Por: FRANCISCO ESPINOZA.
@franciscoeh
No olvidemos que sin Estado de Derecho no hay democracia.
En una colaboración anterior (“¡Es el Estado de Derecho, estúpidos!”) señalé la importancia superlativa que, a fin de alcanzar estadios de desarrollo superiores para México, tiene la consecución de un auténtico estado de derecho. Recordemos que las características generales del Estado de Derecho son las siguientes[1]:
a) Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general;
b) Separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial;
c) Legalidad del gobierno: su regulación por la ley y el control judicial;
d) Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico-formal y realización material.
Una breve revisión del estado actual de cada uno de estos elementos constituye un ejercicio útil para cómo vamos en cuanto a tener un estado de derecho real en México.
El imperio de la ley presupone, en primer término, que NADIE, absolutamente nadie, está por encima de la ley, ni el presidente de la República, ni los gobernadores, ni los legisladores, ni los presidentes municipales; implica también un respeto absoluto por las normas legales vigentes y su cumplimiento irrestricto y sin ambages por parte de los ciudadanos, pero sobre todo por los funcionarios que son los primeros que deberían de velar por su acatamiento. Desafortunadamente, en este rubro nuestro país está muy atrasado, ya que hay muchas leyes que no se cumplen; la corrupción está arraigada en las administraciones públicas sin que haya castigo para los funcionarios corruptos; y la procuración e impartición de justicia es selectiva – solo para los ricos o personas con las conexiones políticas adecuadas- dejando a los pobres y a las minorías en un estado de indefensión frente a los abusos del poder.
La era de gobiernos divididos que se inauguró a partir de 1997 y la reforma al Poder Judicial que promovió el presidente Zedillo, llevó a que se experimentara, por primera vez en el siglo XX, una auténtica separación de poderes a nivel federal. Lamentablemente, no ha ocurrido lo mismo en las entidades federativas, por lo que el proceso de democratización en nuestro país, ha avanzado a distintas velocidades: de manera pujante a nivel de los poderes federales, con un Legislativo que es un verdadero contrapeso al presidente de la república, con una rama judicial que hace valer su papel de guardián del orden constitucional y con órganos autónomos que, si bien han tenido algunos retrocesos recientemente, sí constituyen un respetable control horizontal del poder. Por otro lado, tenemos a los gobernadores con facultades prácticamente omnímodas, que controlan a los poderes judiciales y legislativos locales, así como a los órganos autónomos, por lo que prácticamente no existen contrapesos institucionales reales que eviten posibles arbitrariedades de los ejecutivos estatales.
En cuanto a la legalidad del gobierno y el control judicial, se ha avanzado mucho en los últimos años para que los actos gubernamentales se ciñan estrictamente a lo que los ordenamientos legales mandatan, aunque aún falta mucho por hacer. En este sentido, la expedición de leyes federales y locales de procedimiento y justicia administrativas; la elevación a rango constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado; la mayor autonomía y facultades que se le han otorgado al Poder Judicial Federal; la multiplicación de órganos constitucionales autónomos etc., constituyen una clara tendencia a acotar la discrecionalidad y arbitrariedad de los actos de las administraciones públicas.
En relación con los derechos civiles y políticos, el retroceso es palpable. A pesar de que se han ampliado los derechos políticos, como el derecho a votar y ser votado por ejemplo, los derechos humanos y civiles se ven amenazados cotidianamente, especialmente a raíz de la “guerra contra el narcotráfico” que emprendió el ex presidente Felipe Calderón. No en balde el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de la ONU, Cristof Heyns, definió la situación de impunidad en nuestro país como “sistémica y endémica”, manifestando que las violaciones a los derechos humanos y civiles ocurren en niveles preocupantes, especialmente a manos de las fuerzas del orden, por lo que recomendó reducir el papel de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y aprobar una ley general que regule el uso de la fuerza en todo el territorio nacional.
Como se puede apreciar, aún hay mucho trabajo por hacer para que en México se tenga un pleno estado de derecho. En mi opinión, más allá de las reformas económicas que se discuten actualmente en el Congreso de la Unión, lo que verdaderamente hará crecer a la economía, generar empleo y potenciar el desarrollo de nuestro país son tres reformas cuya aprobación e implementación ya están en proceso, pero que requieren una mayor atención de las fuerzas políticas y su colocación en el centro del debate y la agenda pública:
La reforma al sistema de justicia penal iniciado en 2006 para pasar de un sistema inquisitorio a uno adversarial oral.
La construcción de fuerzas policiacas confiables, profesionalizadas, bien pagadas, imbuidas de un respeto a la ley y a los derechos humanos.
La creación de un sistema nacional para prevenir y castigar la corrupción, que incluya la obligatoriedad del servicio profesional de carrera para los gobiernos estatales y municipales.
El éxito de estas reformas atraerá una mucho mayor inversión privada, nacional y extranjera, que la reforma energética y la de telecomunicaciones; incentivará la creación de empresas y empleos; permitirá que la inversión pública sea más productiva; disminuirá fiascos como los de la Línea 12 y la Estela de Luz; aumentará los costos y castigos para los funcionarios corruptos; aumentará la confianza ciudadana en las leyes y las autoridades y disminuirán las violaciones a los derechos civiles y humanos. No cejemos en el empeño para hacer realidad estos cambios que tendrían un profundo impacto positivo en la vida de todos los mexicanos y no olvidemos que sin Estado de Derecho no hay democracia.
Fuente: Sdpnoticias.com
















