Por: Aurelio Ramos Méndez.
Los magistrados electorales renunciaron —plausible decisión— a su empeño de agenciarse el insultante “haber de retiro” del cual los proveyó el Legislativo. La pregunta ahora es si este poder del Estado empezará, por fin, a desmontar la aberrante estructura salarial que él mismo ha prefigurado,
la cual ha acabado por conformar una alta burocracia parasitaria, cebada en oro, en un país con la mitad de la población en la pobreza.
No se espera —¿a quién le dan pan que llore?— que los ministros de la Corte, los ex presidentes de la República, los miembros de la elite militar, los directores de empresas estatales o los secretarios de Estado declinen sus astronómicos emolumentos, ofensivos para los mexicanos del común. Lo que se espera es que el Congreso les levante la canasta.
En torno del “haber de retiro” de los magistrados del Tribunal Electoral se ha configurado un verdadero margallate. Un enredo a base de suposiciones, silencios elocuentes, medias verdades, mentiras completas, y sobre todo incapacidad para verbalizar las ideas y ordenar la discusión. Embrollo propio más de la película “El ministro y yo”, de Cantinflas, que de togados y jurisconsultos.
El escándalo resultaría hilarante, si no fuera vergonzoso y trágico, porque refleja asimismo una clase política y gobernante convenenciera y chanchullera.
Senadores de oposición —Miguel Barbosa, Luisa María Calderón, Jorge Luis Preciado—, negando, contra toda evidencia, cínicamente, aun contra sus correligionarios como Roberto Gil, y el presidente cameral Raúl Cervantes Andrade, que conocieron el tema, lo tuvieron sobre la mesa, bajo la nariz, durante semanas, y al final lo votaron. Y aun así se llaman a engaño.
Magistrados encabezados por Alejandro Luna Ramos renunciando a una dizque pensión vitalicia, que, en efecto, no es expresamente tal; pero de tan imprecisa podría ser de dos años, de toda la vida o aun postmortem.
Ministros presididos por Juan Silva Meza, de sueldos astronómicos y mutismo mineral, tratando de sortear agachados el vendaval para que nadie repare en el abusivo artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al cien por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo”.
Directores y empleados de medios de comunicación públicos —Enriqueta Cabrera, por ejemplo— a quienes información no desmentida le atribuyen sueldos descomunales, superiores al del Presidente de la República.
El problema de las percepciones económicas en la cúpula del servicio público tiene, como puede verse, tanto de largo como de fondo. No se agota en la pensión de los encargados de dirimir elecciones.
Lo que urge y se puede hacer en estas circunstancias, al menos como tímido inicio de un afán depurativo, es que las cámaras de Diputados y de Senadores
desempolven la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, congelada desde hace varios años, mediante la cual se intentó eliminar el régimen de obvenciones, recompensas, igualas, premios, compensaciones, bonos, pagos de marcha, haberes de retiro, y toda suerte de retribuciones discrecionales para la alta burocracia.
En dicha norma se asienta que las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezcan la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo.
Aun con ese ordenamiento, obviamente, el problema seguirá siendo no de legalidad sino de ética, sensibilidad política y conexión de los legisladores con la realidad. Porque el esquema potestativo, de pagos archimillonarios, mediante eufemismos y por debajo de la mesa, ha sido diseñado a lo largo de varios lustros precisamente por el Legislativo.
Aquella ley federal fue aprobada por la Cámara alta; pero se quedó en el congelador de la baja. La primera estaba integrada entonces por muchos de quienes ahora son diputados, empezando por el actual presidente éstos, José González Morfín, y el coordinador de la mayoría, Manlio Fabio Beltrones.
Estos legisladores, más otros que han chapulineado de una a otra cámara en varios lustros —algunos de los cuales se pasean por la vida con la arrogancia de Amurabi, el primer legislador de la historia—, son los responsables directos las leyes y decretos que legitiman desmesuras eso sí bien afianzadas en la ley, como las pensiones vitalicias de los regiamente pagados ministros de la Corte.
Aquellos legisladores no sólo no han movido ni un dedo para concluir en San Lázaro el trámite de la referida ley. Y frente al escandaloso caso de los magistrados electorales buscan no eliminar, sino generalizar el abuso. Intentan la maniobra salvadora de reducir a dos años el pago; que es decir a unos nueve millones de pesos por birrete.
En otras palabras, se trata no de levantarles la canasta a todos los abusivos, sino de incorporar a quienes —como los del Tribunal Electoral— en efecto están en situación de excepción dentro de un esquema indecente, que considera el servicio público como botín o como sacarse la lotería, y que establece pagos hasta por bajarse de la cama. Buscan hacer a todos coludos, no rabones.
LAMPARILLA. Las autodefensas de Michoacán están ya debidamente legalizadas. Y amnistiadas. ¿Cuántos delitos y de qué tipo habrán quedado en la impunidad?
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Fuente: Crónica.
















