Por: Gilberto Nieto Aguilar.
XALAPA, VER.- Un tema jurídicamente controvertido en el que cada quién, desde su espacio, aplica su leal saber y entender. Creo que hay un punto del que debiéramos partir: la reforma al artículo tercero constitucional, facultada al Congreso en la fracción XXV del artículo 73 constitucional,
se aprobó conteniendo elementos que pudieron ser motivo de una inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El litigio debió partir del principio de que lo dispuesto en un artículo constitucional entra en contradicción con otro de la propia Constitución, pues si está siendo reformado el artículo tercero de la Carta Magna, no tiene por qué invadir la esfera de competencia de otros artículos del mismo rango constitucional que no han sido reformados, ni modificados, ni derogados, como es el caso del artículo 123 y leyes relativas. Es decir, la Constitución General de la República no se “armonizó” para reformar y dar vida a las leyes secundarias e iniciar su viaje a los estados libres y soberanos de la Unión.
Desde este ángulo, el recorrido planteó problemas para armonizar tales leyes secundarias respecto a las locales, pues cada entidad federativa tuvo que trabajar bajo esas condiciones y en el plazo establecido, con los elementos contenidos en las leyes reformadas de Educación y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y en la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) como otra ley reglamentaria del propio artículo tercero y que, esencialmente, presenta la inconstitucionalidad mencionada.
La LGSPD aborda preceptos laborales sin que se haya modificado el artículo 123 constitucional. Para evitar implicaciones laborales, se le llama “Reforma constitucional en materia educativa” a todo el proceso iniciado el 10 de diciembre de 2012 y que todavía estará un buen tiempo en el planteamiento jurídico para que concluya. Cada entidad ha trabajado adecuando sus leyes locales y Veracruz ya publicó en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 092 del miércoles 5 de marzo, la Ley Número 247 de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que pretende cumplimentar el proceso de armonización solicitado por las instancias federales.
En este trabajo participaron varios grupos de especialistas que aglutinó el Gobierno del Estado, para llevar adelante una propuesta de ley que incluye opiniones diversas y da a Veracruz, muy a su estilo, una norma válida que le permite entrar en este proceso ya en marcha en todo el país. Desde luego, el Gobierno del Estado tomó en cuenta la opinión de los sindicatos que llevan el peso, por su membrecía y carácter nacional, de las relaciones laborales.
Ocasionalmente tuve la oportunidad de conocer la propuesta seria y bien fundamentada de la Sección 32 del SNTE, elaborada por un grupo destacado de miembros del Equipo Político como una aportación a esta compleja armonización y con la responsabilidad de dejar a salvo los derechos fundamentales de los trabajadores en servicio y las prestaciones sociales y económicas hasta ahora adquiridas.
La ley presentada por el señor Gobernador puede parecer atrevida, y hasta inconstitucional pues parece que contraviene la Ley Federal, pero tiene el fundamento de que la ley local no privilegia lo que la LGSPD, aplicada al ámbito educativo, contraviene en las competencias exclusivas del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias.
El proceso será largo y complejo, pues además tendrán que modificarse actitudes y eliminarse vicios arraigados en la cultura escolar y en la contratación y distribución de los servicios. A futuro, deberá darse una verdadera profesionalización del magisterio, con ofertas de actualización y facilidades para seguirse preparando, considerando que la evaluación no tendrá un carácter punitivo sino la visión y el alcance de conocer las debilidades para transformarlas en fortalezas.
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