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Síntesis Tehuacán

El lastre de la tortura

Por: Redacción.

Organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, denunciaron ante el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan E. Méndez, el aumento del 500% en los casos de tortura durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el cual relacionaron con su estrategia de seguridad.

Pero además advirtieron sobre la continuidad y persistencia de esta práctica en el primer año de Enrique Peña Nieto. La Red Nacional “Todos los Derechos para Todas y Todos”, Amnistía Internacional, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, entre otros, expusieron al enviado de la ONU las principales preocupaciones en torno a la persistencia de la práctica de la tortura en México.

Durante la reunión integrantes de las organizaciones de la sociedad civil expresaron que del 2006 a la fecha existieron aproximadamente 11 mil personas arraigadas, de las cuales 3.2% cuentan con una condena, por lo que esta figura es violatoria de derechos humanos y da pie a la tortura, la cual se realiza principalmente en cuarteles militares; por lo que se debe de eliminar de la Constitución y promover la abolición de ésta práctica.

Denunciaron el uso de la tortura como método de investigación por parte de las fuerzas de seguridad, con la finalidad de que las personas acepten confesiones bajo tortura y se autoinculpen, según informaron en un comunicado de prensa. Asimismo, afirmaron que los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes son utilizados por la autoridad como métodos de disciplina para niños y niñas en instituciones de cuidado alternativo o educativas o como forma de criminalizar su modo de vida y de sobrevivencia en el espacio público.

Los organismos civiles dijeron que la militarización como estrategia de seguridad pública ha provocado el aumento de casos de tortura y el fuero militar no permite que los responsables sean llevados a la justicia civil.

Por ello pidieron una reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, fracción II, para asegurar que ningún caso que involucre la participación de un militar en la violación de los derechos humanos sea investigado o juzgado en el sistema castrense.

Informaron que el uso desproporcionado de la fuerza policial contra periodistas durante las manifestaciones y protesta social, se ha incrementado a raíz del 2 de diciembre de 2012, por lo que se deben de elaborar protocolos de actuación para elementos de la policía que eviten el uso excesivo de la fuerza y se facilite la labor informativa.

Ante este panorama exigieron que el Estado mexicano cumpla con la obligación de no admitir las pruebas o confesiones presentadas a los jueces bajo tortura, e investigue inmediatamente cuando se denuncia ésta práctica. Pidieron que se introduzcan mecanismos de control del uso de fuerzas para todas las fuerzas de seguridad pública, y se implemente un sistema de evaluación y sanción por hechos que violan a los derechos humanos.

Además denunciaron que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no está operando, por lo que pidieron que se consolide un Mecanismo autónomo con un marco legal conforme a los Tratados Internacionales. Exhortaron al Estado mexicano a generar información estadística que permita conocer y dar seguimiento a los casos de aplicación de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes a niñas, niños y adolescentes y que genere mecanismos para garantizar que estos no queden impunes.

Entre otros temas que las organizaciones expusieron se encuentran: la situación de las personas en situación de reclusión y los castigos corporales y encierros prolongados a los que son sujetos como medidas disciplinarias; los tratos crueles inhumanos y degradantes a los que son sometidas las mujeres en los servicios de salud para la atención de partos; los abusos y maltratos sufridos por personas que padecen enfermedades mentales, consideradas discapacidades psicosociales; la ausencia de datos confiables sobre niñas y niños institucionalizados por el Estado y que da lugar a muchas formas de abusos, así como lo que refiere a las y los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal.

En materia de migrantes, destacaron los tratos inhumanos que se les dan dentro de las estaciones migratorias y se señaló que la falta de investigación e impunidad en los casos de personas desaparecidas que también generan una forma de tortura psicológica para las familias de las víctimas quienes siguen clamando verdad y justicia.

