Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
Hace unas semanas, la conocida organización civil World Justice Project (WJP) dio a conocer su famoso Índice de Estado de Derecho. Dicho índice busca tres objetivos: 1) definir las características básicas de eso que denominamos “Estado de Derecho”, 2) proponer una forma de medir dichas características en todo el mundo y,
3) generar y sistematizar la información que permita comparar a los países entre sí y precisar dónde están las debilidades y fortalezas de cada uno de los países evaluados.
A México no le fue muy bien en esta evaluación: de 99 países, quedamos en el lugar 79. Sin embargo, lo más relevante del Índice es que permite precisar cuáles son los aspectos más débiles de nuestro Estado de Derecho y cuáles, en cambio, son nuestras fortalezas. Todo ello nos da pistas de por dónde debemos comenzar a implementar políticas para su fortalecimiento.
La información para elaborar el Índice proviene de una encuesta que se aplica a nivel mundial. Dicha encuesta pretende medir el nivel de eficacia del Estado de Derecho desde la experiencia del día a día de las personas comunes y corrientes. La encuesta mide nueve características de un Estado de Derecho: 1) si el poder está sometido al derecho, es decir, si funciona o no el sistema de frenos y contrapesos propio de la división de poderes y si el Estado tiene capacidad o no de sancionar a los detentadores de poder cuando violan la ley; 2) la ausencia/presencia de corrupción en el gobierno, es decir, si las autoridades utilizan o no recursos públicos para su beneficio personal; 3) gobierno transparente, es decir, si la información oficial existe y es accesible; 4) eficacia de los derechos humanos medida a través de ocho de ellos: igualdad ante la ley, seguridad e integridad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la privacidad, libertad de reunión y asociación y derechos laborales; 5) seguridad pública medida por delincuencia, conflictos armados y linchamientos; 6) capacidad de aplicar las regulaciones administrativas; 7) la accesibilidad y calidad de la justicia civil para dirimir conflictos entre particulares; 8) la accesibilidad y la calidad de la justicia penal para aplicar el castigo más severo que puede imponer el Estado y, 9) si funcionan o no los mecanismos alternos e informales para pacificar conflictos entre particulares.
De estos nueve factores, en donde mejor sale evaluado México es tanto en la eficacia del sistema de frenos y contrapesos propios de la división de poderes, como en el tema de transparencia y acceso a la información. En el primero, a nivel global, México ocupa el lugar 48 de 99 países, cerca de Colombia (47) y Rumania (43). La población encuestada en México percibe que el poder Legislativo controla y limita al Ejecutivo, pero existe una baja capacidad del Estado de sancionar a las autoridades que violan la ley. Con respecto la transparencia gubernamental, es el rubor que mejor salió evaluado nuestro país: México ocupa el lugar 32 de 99 países, en este aspecto estamos cerca de España (28) y mejor que Italia (39).
Los rubros por evaluados para México son tres: seguridad (96), justicia civil (88) y justicia penal (97). En estos aspectos estamos más cerca de Venezuela y Pakistán que de Argentina o Perú. Solamente comparando a los países de América Latina, México tiene el peor sistema de justicia civil y el penúltimo en materia penal. Es decir, el rezago y abandono del sistema de justicia en México es atípico en la región.
Tenemos un sistema de justicia que es costoso para quienes tienen dinero de pagar tres instancias y llegar al amparo e inaccesible para quienes tienen que lidiar con los débiles y corruptos poderes judiciales locales. Es decir, el sistema de justicia sirve, más o menos, a la élite y deja en enorme vulnerabilidad al resto de la población. ¿Cómo pretendemos tener un país en paz y con crecimiento económico con tantas asignaturas pendientes en materia de justicia?
Fuente: Reforma.
















