Por: Aurelio Ramos Méndez.
Media docena de reformas constitucionales y legales, entre las que destacan una ley bala a nivel federal y la reglamentaria del artículo 33 de la Carta Magna en materia de expulsión de extranjeros —sean estos niños o adultos—, así como una Ley de Seguridad Interior y otra de Defensa Nacional, están ya a las puertas del Poder Legislativo por efecto del muerto pero aún insepulto Pacto por México.
Al finalizar la semana próxima el tránsito por el Congreso del primer paquete de reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, de las cuales es reina la energética, los senadores y diputados tendrán apenas un breve respiro antes de acometer otro bloque de cambios a la legislación nacional, en el cual está incluida la ambiciosa transformación del campo.
Si el trámite del primer conjunto de leyes del peñismo requirió la aplicación a fondo de la totalidad de recursos políticos del gobierno y su partido, empezando por la experiencia de sus operadores parlamentarios Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, el desahogo del siguiente legajo no será cosa de coser y cantar, si se repara en su irremediable vinculación con los intereses electorales de 2015 y más allá.
El pacto firmado por Jesús Zambrano, Gustavo Madero, Cristina Díaz y Arturo Escobar, sólo unas horas después de iniciado el gobierno peñista, establece que “como sucede en otros países”, será expedida una ley sobre el uso legítimo de la fuerza pública, con parámetros claros, por parte del Estado. De más está decir que en esencia se trata de la ley bala, la misma que —¡alarde de congruencia!— combaten en Puebla… las huestes del Tragabalas Chucho Zambrano.
En la tierra del camote, como se sabe, Rafael Moreno Valle llegó al poder en una coalición de la cual formó parte —congruencia sin límites— el mismo PRD, cuyos dirigentes intentan ahora —un niño muerto y una ley malograda después— echarlo a trapazos.
Moreno Valle se anticipó a la expedición de la ley federal sobre uso de la fuerza pública con una buena norma, apegada a convenciones y parámetros internacionales y avalada entre otros por el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva, la cual, sin embargo no pasó su primera prueba. La razón es simple: En éste, como en otros muchos rubros, hacen falta reglas y protocolos; pero a final de cuentas el problema no es de leyes sino de cumplir las que ya existen. Y dé lugar limpio a la política.
Con la muerte del niño Luis Alberto Tehuatle las aspiraciones políticas del mandatario poblano experimentaron un duro revés, cualquiera que sea el resultado de los peritajes. Ya cobró carta de naturalización el injusto estigma de represor endilgado por sus adversarios, su base de sustentación electoral está hecha añicos, y su propio equipo, hundido en el desconcierto, dio señales de que no está hecho para tiempos de crisis.
Menos de dos meses duró en Puebla la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza antes de que su propio promotor la abrogase en los hechos, mediante una iniciativa que ya está en manos del Congreso local. Tal es el telón de fondo del escenario en que arrancará en el Legislativo federal la discusión sobre el compromiso 28 del Pacto por México.
Idénticas dificultades presentará el inminente debate parlamentario del compromiso 24 del Pacto, relativo a la creación de “una nueva ley que reglamente el procedimiento para que un extranjero pueda ser expulsado del país”. No sólo a los extranjeros perniciosos, como otrora precisaba el famoso 33 constitucional, sino aun a los trabajadores indocumentados y las decenas de millares de niños que ingresan al país en forma ilegal, a despecho del compromiso 30, que propugna la facultad de migrar como un derecho humano.
Huelga decir que la Ley de Seguridad Interior, tendiente entre otras cosas a reglamentar el artículo 29 de la Constitución, en lo tocante a la facultad presidencial de suspender temporalmente garantías constitucionales en caso de “perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, causará debates tormentosos.
Y que otro tanto sucederá con la Ley de Defensa Nacional, cuya iniciativa también está a punto de cocción en el Ejecutivo, con la cual se busca reglamentar incisos del 89 de la Constitución. Por ejemplo el VII, que otorga al Presidente de la República la facultad de “disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
La discusión de diputados y senadores sobre estos trascendentales asuntos que involucran a las fuerzas al mando del general Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, se producirá, además, en momentos en que al Ejecutivo se le enreda entre los dedos la pita de la Gendarmería Nacional, que surgirá a trompicones no como un cuerpo del Ejército —lo ordinario a nivel internacional— sino de la altamente cuestionada Policía Federal.
Así las cosas, si darle curso al primer paquete de cambios fue punto menos que una proeza, no es menos desafiante el trance en que se hallan Peña Nieto, su partido y sus coordinadores y operadores legislativos, Gamboa, Beltrones y algunos más, de cara al calendario del Congreso y los 95 compromisos del Pacto.
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Fuente: Crónica.
















