Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
“Llorar a los inocentes -señala Eliane Brum- es fácil. Lo que nos define como individuos y como sociedad es nuestra capacidad de exigir dignidad y legalidad en el tratamiento de los culpables. El compromiso con el proceso civilizatorio es arduo y exige lo mejor de nosotros: respetar la vida de todos.
Todo lo que no sea eso es demagogia” (El País, 12 de mayo 2014).
Cuando leí este párrafo por primera vez me pareció que sintetizaba de manera magistral la batalla en la que he estado metida por muchos años: el derecho a un juicio justo de todos los acusados (no sólo los que creamos que son inocentes). “Dignidad y legalidad en el tratamiento de los culpables” es un principio civilizatorio clave, es un presupuesto axiológico de la democracia y es una regla incuestionable en el paradigma internacional de los derechos humanos. Sin embargo, no es un valor compartido y aceptado por toda la sociedad mexicana. La batalla por el derecho a un juicio justo no se ha ganado. En abstracto, posiblemente todos digamos que sí. En concreto, cuando aparecen de carne y hueso las complejas historias humanas propias del mundo penal (Cassez, Acteal, Atenco), la sociedad, la opinión pública, la clase política, los jueces, los abogados se enfrentan, se dividen, se pelean, quedando, en el mejor de los casos, empatados. Unos a favor de la dignidad y legalidad en el tratamiento del acusado y otros por minimizar el valor de las reglas y la legalidad del proceso con tal de que se encarcele a quien estiman culpable.
No somos todavía una comunidad política que abrace con convicción los principios y valores que sustentan una democracia: igualdad, libertad, tolerancia, justicia. No imaginamos cómo ello pueda ser cierto para todos y no sólo para nuestros amigos. Esa batalla, la de los valores democráticos, es la batalla de fondo de una sociedad de derechos a la que se refiere el presidente Enrique Peña Nieto y, en el caso de México, está aún por ganarse.
Esta reflexión surge a propósito del tercer aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el cual fue el 10 de junio pasado. Ello motivó que, esta semana, se llevaran a cabo varios eventos, conferencias y seminarios en torno a esta reforma. Los recintos gubernamentales y académicos se llenaron de discursos sobre la relevancia de los derechos humanos, el cambio de paradigma que la reforma representa y el compromiso de todas las autoridades para hacerla realidad. Sin embargo, no escuché nada sobre la batalla a la que me refiero. Creo que los interesados en esta reforma no se han hecho cargo de la distancia que existe entre una sociedad que hace suyos los valores democráticos con una sociedad como la nuestra: autoritaria, excluyente y muy poco acostumbrada al trato jurídico igualitario. Es esta brecha entre la aspiración y la realidad la que la reforma constitucional de derechos humanos debería poder zanjar.
Ahí está, escrito en blanco y negro, un texto constitucional que nos asemeja, a nivel normativo, a cualquier país con una amplia trayectoria en materia de derechos humanos. Los ciudadanos mexicanos pueden encontrar fundamento constitucional para exigir judicialmente el respeto a cualquier derecho humano que tengan los españoles, los finlandeses, los colombianos o los norteamericanos. Los ingredientes normativos están puestos para transformar el statu quo. Sin embargo, los cómos aún no están del todo claros.
Si, de verdad, aspiramos a ser una sociedad de derechos, más igualitaria y más justa, lo más elemental es garantizar que los más vulnerables y los que padecen los mayores abusos puedan acceder a un tribunal a defender sus derechos humanos. Ello no ha sucedido. La reforma de derechos humanos no ha ido aparejada de políticas públicas de acceso a la justicia. Esto es, lo más elemental: que la defensa de los derechos humanos no dependa de la capacidad económica del afectado. Mientras que sólo quien tenga dinero pueda defenderse de la violación a sus derechos humanos, la reforma, en vez de zanjar nuestras desigualdades, las hará cada vez más profundas. Qué paradoja.
¿Será que de verdad queremos mover el statu quo?
Fuente: Reforma.
















