Por: GILDARDO CILIA LÓPEZ.
@GciliaCilia
* Reformar estructuralmente.
Reformar es un verbo de moda en nuestra vida política. Cotidianamente se habla de la necesidad de poner en marcha las reformas estructurales que el país necesita: la laboral, la educativa, la fiscal, la financiera, la de telecomunicaciones y la energética.
Esta última la más citada de todas, por sus implicaciones sociales, políticas y constitucionales.
La tesis central es que es necesario remover y transformar estructuras que cumplieron con un papel importante, pero que ahora se han convertido en una limitante (en un lastre) para alcanzar el desarrollo que el país necesita. El diagnóstico – estrictamente económico- establece que en las condiciones actuales, sólo se cuenta con el potencial para crecer a una tasa de 3% de manera sostenida, mismo que resulta insuficiente para alcanzar los equilibrios requeridos; por lo que las reformas deben reforzar los procesos de ahorro y de inversión, la productividad y el cambio tecnológico.
Las reformas son necesarias y se concluye que los alcances deben ser profundos, porque se trata de crear las condiciones y articular los factores sociales, políticos y económicos para transformar cualitativamente nuestro horizonte de desarrollo.
Hay que reformar, pero reformar estructuralmente. En palabras de la ministra Olga Sánchez Cordero, esto significa: “reformar estructuras, no empresas; instituciones y no sistemas recaudatorios; esquemas de gobierno y no sistemas laborales”. Y añade, reformar profundamente significa: “tocar las estructuras fundamentales del gobierno, y eso en México, significa reformar la Constitución, y la reforma de la Constitución implica, por supuesto, la generación de consensos a nivel nacional”.
Respecto a esa profundidad es importante preguntar: ¿Existen consensos en torno a las reformas? Y más aún, ¿realmente importa alcanzar esos consensos? Es indudable que cualquiera que sea el sentido o la orientación de las reformas, se están dando pasos trascendentes para generar cambios estructurales, sobre todo en materia energética. Sin embargo, no se percibe a simple vista la existencia de consensos; esa es la tarea incumplida, la que queda pendiente.
La falta de consenso
Sobre la falta de consensos se pueden esgrimir varios argumentos. Lo primero a considerares que por sí mismas las reformas no han sido un elemento de cohesión, tal vez porque distan de tener objetivos claros en dos aspectos que generan una gran sensibilidad social: la justicia social y la soberanía nacional. Las reformas pretenden alinear diversos factores para alcanzar un mayor crecimiento económico y su aspecto más radical, se encuentra en el sector energético, en el que se modificó el texto constitucional para hacer factible la participación de la inversión privada, nacional y extranjera.
Los promotores de las reformas han aclarado que no se pone en riesgo la soberanía nacional ni la rectoría del Estado, que son los cambios que el país necesita. Su discurso ha sido defensivo, más técnico que político. Se trata (dicen) de generar nuevas potencialidades a partir de la apertura del mercado, con el concurso del capital privado, nacional y trasnacional. Situación que hace limitativo el discurso político, porque al fundamentar el cambio en el mercado, no se genera un discurso congruente de proyecto de nación; ponen en la tesitura de afirmar que no se trata de una contrarreforma histórica; que no se están trasgrediendo los principios fundamentales del Estado mexicano, que no se está favoreciendo al capital: ¡que así lo había concebido Cárdenas!
Otro aspecto a destacar, es que en la consecución de las reformas, se hace mención de objetivos y metas decrecimiento económico, generación de empleos, transformación productiva y tecnológica y democratización de la vida económica; pero en el uso de estos conceptos, la información ha sido insuficiente e incompleta. Veamos algunos ejemplos:
Se dijo que era necesario elevar la competitividad y productividad de PEMEX, pero no se dijo que se iba a asumir una deuda de 1.7 billones de pesos por los pasivos laborales de PEMEX y CFE, la “reconocida” empresa de clase mundial. Junto a este saneamiento financiero, existe el compromiso de modificar las condiciones de trabajo existentes en PEMEX; por lo que la perspicacia lleva a pensar que también se trata de realinear el mercado laboral a los intereses de las futuras empresas privadas inversoras.
En términos fiscales se habla de una mayor autonomía de las empresas públicas, particularmente de PEMEX, pero no existe un pronóstico relacionados con los resultados y la posición financiera de las empresas. Se presume un escenario de continuas utilidades, pero la magnitud es importante, porque de ello depende la consolidación financiera del país. Suponer pérdidas o nuevos ajustes estructurales en el contexto de las reformas sería impensable (dramático) porque esto significaría una mayor deuda pública y ampliar las presiones económicas hacia la sociedad.
