), el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim) y el Instituto Nacional de la Economía Social.
Por ejemplo, en la auditoría que se hace por desempeño a los apoyos para los pequeños y medianos negocios se encontró que se reportaron 78 mil 689 empleos generados pero en el sistema de la dependencia solamente se registraron 3 mil 78 empleos, lo que significa que no se justificaron 75 mil 611 empleos.
El problema es que la Secretaría de Economía (SE) “no tiene establecidos mecanismos de seguimiento y supervisión para comprobar que se crearon y consolidaron las empresas ni que se generaron los empleos con los apoyos económicos otorgados por medio del Fondo Pyme”, explicó la ASF.
Hubo casos en los que el dinero que debió enviarse a proyectos productivos se envió a cuentas personales de inversión o que simplemente no se comprobó que su uso final haya sido para los objetivos que se plantearon en los programas.
Sobrecostos millonarios en CONACULTA
El 4 de octubre de 2012, la empresa editorial Benchmark Education Company vendió a la Biblioteca Online S. de R.L de C.V bases de libros digitales en 5 millones 38 mil pesos (380 mil dólares), ésta las facturó a la empresa Impactel S. A de C.V. por 18 millones 655 mil pesos; y está a su vez las vendió a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por 52 millones 250 mil pesos.
Finalmente la UAEM le facturó a Conaculta las mismas bases de datos por 55 millones de pesos, lo que representa un sobreprecio de 49 millones 961 mil pesos o 991.6%.
En un segundo caso, un acervo digital se vendió inicialmente por 7 millones 364 mil 70 pesos, luego fue recomprada por tres intermediarios más y Conaculta acabó pagando 53 millones 591 mil 60 pesos de recursos públicos.
Aquí el sobreprecio representó 46 millones 226 mil 90 pesos pagados por los contribuyentes, es decir, ese acervo digital le costó a Conaculta siete veces más que el precio original.
Este par de ejemplos son citados en los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 presentada el jueves por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre el caso concreto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que en 2012 firmó numerosos convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y tecnológica (FONDICT-UAEM) para la digitalización de materiales y compra de acervos digitales.
El resolutivo del dictamen es negativo y entre las acciones propuestas por la ASF están cuatro denuncias de hechos y dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Irregularidades en Sedesol
En el informe de la cuenta pública 2012, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por un total de 523 millones 96 mil pesos en la compra de bienes inmuebles y el contrato de servicios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La ASF determinó que la Sedesol pagó al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) por servicios de los cuales no se tiene evidencia que fueron recibidos, en el rubro de aplicación de cuestionarios.
Señala que “existen diferencias” significativas entre los encuestadores que aplicaron los cuestionarios para el ingreso al programa 70 y más -luego modificado a 65 y más- y las personas que realmente aplicaron los cuestionarios.
Además, la Sedesol no acreditó que los servicios pagados para la aplicación de los cuestionarios, a cargo de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (Programa 70 y más) se hubieran recibido en los términos requeridos y hubieran cumplido con su objetivo.
En otra segunda revisión, se encontraron inconsistencias en los informes de bienes inmuebles de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por un total de 449 millones de pesos, que no fueron reportados como activos fijos.
“La dependencia registró contablemente el valor de 81 inmuebles, conforme a los avalúos practicados, lo que generó incrementos en los saldos de activos fijos de 873 millones, que representan el 66% del activo total. De los bienes inmuebles, 81 están registrados en el activo fijo, mientras que los 61 irregulares los registró en cuentas de orden”, detalla.
También la CDI no pudo esclarecer el destino de 474 millones de pesos destinados a apoyos para indígenas.
“En cuanto a su otorgamiento, ejercicio, registro, seguimiento y comprobación, se determinó que la CDI requiere fortalecer su sistema de control interno a fin de asegurar el cumplimiento en la entrega de los apoyos, así como la transparencia en su destino y aplicación”, explica.
Nueve mil millones de pesos a fondo perdido en Banobras
Durante 2012 el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que administra el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), reportó 9 mil 293 millones de pesos (mdp) a fondo perdido, de los cuales 75.5% o 7 mil 017 millones de pesos fueron sólo para estudios de factibilidad, con lo que durante todo el sexenio de Felipe Calderón el fondo envío a fondo perdido 41 mil 028 millones de pesos.
De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el Fonadin señala que estos recursos se catalogan como pérdida total, cuando son destinados para estudios de viabilidad de los proyectos y para subvenciones, en caso de que la obra no sea rentable económicamente pero si de utilidad social.
Durante los seis años de la administración federal pasada, fue en 2012 cuando se destinó el mayor monto como recursos perdidos, con un total de 12 mil 442 millones de pesos, mientras que en 2008 el total fue de mil 486 millones de pesos.
Por otro lado, los gastos de administración del fondo sumaron en 2012 un total de mil 437 millones de pesos, de los cuales 245 millones de pesos fueron para el pago de los honorarios de despachos externos contratados sólo en esos 12 meses.
De esta forma, el fondo al final de 2012 se quedó con sólo 229.5 millones de pesos como disponibles, dado que además de sus gastos de operación y financiamiento privado, el banco financió a gobiernos estatales y el federal por 40 mil millones de pesos.
Irregularidades en salud
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que recursos asignados al Fondo de Aportación para los Servicios de Salud, en este caso, para el Distrito Federal, se utilizaron para pagar el impuesto sobre la nómina, por lo que presume un daño al erario público federal por un monto de 61 millones 910 mil 355 pesos, pues ese concepto no está autorizado para el fondo federal.
De acuerdo con los resultados de las auditorías a la Cuenta Pública del año 2012, el ente fiscalizador federal revisó el 91.2% de los 3 mil 349 millones 889 mil pesos de recursos federales que le fueron transferidos en ese año a los Servicios de Salud de la capital del país.
Los resultados arrojaron que “los servicios de salud pública del Distrito Federal destinaron recursos del FASSA 2012 para el pago de Impuesto sobre Nóminas por 61 millones 910 mil 355 de pesos, concepto no autorizado para su pago con recursos del fondo”. El documento establece que, en su caso, los recursos deberán ser acreditados ante el órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.
Fuente: Por Esto.
















