Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
Esta semana, senadores del PRI, PAN y PRD dieron a conocer que están elaborando una iniciativa de ley para imponer exámenes de control de confianza a jueces y magistrados federales. Según Luis Miguel Barbosa, coordinador parlamentario del PRD, lo que se pretende es que las evaluaciones de control de confianza sean un requisito para que jueces y magistrados sean designados en el cargo.
No creo que esa sea la manera de controlar la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Por lo que pudimos observar en el caso de los casinos, la corrupción de los jueces federales es un fenómeno complejo que opera en redes y, lo más preocu- pante, que llega hasta el órgano encargado de la fiscalización y disciplina de los jueces, es decir, el Consejo de la Judicatura Federal. En este sentido creo que, antes de aprobar cualquier ley, hay que tener claro en qué consiste el problema y cuáles son sus causas. Las siguientes son algunas de mis hipótesis al respecto, las cuales, insisto, son eso, meras hipótesis.
Lo primero que hay que reconocer es que la corrupción judicial más frecuente y descarada sucede en el ámbito de los tribunales locales y que, por lo general, la jurisdicción federal es un territorio independiente y neutral para resolver los casos que se atoran en la jurisdicción local. Esta afirmación la he escuchado de prácticamente todos los litigantes que conozco. En este sentido, es posible suponer que la corrupción del sistema de justicia federal no es frecuente, no contamina todo el sistema, pero, muy posiblemente, sí contamina ámbitos estratégicos.
El caso de los casinos demostró dos cosas: que Rojas Cardona, el Zar de los Casinos, era un usuario frecuente del sistema de justicia federal y, además, que su negocio necesitaba, una y otra vez, de la “protección” de los jueces para quitarse de encima a la autoridad administrativa. En este sentido, si se quieren detectar posibles redes de corrupción en el Poder Judicial federal, habría que comenzar por analizar los litigios administrativos que desafían, una y otra vez, la capacidad regulatoria del Estado y en donde hay mucho dinero en juego. Temas como permisos y clausuras de casinos y grandes desarrollos inmobiliarios, expropiaciones, litigios en competencia económica y en telecomunicaciones, entre otros, son candidatos ideales a manipulaciones y corruptelas. No estoy diciendo que por tratarse de alguno de estos temas exista corrupción, sino que simplemente aumenta la probabilidad de que la haya por dos razones: por los montos de dinero involucrados y por el tipo de “armas” que tienen los jueces federales para frenar a la autoridad administrativa.
Quizá el “arma” más importante del juez federal en materia administrativa sea su facultad de suspender el acto administrativo reclamado hasta que se resuelva el fondo del asunto. Por ejemplo, al juez tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa, se le inició proceso administrativo porque a través de varias suspensiones facilitó la instalación de casas de apuestas en Monterrey y su zona metropolitana. En particular, fueron cruciales las suspensiones para casinos como Poker City, El Revolución y el Sport Zone. Con un buen abogado que sepa cómo alargar un juicio por años, la suspensión permite a una casa de apuestas permanecer funcionando violando la ley y paralizar la capacidad de la autoridad administrativa de aplicar las sanciones correspondientes. ¿Cuánto vale para un negocio como el de casinos o el inmobiliario una suspensión en materia administrativa? Muchas veces una fortuna.
Si queremos preservar a un Poder Judicial federal independiente y profesional como el que tenemos es muy importante terminar con las redes de corrupción y evitar que estas crezcan. El principal encargado de ello es el Consejo de la Judicatura Federal. Es momento de evaluar su desempeño. Ahí está el corazón del problema. La ley de control de confianza para jueces es sólo tangencial.
Fuente: Reforma.
















