Por: Dr. Martín Virgilio Bravo Peralta.
Es importante destacar que la certidumbre en las competencias en materia electoral y la implementación de las reglas de las elecciones han permitido el fortalecimiento paulatino y continuo del régimen electoral mexicano desde hace más de dos décadas.
La reforma constitucional en materia político-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, transformó radicalmente el sistema imperante,
pues modifica la naturaleza, las atribuciones y alcances de la autoridad electoral.
Las leyes que derivan esta reforma tienen el gran reto de armonizar y coordinar las diferentes legislaciones locales de acuerdo a las características propias de este cambio.
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene las facultades necesarias para participar en los procesos electorales locales, bajo un nuevo esquema de responsabilidades que tendrán que compartir entre diversas y diferentes autoridades, así como el establecimiento de mecanismos para coordinar a la autoridad nacional y los nuevos organismos públicos locales.
Las nuevas disposiciones jurídicas conllevan un cambio profundo en la organización de los procesos electorales, porque, entre otras cosas, se modifica la fecha para la celebración de las elecciones, por ejemplo, cuando las elecciones federales y locales se celebren el mismo año deberán realizarse de forma coincidente; por otro lado, se dan nuevas tareas para la autoridad en el ámbito federal, como son la consulta popular y los candidatos independientes, así como se ha mencionado, se extienden sus responsabilidades hasta el ámbito de las elecciones estatales, como son la ubicación de casillas, regulación de encuestas, resultados preliminares y los sondeos de opinión pública.
Las nuevas atribuciones del INE versan también sobre las materias de: nombramiento e integración de los órganos electorales locales; regulación de los procedimientos que habrán de regir al servicio electoral nacional; definición de la geografía electoral; establecimiento de las reglas y lineamientos en materia de resultados preliminares, encuestas, sondeos de opinión, conteos rápidos e impresión y producción de materiales electorales. En ese mismo orden de ideas, el INE, ya tiene una nueva forma de relación con la autoridad jurisdiccional.
Como parte del nuevo sistema electoral, lo que antes se resolvía entre las autoridades locales y federal mediante convenios, ahora será una obligación constitucional la articulación y coordinación entre los diversos órganos locales y el INE.
Con lo anterior, el INE llevará a cabo también, a nivel nacional, la coordinación de las actividades de preparación y ejecución de la jornada electoral, primordialmente, lo que esté vinculado el funcionamiento de las casillas, designación y capacitación de sus funcionarios.
Las leyes electorales ahora definen las relaciones de organismos públicos locales electorales y el INE, principalmente con respecto a los nuevos consejeros locales, en materia de subordinación y en aspectos de su desempeño.
El INE tiene la facultad de atracción y delegación con motivo de la organización de los procesos electorales locales, por lo que será importante en las nuevas leyes electorales las facultades, atribuciones y regulación de los procedimientos y costos que estos puedan tener.
Representante del PRI ante la comisión de Radio y TV del INE
virgilio.bravo65@gmail.com
Fuente: Crónica.
