Se presuponen nuevas inversiones, sin precisar los montos, pero muy pronto se ha olvidado que para tener un mayor equilibrio en el mercado de trabajo se requiere de una tasa de crecimiento mayor al 5%; lo que implica inversiones cercanas a 30 mil millones de dólares anuales, cifra superior al rango estimado de 10 a 20 mil millones de dólares, anunciadas por diferentes voceros del Ejecutivo y de las cámaras legislativas.
No se recalca que los resultados en materia de crecimiento y empleo no van a ser inmediatos, que se van a obtener en 3, 5 o 10 años; este último, periodo en el que se dice los cambios van a generar los mejores frutos.
La democratización de la vida económica de acuerdo con la visión del ejecutivo significa alcanzar una mayor productividad y una mejoría en precios. La realidad en el corto plazo es que se padece periódicamente con el incremento en los precios de las gasolinas; que muy pronto nos veremos afectados por el incremento de las tarifas de la energía eléctrica y que la disminución del precio en el gas natural se va a dar en la medida de que se alcance la autosuficiencia productiva. Es decir, no se dice que la mejoría en precios, en el mejor de los casos es “un escenario probable en el mediano y largo plazo”.
Se afirma que se mantendrá incólume la rectoría del Estado, pero no se subraya que se carece de una estructura institucional robusta en materia de fiscalización, supervisión y control; y que ello es relevante porque sólo con una regulación estricta es posible garantizar el cumplimiento de los contratos; el correcto destino de las inversiones; la dotación suficientes de bienes y servicios a la sociedad y la revisión de los resultados dentro de un esquema de riesgo compartido.
Otro aspecto que explica la ausencia de consenso, tiene que ver con la incredulidad – con la falta de confianza – de la sociedad hacia el Gobierno, los partidos y la clase política. Los políticos dirían que esto no es cierto, que su posición está respaldada por los resultados electorales y que por tanto, tienen la confianza de sus electores; sin embargo, no se entiende que se vive en una democracia electiva, que la sociedad vota a partir de los resultados obtenidos en relación con sus necesidades básica: seguridad, empleo, dotación de servicios e infraestructura, entre otras; y que su expectativa al votar es precisamente modificar ese entorno. Y aquí sí que existen déficits y promesas incumplidas.
Sobre el sentir de la sociedad, cito algunos pasajes de una interesante nota periodística de Luis Rojas, quien percibe el sentir de la gente en Iztapalapa:
Una empleada de una cadena minorista que apenas percibe un ingreso mensual de $5,200.00 señala que no le alcanza para cubrir sus gastos cotidianos en transporte, alimentación y vivienda y añade: “Siento que todo sube y no me alcanza, ¿ en dónde está ese famoso milagro económico, o como lo llamen, que vendrá pronto?”.
El dueño de una tienda de abarrotes se ha visto afectado por la puesta en marcha de una política fiscal, que ha reducido el poder adquisitivo de su clientela habitual, particularmente en lo relativo a las bebidas azucaradas. Y comenta: “mi bodega se está tardando más en vaciarse, no sé si hay más conciencia o menos dinero, pero no estoy vendiendo igual que antes”. Calcula que sus ventas de comida chatarra y de refrescos han caído en un 15% y afirma: “Esta reforma ahora no me está ayudando, no sé qué podrán hacer los demás”.
Una desempleada describe su penosa situación: “Un viernes de golpe, me dijeron que ya no me necesitaban. Yo veía que sus ventas (laboraba en una empresa farmacéutica) no cumplían con las expectativas. Está muy difícil encontrar un nuevo trabajo o terminas haciendo lo que nadie quiere hacer, con menos salario y sin los mismos beneficios”.
Al final todos coinciden en expresar su desesperación y en concebir una esperanza: “Rasco y rasco en mi bolsa para encontrar monedas pero todas se van como agua, si de verdad las reformas van a mejorar la economía, espero que ocurra rápido”.
El desánimo se ve reflejado en un pobre desempeño del índice de confianza del consumidor, particularmente en lo relativo a la opinión que se tiene sobre la situación económica actual y esperada en los hogares y en lo relativo a la situación económica presente y futura del país. La gente sólo va a concebir un mejor futuro, cuando perciba un cambio cualitativo en su economía y en su entorno.
Comentario final
Consenso significa convencer y para ello se requiere explicar en forma ejemplar qué se propone alcanzar y hacia dónde vamos. El compromiso de quien gobierna es ante la sociedad y es necesario, sin retóricas, convencer que los cambios estructurales nos ponen en el camino deseado; que existen riesgos en materia de soberanía pero que se están generando las condiciones necesarias para alcanzar los equilibrios deseados, particularmente en materia de empleo. Sin ese convencimiento se corre el riesgo de que las reformas se hagan muy pronto impopulares, que se llegue incluso al rechazo social: ¡que todo se transforme en incredulidad y decepción!
Fuente: Sdpnoticias.com
















