Por: Fermín Alejandro García.
PUEBLA, PUE.- La orden para que el diputado federal José Luis Márquez Martínez solicitara –el martes por la tarde– un punto de acuerdo para investigar “el clima de opacidad” que existe entre el gobierno de Rafael Moreno Valle y Oceanografía, la empresa que está en el ojo del huracán por un fraude de 585 millones de dólares contra Banamex,
salió directamente de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.
Y no fue fortuito que esa tarea le haya sido encomendada a José Luis Márquez, quien es legislador por el distrito de Zacatlán, pues se buscó a uno de los diputados priistas más cercanos al gobernador Moreno Valle Rosas para que con ello se mandara un mensaje claro y directo de que el CEN del PRI está entrando en una confrontación ya directa con el mandatario poblano en la disputa de los dos próximos procesos electorales, que incluye la renovación del Congreso de la Unión y los comicios de la llamada mini–gubernatura.
Quien habría operado directamente el punto de acuerdo en cuestión fue Julián Martínez Berthely, quien es el secretario Técnico de la Secretaría de Organización del PRI y uno de los hombres de más confianza de Ivonne Ortega, la segunda dirigente en rango del tricolor a nivel nacional.
Además, se dice que en ningún momento se les pidió confidencialidad o discreción a los diputados priistas para no develar cómo se dio el entramado para presentar ese punto de acuerdo, que monta al gobernador Moreno Valle en el escándalo nacional de Oceanografía, mismo que se va a acrecentar con la aparición de dicha empresa naviera en el proceso de privatización del agua potable en la capital del estado de Puebla.
Por esa razón de nada sirvieron las múltiples llamadas telefónicas que se hicieron desde Casa Puebla con algunos legisladores priistas que estaban en San Lázaro, en las cuales primero se pedía una explicación de por qué se quería impulsar el punto de acuerdo, y posteriormente para intentar que no se presentara ante el pleno dicho documento.
La respuesta que se dio a todas esas llamadas es que era un asunto ordenado por Ivonne Ortega y que había la advertencia del CEN priista de no se frenaría el punto de acuerdo, a menos que hubiera una contra–orden de Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de la Secretaría de Gobernación.
Y al mismo tiempo, las llamadas que se hicieron al gobierno federal tuvieron la respuesta de que era un tema exclusivo del PRI.
De esta manera este asunto sirvió para que quedara definido un doble esquema, o mejor dicho un doble juego, en el cual el gobierno de Enrique Peña Nieto mantendrá una posición de neutralidad y una relación institucional con la administración de Rafael Moreno Valle; lo que no pasará con el PRI, que se está encaminando a chocar y buscar frenar el proyecto del mandatario poblano de ganar las dos siguientes elecciones constitucionales y erigirse como candidato presidencial en el año 2018.
Se sabe que desde el CEN del PRI se ha dado órdenes a los legisladores locales y federales del tricolor de reportar a la dirigencia nacional todo indicio de corrupción o abusos del gobierno del estado, para de esa manera empezar a golpear la imagen de Moreno Valle y con ello cambiar la percepción que se tiene en amplios sectores de la opinión pública de que el jefe del Poder Ejecutivo es un buen gobernante y que está modernizando al estado.
¿Qué tan seria y profunda es la beligerancia priista? Si se hace una lectura detenida al punto de acuerdo que presentó José Luis Márquez –el cual finalmente ya no se leyó en el pleno y se turno a comisiones–, se puede percibir que existe un puntual, informado y duro cuestionamiento de los priistas a la relación entre Oceanografía y el gobierno de Moreno Valle.
Los cuestionamientos hechos en el documento llevan a suponer que hubo graves actos de corrupción, y por ese motivo, se pide que se explique qué hace una empresa del ramo naviero y petrolero remodelando la zona cívica de los Fuertes, o construyendo oficinas, plataformas y plantas de tratamiento biológico en donde se va a instalar la empresa Audi.
La parte más obscura, sin duda, es la relacionado con la construcción y explotación de la autopista Cuapiaxtla–Cuacnopalan, pues resulta muy sospechoso que en la primera licitación participaron 22 empresas, entre ellas los consorcios OHL, ICA e Ideal, para que al final se declarara desierto el concurso y no se convocara a un segundo proceso similar, sino que se terminara adjudicando de manera directa el contrato a una filial de Oceanografía.
Y que al final esa filial no cumpliera con los plazos de construcción, razón por la cual el gobierno morenovallista le retiró la concesión de la autopista, pero no como una reacción a las anomalías que estaban detectadas desde principios de año, sino para no verse involucrado en el escándalo de Oceanografía. Aún así se duda de esa decisión, ya que la administración estatal no emprendió un proceso legal contra la compañía.
Todo indica que el PRI está a punto de abrir la “caja de Pandora” y que Rafael Moreno Valle por primera vez, enfrentará una oposición real, que si podría descarrilar su proyecto político a largo plazo.
Fuente: La Jornada de oriente.
















