Por: Purificación Carpinteyro.
“En un país bien gobernado abochorna la pobreza, en uno mal gobernado avergüenza la riqueza”.
Mahatma Gandhi.
“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, reza el viejo refrán; así que, en vísperas de que uno de los sectores más dinámicos de la economía reciba noticias del Instituto Federal de Telecomunicaciones a más tardar el domingo próximo,
respecto a la adopción de resoluciones que en opinión de algunos optimistas como yo deberán rediseñar el mapa de poder de mercado económico y, por ende, político de los barones de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, otros semejantes esperan impacientes.
Unos y otros forman parte de alguno o varios de los organismos con voz y voto del Consejo Coordinador Empresarial integrado por los siete grandes organismos cupulares que, con la supuesta finalidad de “promover la inversión y la generación de empleos en México”, desde el gobierno de Luis Echeverría hasta la fecha, han ejercido presión y cabildeado a favor de los intereses de las empresas que los conforman, y son co-responsables de que la efectividad del sistema de competencia económica del país ocupe la posición 114 de entre 148 países, en el índice de eficiencia de políticas contra monopolios, según el Reporte del Foro Económico Mundial 2013-2014.
Las verdades a medias son mentiras completas, así que los barones del CCE tienen buenas razones para estar preocupados, ya que el decreto por el que se reformaron diversos artículos de la Constitución política del país publicado el 11 de junio del año pasado en “materia de telecomunicaciones”, también reformó el tema de la “competencia económica”, contemplado en el artículo 28 constitucional, dando autonomía plena a la nueva Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y confiriéndole atribuciones capaces de meter miedo al más temerario:
Las modificaciones le confirieron a la Cofece atribuciones para ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos. Pero estas facultades no sólo pueden ser ejercidas como sanción por la comisión de prácticas monopólicas, es decir, como meras acciones correctivas, sino que pueden ser adoptadas ex ante como acciones preventivas en el caso de mercados altamente concentrados, y de esos en México hay muchos.
Según un informe publicado en 2010 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los 100 principales grupos económicos mexicanos contribuyen con casi el 23 por ciento del PIB nacional, pero apenas emplean a 3.5 por ciento de la población económicamente activa, y entre los conglomerados con más facturación se lista a Grupo Carso, con América Móvil e Inbursa de Carlos Slim; Cemex, de Lorenzo Zambrano; la embotelladora de Coca-Cola Femsa, de José Antonio Carbajal; Grupo Alfa, antes en manos de Dionisio Garza Medina; Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco; Grupo Modelo, ya vendido a la empresa belga AB InBev; Gruma y el banco Banorte, de la sucesión de Roberto González Barrera; Bimbo, de Daniel Servitje Montull; Grupo Bal, de Alberto Baillères González; Grupo Salinas Elektra, de Ricardo Salinas Pliego; Organización Soriana, de Ricardo Martín Bringas, y Televisa, de Emilio Azcárraga Jean.
En México, 50 familias acumulan fortunas de más de mil millones de dólares; entre tanto, hay más de 54 millones en situación de pobreza, y más de 12 millones en pobreza alimentaria. Pero no es cuestión de acabar con la riqueza, sino de establecer condiciones para su distribución entre miles y millones de mexicanos, para que puedan generarla y compartirla, fortaleciendo el mercado interno y propiciando que México como país sea más competitivo en el contexto de las naciones.
El que nada debe nada teme, así que la iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica presentada por el Ejecutivo para su análisis y aprobación por el Congreso a través de la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, no debe causar resquemor a los justos, pero debe levantar suspicacia la oposición: por lo menos deberá hacernos cuestionar para quiénes trabajan los opositores.
pcarpinteyro@gmail.com
Fuente: Reforma.
















