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Síntesis Tehuacán

La nueva relación entre el INE y los organismos públicos locales en materia electoral

Por: MARIANA CALDERÓN ARAMBURU.

@Mcalaram

Se espera que dicha legislación sea aprobada en el presente período ordinario de sesiones el cual concluye el día de hoy, 30 de abril.

La nueva relación entre el INE y los organismos públicos locales en materia electoral

La reforma político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la cual reformó los artículos 26,

28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 119 y 122 de la Constitución, representa una transformación sustancial del sistema electoral mexicano, pues modifica las atribuciones, naturaleza y alcances de la autoridad electoral federal y establece nuevas formas de interacción y coordinación entre ésta y el resto de las instancias involucradas.

Uno de los temas que modifica dicha reforma en relación al sistema actual, es el de la nueva relación que tendrá la autoridad electoral nacional, la cual está a cargo del recién creado Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo consejo general fue integrado apenas el 4 de abril, con los organismos públicos locales, los cuales estarán a cargo de la función electoral a nivel estatal.

El Constituyente Permanente, integrado por las dos terceras partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales, tal y como establece el artículo 135 constitucional, determinó en el decreto de reforma referido las atribuciones, integración, límites y alcances de dichos organismos públicos locales en los artículos 41 y 116 así como en el artículo Noveno transitorio. En la fracción V del artículo 41 constitucional, se señala que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales.

Por su parte, el inciso c) del artículo 116 constitucional señala quién integra estos organismos públicos locales, requisitos mínimos de los consejeros que los integren, duración de su cargo, facultad del INE para nombrarlos y removerlos por causas graves y prohibiciones que estos tienen durante su cargo.

El inciso d) del mismo artículo representa una de las modificaciones más trascendentes de la reforma pues señala que los organismos políticos locales pueden convenir con el Instituto Nacional Electoral para que este último se haga cargo de la organización de los procesos electorales a nivel estatal.

El artículo Noveno Transitorio señala que el Consejo General del INE designará a los nuevos consejeros de los organismos políticos locales en materia electoral de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del inciso c) del artículo 116 constitucional. Además, señala que los actuales consejeros permanecerán en su encargo hasta en tanto se realicen las designaciones a las que se refiere el presente transitorio. Por último, concluye diciendo que el Consejo General del INE llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de dichos consejeros electorales se verifique con antelación al siguiente proceso electoral, posterior a la entrada en vigor del decreto publicado el 10 de febrero.

Con tal marco constitucional regulando el actuar de los organismos políticos locales en materia electoral me pregunto cómo será la nueva relación que surja entre éstos y el INE.

Para lograr que dicha relación entre INE y órganos políticos locales se dé de la mejor manera posible, será importante que el Congreso de la Unión, el cual se encuentra actualmente elaborando la legislación secundaria de dicha reforma, aterrice de manera puntual las disposiciones constitucionales con la finalidad de que no quede lugar para ambigüedades o problemas interpretativos pues será importante dotar de certeza y seguridad a los actores que se vean involucrados en la próxima contienda electoral.

En ese sentido, resulta relevante que el legislador ponga particular atención en el tema de la facultad de atracción que tendrá la autoridad nacional respecto de los procesos electorales locales, tal y como lo permite la fracción d) del artículo 116 constitucional.

Para reglamentar dicha facultad de atracción, el legislador deberá señalar con claridad y sin ambigüedades las causales que podrían motivar la atracción de una elección local, lo cual no es un hecho menor, sino de la mayor trascendencia, pues cualquier entidad federativa podría alegar que en el marco del pacto federal su soberanía podría verse vulnerada. Para ello, el Congreso de la Unión deberá ser meticuloso en la redacción de las causales.

Asimismo, el legislador deberá tener cuidado en el texto de las leyes secundarias para que esta facultad no se traduzca en una figura que se utilice políticamente por los partidos políticos que se encontraran en desventaja durante los procesos electorales. Por ello, esta facultad de atracción deberá tener un carácter excepcional y de requisitos estrictos para que los contendientes electorales no lo utilicen como un último recurso para ganar determinado número de votos, pues se podría generar inestabilidad en dichos procesos y consecuentemente incertidumbre y desconfianza en la democracia nacional.

Otro tema de gran relevancia, el cual será determinante para establecer la relación entre el INE y los organismos políticos locales, será el de la elección y remoción de los consejeros electorales locales. Tal y como lo indica el inciso c) del artículo 116, el consejero presidente y los consejeros electorales de los organismos políticos locales serán designados por el Consejo General del INE, lo cual hasta antes de la reforma constitucional competía a las legislaturas locales y Asamblea Legislativa en el caso del Distrito Federal. Sobre dicha atribución, será muy importante que el legislador determine con claridad en la legislación secundaria el proceso y tiempo de selección así como los requisitos con los que deban contar los aspirantes a ocupar dichos cargos.