La tortura se ha exacerbado

A pesar de que desde hace 23 años rige la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y desde hace 11 el Acuerdo A/057/2003 por medio del cual se certificar médica y psicológicamente la tortura y el maltrato con base en el protocolo de Estambul, la tortura en México no se ha erradicado; por el contrario, “se ha exacerbado”.

Además mecanismos como la supuesta aplicación del protocolo de Estambul y la intervención del sistema ombudsman no han contribuido a revertir uno de los principales incentivos para la tortura: la impunidad”.

Lo anterior se desprende del informe que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan entregó hoy al relator especial de Naciones Unidas en ese tema, Juan Méndez, quien evalúa los avances del gobierno mexicano en materia de tortura.

Elaborado con datos obtenidos a través de solicitudes de información, el reporte alerta sobre la falta de sanciones a servidores públicos que cometen actos de tortura, a pesar del reconocimiento de las mismas instituciones de la existencia del flagelo.

Este reporte, aclaró la organización fue entregado al Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) en octubre de 2012 en Ginebra, Suiza, durante la supervisión del comité sobre la aplicación en México de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos, ratificada por México.

Del análisis de datos entregados por cuatro dependencias de la PGR resaltan contradicciones en la información entregada.

Por ejemplo, mientras que la Visitaduría General de la PGR informó que de enero de 2002 a junio de 2012 se iniciaron 39 averiguaciones previas por el delito de tortura, y que “en tres se concluyeron en no ejercicio de acción penal, en ningún caso se castigó a los presuntos responsables.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales informó, a su vez, que había localizado 29 averiguaciones previas en las que se señalaba como presuntos responsables a 111 servidores públicos, pero que “ninguna ha sido consignada, sin precisar el lapso de tiempo al que corresponde esta información”.

Otra dependencia de la PGR, la Suprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo “habría encontrado una averiguación previa iniciada por el delito de tortura en el periodo 2006-2012 y tres en el presente año (2012), en tanto que la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII) reportó que del primero de enero al 31 de diciembre de 2011 se iniciaron 23 averiguaciones previas, y en una segunda respuesta de la Visitaduría General se señaló que del primero de agosto de 2011 al primero de agosto se habrían abierto 10 indagatorias.

Tras notificar que cuenta con 185 peritos en medicina forense adscritos a la Dirección General de Servicios Periciales, todos “capacitados para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico especializado para los casos de posible tortura/maltrato”, la PGR notificó que desde la entrada en vigor del acuerdo A/057/2003 a julio de 2012 los peritos atendieron 302 casos.

De esa cifra, según la PGR “se tienen registrados 128 casos con existencia de lesiones posiblemente derivadas de tortura y/o maltrato”, y el resto, 174 registraron resultados negativos.

Este último dato es para Tlachinollan ilustrativo de la falta de actuación de las autoridades en caso de tortura: “Pese a que en 128 casos se ha encontrado que hubo tortura no hubo ninguna sentencia condenatoria, Esto,sin aceptar , desde luego, que entre los casos restantes existan actos de tortura que no fueron considerados como tales por el cuerpo pericial”.

Durante el sexenio de Felipe Calderón “se suspendieron los mecanismo institucionales creados para revisar la implementación del instrumente más importante en investigación de la tortura”, pues el Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos posibles de Tortura y/o Maltrato sólo se reunió nueve veces desde que fue creado en 2003, dejando de operar en 2011 y 2012, de acuerdo a las respuestas a solicitudes de información procesadas por Tlachinollan.

El cuanto a la información recabada en la Sedena, dicha dependencia reconoció que de 2002 a 2012 la CNDH le había dirigido 52 recomendaciones relacionadas con tortura, mientras que en ese mismo periodo la Procuraduría General de Justicia Militar refirió la apertura de 142 averiguaciones previas por “violencia contra las personas causando tortura”, y otras 821 por “violencia contra la personas causando lesiones”.

