Por: Aurelio Ramos Méndez.
Más allá de la escandalosa revelación sobre la existencia de educadores fantasmas, “aviadores” y fallecidos, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) confirmó lo conocido y patente desde hace unas cuatro décadas: el sector educativo es una zona de desastre.
Por la magnitud del problema censado, los resultados de esta medición constituyen una descalificación rotunda, masiva e insoslayable para los gobernantes a nivel federal durante este tiempo, en su mayoría surgidos del PRI pero también del PAN.
Contundente descalificación, en particular y salvo una o dos excepciones, para los catorce secretarios de Educación Pública a partir del gobierno de José López Portillo. La mayoría de los cuales todavía arrastra por ahí su incompetencia, algunos aún enchufados a la ubre del erario público.
Por exasperante que resulte, el referido conteo le confiere la razón, al menos de manera parcial, a la disidencia del SNTE —la insufrible CNTE—, cuyos miembros han sido a la vez causa y efecto de la dilatada ruina, la cual le ha dado motivos de sobra para la denuncia del inadmisible abandono del Estado a la educación en las entidades más pobres: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán…
Son indignantes los datos todavía incompletos —¡de qué dimensión ha de ser el problema, si no se pudo siquiera levantar un censo definitivo!— sobre 39 mil maestros fantasmas, 30 mil comisionados, 113 mi adscritos a tareas distintas de las docentes y 114 mil jubilados o fallecidos. Pero igualmente indignantes son los relativos a las condiciones de trabajo, materiales y de contratación, de quienes efectivamente laboran.
Sorprende, frente al estado de cosas imperante, no el revoltoso activismo de la CNTE, sino que el magisterio en su totalidad, los padres de familia y los estudiantes, no se hayan sublevado todavía.
No es para menos. De 207 mil centros de trabajo 47 mil no fueron construidos ex profeso para escuelas, sino adaptados como tales; 2 mil 250 están armados con materiales precarios —cartón, tejamanil, carrizo, palma, lodo, láminas— 217 funcionan en camiones o vagones de tren, y 167 de plano son “escuelas” a la intemperie.
Se requeriría de mezquindad para no solidarizarse con un gremio de cuya plantilla total de un millón 173 mil 567 personas, 67 mil 516 no tienen empleo formal, pues han sido contratadas de manera temporal, y cerca de 300 mil andan en el chambismo para completar sus ingresos con dos (103 mil 894), tres (41 mil) y hasta cuatro (97 mil 478) o más plazas.
Los datos sobre maestros inexistentes o con licencia sindical ya les dieron suficiente parque a los francotiradores de la educación pública, mercaderes aplicados haciendo cuentas sobre el inocultable derroche y la cantaleta de la mala calidad de la enseñanza.
Con el argumento sólo parcialmente cierto de que el déficit sería menor sin el inconmensurable derroche, apuntan no a remediar el problema sino apropiarse del negocio.
En las muy justificadas críticas a la educación pública se debe atender también otros indicadores.
El censo presentado por Emilio Chuayffet y Eduardo Sojo reportó que dos de cada tres aulas no tienen silla ni escritorio para el maestro y 14 de cada cien carecen de mesabancos para los alumnos. En el colmo de la
desatención, en 114 mil escuelas hay aulas sin pizarrón.
No se agota en esas lacerantes carencias el desolador panorama. Del ya mencionado total de 207 mil escuelas 36 mil carecen de agua de la red pública, 81 mil de drenaje y 20 mil de sanitarios. Para no hablar del acceso a internet, que el Distrito Federal es de 94.8 por ciento, pero en Chiapas y Oaxaca de únicamente 6 y 6.7 por ciento.
Si bien la educación nacional arrastra un rezago secular, su último gran impulso —al menos en los niveles postsecundarios— lo recibió en tiempos de Luis Echeverría y su secretario de Educación, Víctor Bravo Ahuja, cuando fueron creadas la UAM y numerosas otras opciones propedéuticas y terminales.
Desde aquellos tiempos se conoce también, de sobra, el lamentable estado general del rubro educativo. Razón por la cual el primer titular de la SEP con José López Portillo, Porfirio Muñoz Ledo, anunció una prometedora “Revolución Educativa”, a la cual, sin embargo, le dedicó menos de un año. Pudo más la politiquería.
El acomodaticio Muñoz Ledo aceptó sin chistar la remoción de su cargo, el cual quedó en manos de Fernando Solana Morales, excepción de la regla en la abrumadora mediocridad instalada en el despacho que fue de Vasconcelos.
Tiene nombres y apellidos la desgracia educativa de nuestro país. Pero la lista no se agota en la encarcelada Elba Esther Gordillo. Ni en su sucesor, Juan Díaz de la Torre, quien ya dijo que el SNTE no defenderá a quienes cobran sin trabajar —¡nada más eso faltaba!—; pero ni mu ha dicho acerca de cómo semejante caos fue gestándose con la complicidad de los líderes del magisterio.
Con Miguel de la Madrid ocuparon la SEP, sin pena ni gloria, el santón del priismo Jesús Reyes Heroles y Miguel González Avelar. Y con Carlos Salinas de Gortari la rotación de titulares del ramo dio la medida de la importancia conferida al mismo; se desempeñaron en el cargo Manuel Bartlett, Ernesto Zedillo, Solana y José Ángel Pescador Osuna.
Vino luego el gobierno zedillista que puso en la SEP a Fausto Alzati y Miguel Limón Rojas, y después el foxismo, cuyo único mérito fue haberle dado permanencia seis años al titular de Educación, Reyes Tamez Guerra.
La historia desembocó luego en el calderonato con —se vale reír— Josefina Vázquez Mota, Alonso Lujambio y José Ángel Córdova Villalobos en el puesto que décadas atrás habían ocupado Narciso Bassols, Jaime Torres Bodet y Agustín Yáñez.
A quienes fueron secretarios de Educación Pública en los últimos 35 o 40 años habría que preguntarles dónde estaban, qué los distraía o cómo mataban el tiempo indolentes, despreocupados, mientras se imponía el desastre.
Aunque bien, no basta indagar sobre la
desidia de los causantes directos de la tragedia educativa; se requieren sanciones. Y prevenir la reedición de este negro período histórico de la educación pública.
Es indispensable por ello exigirles al presidente Enrique Peña Nieto y a Chuayffet investigar a fondo para sólo señalar responsabilidades políticas o faltas administrativas, sino determinar conductas punibles que no hayan prescrito. Frente al escandaloso diagnóstico no cabe el “aquí no ha pasado nada”.
Se requiere además de una dura sanción social. Y por supuesto electoral cuando la oportunidad se presente. Hay que negarles el voto y ser avaros en el reconocimiento a sus muy discutibles servicios. Es lo menos que merecen.
LAMPARILLA.- María Marván Laborde comprobó el dicho según el cual, en política, vale más un toma que dos te daré. Fue exhibida sin consideraciones y excluida del INE. Cinco compañeros suyos, en cambio, demostraron que para algunos es mejor tragar sapos que salir del presupuesto.
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Fuente: Crónica.
