Como ya se señaló, de conformidad con el artículo noveno transitorio de la reforma constitucional, el proceso de selección de los nuevos consejeros electorales deberá verificarse con antelación al siguiente proceso electoral, sin embargo, el legislador deberá tener presente que los procesos electorales locales tendrán inicio en septiembre, lo que implicaría que el Congreso de la Unión tendría que apresurarse en la expedición de la legislación secundaria para que quienes vayan a integrar los órganos locales, tengan la capacidad de organizar con la mayor diligencia y anticipación dicho proceso electoral. Sin embargo, lo importante no debe ser la velocidad con la que se expiden las leyes reglamentarias sino la calidad y precisión del contenido que tengan dichos textos. Por ello, no debe importar que el período ordinario de sesiones culmine el 30 de abril, sino que lo que verdaderamente importa es que su contenido tenga los resultados que toda la sociedad espera.

Asimismo, el punto 3°, del inciso c) del artículo 116 le otorga al Consejo General del INE la facultad para remover a los consejeros electorales estatales por las causas graves que señale la ley. Esta facultad deberá ser precisada por el legislador de manera meticulosa en la respectiva ley reglamentaria. Deberá señalar, de entrada, la votación que se requerirá al interior del Consejo General para remover a dichos consejeros. ¿Bastará una mayoría absoluta o se requerirá de una mayoría calificada?

En segundo lugar, deberá ser exhaustivo el legislador en la redacción de las causales graves por las que pudiera ser removido un consejero electoral. De lo contrario se podría dar lugar a ambigüedades y consecuentemente a desconfianzas por parte de la opinión pública, por lo que deberá elaborar un catálogo claro y preciso en el que se agoten todas y cada una de dichas causales. De no ser así, dicha situación podría prestarse a un juego político en el que los consejeros que integren los organismos públicos locales se vean en una situación de vulnerabilidad por no tener una plena certeza sobre la inamovilidad de su gestión, lo cual podría perjudicar su óptimo desempeño al frente de dichos organismos.

Otro tema que determinará el futuro de la relación entre el INE y los órganos políticos locales será el de determinar la naturaleza jurídica que tendrán los segundos. Hasta antes de la reforma, los institutos electorales locales tenían en el plano jurídico y en su desenvolvimiento diario, una clara naturaleza de organismos públicos autónomos, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Por ejemplo, previo a la reforma constitucional, en el caso del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), dicha naturaleza se encontraba establecida por el primer párrafo del artículo 123 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Asimismo, el artículo 124 de dicho ordenamiento señalaba que el IEDF es independiente en sus decisiones y autónomo en su funcionamiento.

Derivado de la reforma constitucional, a pesar de que el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 constitucional, referente a los estados, y el 122, relativo al Distrito Federal, señalan que “las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gozan de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones”, las facultades que el INE tiene sobre los institutos locales no muestran con claridad una autonomía de los segundos, pues de la lectura armónica de los demás artículos de la reforma se aprecian diversas facultades concurrentes y delegadas que advierten una cierta dependencia de los organismos públicos locales en materia electoral frente al INE.

Por ello, a partir de la reforma me han surgido las siguientes interrogantes en relación a este tema:¿Seguirán manteniendo el carácter de organismos públicos autónomos las autoridades electorales locales o quedarán éstos supeditados al Instituto Nacional de Elecciones? ¿Podrían ser a la vez autónomos y estar supeditados a la autoridad nacional? Si la respuesta a la última pregunta fuera negativa ¿Qué naturaleza jurídica tendrán los organismos públicos locales en materia electoral?

Las respuestas a las interrogantes anteriores son difíciles de responder pues a pesar de que la Constitución señala expresamente que los organismos públicos locales son autónomos, la lectura de sus atribuciones y su propia relación con el INE podrían indicar otra cosa. En ese sentido, ¿deberíamos conformarnos con una “autonomía sui generis”?

Como puede apreciarse, el legislador ordinario deberá intentar precisar la naturaleza de los organismos políticos locales, pues de lo contrario, podría generarse una incertidumbre sobre los límites, alcances, rendición de cuentas y solicitud de presupuesto por parte de éstos organismos.

Aterrizar la nueva relación que existirá entre los organismos públicos locales en materia electoral y el INE en la legislación secundaria será una tarea laboriosa en la cual deberá prestarse mucha atención por parte de los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Sin embargo, considero que con voluntad política de los actores involucrados en la redacción, discusión y aprobación de las leyes reglamentarias, podremos transitar de forma efectiva hacia el nuevo modelo electoral del sistema mexicano, sobre el cual se tienen muchas expectativas.

Se espera que dicha legislación sea aprobada en el presente período ordinario de sesiones el cual concluye el día de hoy, 30 de abril. Esperemos que pongan mucha atención a los puntos que hemos destacado en esta columna y que no aprueben un texto carente de respuestas a las interrogantes que aquí hemos planteado por el único motivo de sacarlo a las prisas y carreras, lo cual representaría un duro golpe contra la certeza del nuevo marco electoral y sería un retroceso sensible en la consolidación democrática del país.

Fuente: Sdpnoticias.com

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