Por: Redacción.
Esta semana, un audio difundido en las redes sociales que mostraba una conversación de la Diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Purificación Carpinteyro, en la que le proponía al empresario José Gutiérrez Becerril, director de Pymes de Telefónica Movistar, iniciar un negocio de Internet,
televisión por cable y telefonía en el que se aliarían con Telmex para competir con Televisa, exhibió ante la crítica a un personaje público.
Las grabaciones de llamadas telefónicas han sido, al menos en las última dos décadas, un recurso que ha dejado al descubierto actos de corrupción e infidelidades, entre otros, a pesar de que en la Constitución y en leyes reglamentarias se establece que las comunicaciones son privadas y prevén castigo por violar este precepto.
La Constitución establece en el Artículo 16 que las comunicaciones privadas son inviolables, por lo que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. De manera textual, el artículo establece que “las comunicaciones privadas son inviolables: la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”.
Para que el contenido de las llamadas telefónicas intervenidas pueda ser utilizado como prueba en algún proceso penal, el Consejo de Seguridad Nacional (integrado por los funcionarios del gabinete de seguridad) debe solicitar por escrito a alguno de los siete jueces especializados en medidas cautelares que otorgue el permiso para las escuchas en un periodo que no puede rebasar los 180 días naturales, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional.
No obstante, en México cualquiera puede grabar una llamada telefónica.
En Internet se ofertan equipos para este fin que van desde receptores de micrófonos y grabadoras digitales con un costo de 590 pesos, hasta equipos más sofisticados que rebasan los 33 mil pesos.
En el pasado, el mismo gobierno mexicano ha sido señalado por espiar a sus ciudadanos a través de productos como el llamado Fin Fisher, equipo compuesto de software y hardware que permite mantener vigilancia de forma focalizada en el interior de una red informática, desde el monitoreo de llamadas de video y audio, registro de correo electrónico, hasta la posibilidad de controlar la cámara y el micrófono de los equipos.
Éste producto cobró notoriedad en los medios de comunicación después de que Wikileaks publicara una ficha técnica de su funcionamiento. El 7 de julio de 2013, el diario Reforma reveló que la Procuraduría General de la República (PGR) y otras secretarías del gobierno federal utilizaban el sistema.
Basados en los contratos, Reforma documentó la venta de varios equipos de espionaje al gobierno mexicano, con un valor superior a los 15 millones de dólares. Tras la publicación, un grupo de activistas mexicanos de derechos humanos y periodistas agrupados en las organizaciones civiles Propuesta Cívica, Al Consumidor y Contingente Mx solicitaron al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) investigar sobre la utilización del Fin Fisher en el país.
Al mismo tiempo, indicaban que el equipo había sido usado para espiar a periodistas y activistas, además de violar la Ley de Protección de Datos en Posesión de Particulares. De acuerdo con información del diario La Jornada, de enero a mayo de 2014, la intervención de comunicaciones telefónicas por parte de autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Policía Federal (PF) y de otros organismos de inteligencia del gobierno mexicano llegaron a 525 (hasta el pasado 26 de mayo), señalan informes estadísticos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Fuente: SINEMBARGO.MX
















