Por: Eduardo Guerrero Gutiérrez.
Norteamérica hace frente a una crisis humanitaria. Se espera que este año alrededor de 90 mil menores, sin papeles y sin la compañía de un adulto, lleguen a Estados Unidos (de 2004 a 2011 llegaron, en promedio, menos de la décima parte). Estos menores proceden principalmente de Guatemala,
El Salvador y Honduras -el llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica. El repunte de la violencia en el Triángulo Norte parece ser el principal factor que explica el éxodo de los niños migrantes. Por ejemplo, de 2000 a 2012 la tasa de homicidios en Honduras escaló de 51 a 90 homicidios por cada 100 mil habitantes (como referencia, en México se registran alrededor de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes). Un estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados confirma esta hipótesis: fueron entrevistados más de 400 menores que llegaron ilegalmente a Estados Unidos, y se encontró que el 58 por ciento calificaban como víctimas de “desplazamientos forzados”; niños que en muchos casos vieron morir a uno o varios familiares, que salieron de sus comunidades bajo amenazas, y que no encontraron un lugar seguro en su país de origen. Sólo así se explica su determinación para emprender una travesía aterradora.
El crimen organizado en el Triángulo Norte guarda varias similitudes con el fenómeno que vivimos en México. También tiene sus peculiaridades. Una de las más desafortunadas es la presencia, considerablemente mayor que en nuestro país, de pandillas o “maras”. Es frecuente que en los barrios y las escuelas las maras obliguen a niños y adolescentes, bajo amenaza de muerte, a enlistarse como informantes y dealers. Esta disyuntiva -ingresar a una mara o sufrir las consecuencias- es una de las circunstancias más comunes que impulsan a los niños centroamericanos a emigrar de sus comunidades.
La crisis humanitaria no tendrá una solución sencilla mientras la violencia exacerbada continúe en el Triángulo Norte. Ninguna alternativa es atractiva. Si México y Estados Unidos incrementan las deportaciones inevitablemente repatriarán a cientos o miles de niños que corren un riesgo real en sus países de origen y que tendrían, conforme al derecho internacional, derecho a recibir asilo. Algunas de estas deportaciones serán poco menos que sentencias de muerte. Por otra parte, si se reducen las deportaciones (como ocurrió de forma fortuita en Estados Unidos este año, por la incapacidad para procesar el enorme volumen de casos) es previsible que siga aumentando el número de menores que se aventuran a viajar solos a Estados Unidos, con el enorme riesgo que esto implica. Al parecer, el gobierno de Obama ya decidió, en lo sucesivo, deportar de forma casi inmediata a todos los menores indocumentados que lleguen solos a territorio estadounidense. Sin embargo, la crisis no terminará de forma súbita y los mexicanos no podemos voltear la mirada.
Hace unos días se anunció que se impedirá que los migrantes utilicen el tren de carga conocido como “La Bestia”, hasta ahora su principal medio de transporte en territorio nacional. Es indudable que La Bestia es un transporte riesgoso. Sin embargo, es probable que en ausencia del tren los migrantes opten por viajar en grupos de menor tamaño y por cubrir tramos más largos a pie. De esta forma serán menos visibles, pero no necesariamente menos vulnerables.
Las demás acciones que el gobierno planea seguir todavía son inciertas. De acuerdo a la moda de crear instancias ad hoc para atender las crisis, el pasado martes el senador Humberto Mayans fue nombrado titular de la Coordinación de Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (en una curiosa errata, varios medios se refirieron a dicha Coordinación como órgano “desconcertado” de la Segob).
En el actual contexto hay dos estrategias complementarias que parecen viables. Primero reforzar la vigilancia en la frontera sur, con el propósito de evitar que un número tan elevado de migrantes se internen en nuestro país. Segundo, incrementar la protección a quienes transiten por territorio nacional. En concreto, sería idóneo canalizar recursos adicionales, este mismo año, a los Grupos Beta (de protección y rescate) y al sistema DIF (que actualmente ni siquiera puede recibir a todos los menores detenidos que viajan sin compañía, como establece la ley). Las circunstancias exigen una respuesta inmediata. No olvidemos que la grandeza de un país no sólo se mide por sus logros deportivos, sino también por la forma como trata a las personas más vulnerables.
@laloguerrero
Fuente: Reforma.
















