Por: José Sosa.
Continuando con las reflexiones en torno al problema de la corrupción que afecta nuestras sociedades, dedico esta colaboración a analizar la forma de corrupción más conocida, pero probablemente no la más nociva, ¿o sí? Me apoyo en las ideas de Manuel Villoria, en su libro titulado justamente La Corrupción Política.
Según la ética, actos corruptos serían aquellos que son contrarios a los postulados de la teoría ética correspondiente. Serían aquellos abusos de poder para beneficio privado que atentan contra los principios, valores de la teoría ética que se postule. Desde la ética podrían distinguirse al menos dos grandes corrientes del pensamiento. De acuerdo con diferentes autores, las éticas de referencia podrían dividirse en fundacionales y antifundacionales. Son fundacionales aquellos argumentos éticos que surgen de la deducción de la adecuada conducta en la vida diaria. Las versiones no fundacionalistas son esencialmente comunitarias.
Heindenheimer distinguió tres tipos de corrupción en función de la gravedad del supuesto: pequeña corrupción, corrupción rutinaria y corrupción grave. Recientemente, Transparencia Internacional distinguió la corrupción por el sujeto que la promueve o ejecuta. En toda corrupción existe una persona que ocupa una posición en una organización pública, no gubernamental o privada, posición de la que se derivan unos derechos o privilegios. Esos derechos o privilegios se conceden para que quien ocupe el puesto los desarrolle en beneficio de quien se los otorga.
Los deberes que se derivan del puesto, en especial, el deber de usar los privilegios para beneficio del otorgante del poder, se incumplen. Y se incumplen porque existe un beneficio directo, actual o futuro para el ocupante del puesto, que no está previsto entre los beneficios legítimos que se deben tener por ocupar tal posición es un beneficio extra posicional.
Pero, ¿por qué hablar de corrupción? Hay diversas razones. Las razones políticas señalan que en el ejercicio del poder es muy importante el capital simbólico, la reputación y la imagen. Hemos entrado en una fase de democracia mediática en la que la personalidad televisiva de los candidatos es crucial.
Todo ello hace que la exposición de la ética propia y la denuncia de la corrupción ajena sean esenciales en la lucha política actual. La separación entre el poder y la política provoca la presencia cada vez mayor del negocio privado en la propia política. Las múltiples privatizaciones, subcontrataciones, concesiones de todo tipo permiten que desde el sector privado se influya en la toma de decisiones públicas.
Los políticos y los funcionarios corruptos tienen como estrategia la de destacar la ineficiencia de las instituciones públicas de forma que ellos se muestren como la vía adecuada para sortear tanta ineficiencia y burocratismo. La percepción de la existencia de corrupción generalizada arrastra a la pérdida de confianza en el gobierno en sus instituciones e incluso a la pérdida de confianza en el sistema en general.
A partir de ese momento de percepción se producen 2 efectos peligrosos. Por una parte, la mayoría de la gente asume que la forma de conseguir acceder a derechos es entrando a las redes de corrupción y se convierte en parte de la normalidad. Por el otro, el voto tiende a sostenerse sobre bases de interés personal y directo en que un determinado patrón siga en el poder, no sobre principios de compromiso cívico y cercanía a unas ideas.
En mis siguientes colaboraciones seguiré abordando esta problemática.
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Fuente: Crónica.
