De acuerdo con las respuestas de la Sedena, en ese mismo periodo los juzgados castrenses abrieron seis causas penales, pero hasta 2012, ningún miembro de las fuerzas armadas había sido condenado por ese delito; ello a pesar de que la dependencia reconoció en una de sus respuestas que contaba con tres peritos forenses capacitados para aplicar el Protocolo de Estambul y que de seis ocasiones en que lo utilizaron, sólo en tres casos había resultado positivo.

Los datos de la CNDH, revelan que, pese al incremento preocupante de denuncias y recomendaciones por tortura, el organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva ha sido incapaz de dar seguimiento a sus propios documentos y mucho menos garantizar que los responsables de por ese tipo de violación hayan sido sancionados.

De acuerdo con los datos entregados de noviembre de 1999 al 31 de julio de 2012, la CNDH contabilizó 184 quejas por tortura y 6 mil 604 por tratos crueles inhumanos y degradantes, mientras que en el mismo periodo emitió 43 recomendaciones por tortura y 125 por malos tratos.

Se destaca que en el mismo periodo las autoridades que más han sido señaladas son: Sedena, con 75 casos por tortura y 3 mil 580 por tratos crueles, y la PGR con 34 menciones por tortura y 2 mil 26 por tratos crueles.

Al observar que con 16 médicos y 13 psicólogos, la CNDH no tiene un método estandarizado con la PGR para aplicar el Protocolo de Estambul, la organización civil destaca que de la información recibida el organismo público “no da un seguimiento puntual a las recomendaciones por tortura ni cuenta con una estancia especializada en la rehabilitación de las víctimas “.

Del seguimiento de sus determinaciones, señala Tlachinollan, “el ombudsman refiere que se han emitido 43 recomendaciones por tortura, dirigidas a 87 autoridades, las cuales aceptaron en 74 casos, encontrándose 312 en seguimiento y 43 cumplidas”, en tanto que en seis recomendaciones 13 autoridades no aceptaron la recomendación.

Para la organización civil “sorprende que habiendo aceptación de las autoridades en 74 casos, esto no se traduzca en la sanción penal de los responsables”, ni siquiera cuando a partir de 2010 la CNDH implementó política de presentar denuncias penales al emitir una recomendación, de manera que entonces a 2012 se habían presentado 59 denuncias por tortura, no existiendo “tampoco en este rubro información sobre sentencias condenatorias en ninguno de estos casos”.

Tlachinollan considera preocupante como “en la práctica, una vez que la CNDH –o cualquiera de sus homólogos estatales—ha documentado tortura y emitido una recomendación, el ministerio público no otorga valor probatorio a todo lo actuado por el sistema ombudsman, iniciando desde cero el procedimiento de investigación y obstaculizando así el acceso a la justicia”.

La tortura es un lastre: Silva Meza

Durante la inauguración del curso de formación y aplicación de los estándares internacionales en materia de combate a la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, consideró que la tortura “es un lastre”, por ello resaltó las resoluciones emitidas por el Alto tribunal para blindar los derechos humanos consagrados en la Constitución mexicana y en los instrumentos internacionales.

El relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, Juan José Méndez, reveló que antes de visitar México recibió varias denuncias de personas que fueron arraigadas, las cuales denunciaron maltratos durante su detención.

“Me interesa el arraigo porque antes de venir a México hemos recibido información sobre personas arraigadas que alegan haber sido torturadas. Además, por mi experiencia es en esos momentos cuando se detiene a una persona sin orden judicial la tortura más posible y frecuente”, explicó.

Méndez dictó la conferencia magistral denominada El deber del Poder Judicial en el combate a la tortura, como parte del curso de formación de los estándares internacionales en materia de combate a la tortura y tratos crueles para jueces y magistrados.

Al término del evento, Méndez explicó que ha encontrado disposición, apertura y acceso total por parte del gobierno federal durante su visita para revisar los niveles de tortura y maltrato en México.

Y se comprometió a que al final de su visita en México, aproximadamente en una semana, ofrecerá un diagnóstico preliminar de la situación de tortura.

Fuente: Por Esto.

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