Por: Gerardo Galarza.
Si damos por válida esa especie de fetichismo que los mexicanos tienen por las leyes, entonces hay que decir que México es ya un nuevo país… al menos en los textos legales, luego de la aprobación de la legislación secundaria (21 leyes) de la Reforma Energética constitucional. Antes de ella, en el trascurso de los 20 meses más recientes,
se aprobaron reformas constitucionales y leyes secundarias en materias educativa-laboral, fiscal-hacendaria, política-electoral y telecomunicaciones.
Con ellas, el perfil constitucional de México ha cambiado. Por ello se puede afirmar que hoy el país es otro. Pero hasta hoy es sólo un cambio en las formas y todavía no llega el cambio en el fondo. Se requiere ahora que las modificaciones legales que se han concretado sean implementadas en los hechos para que den los frutos prometidos.
Sin embargo, los frutos reales —prometidos a la población en aras de conseguir el apoyo a las reformas estructurales— no están a la vuelta de la esquina. Y los más importantes, los que de verdad importan para cambiar al país en beneficio de sus habitantes (¡ojalá y ellos sean los beneficiarios!) tardarán en llegar. En algunos casos serán años.
La Reforma Educativa, ya con casi un año de vigencia, es un ejemplo de ello, como se comentó aquí la semana pasada. Hay nuevas leyes, pero la situación de la educación pública es la misma que antes de que hubiera reforma, por lo menos para lo que importa de ella: que los niños y jóvenes mexicanos tengan instrucción de calidad. Y poca cosa será la de telecomunicaciones si se queda en la reducción de tarifas a la telefonía celular, como se promete para el próximo enero. La Reforma Fiscal es la que se ha mostrado mejor y hasta ahora, por lógica, es la que más están reconociendo los mexicanos por las nuevas cargas impositivas, y esos efectos no han sido muy populares, al grado de que ya hay quienes piden que se reforme la reforma.
El hecho es que las reformas estructurales de nada servirán si no se aplican tal como son.
Curiosa y eventualmente, el logro del gobierno del presidente Enrique Peña de haber conseguido la aprobación de esas reformas llamadas estructurales (todas planteadas en sexenios anteriores) podría revertirse contra su partido al celebrarse las elecciones federales locales (13 gubernaturas, entre otros cargos) del próximo año. Las expectativas de las promesas de las reformas son muy altas y sus logros en junio de 2015 serán todavía muy pocos. Seguramente, una parte del electorado se sentirá defraudado y querrá cobrar su propia factura.
En los hechos, pese a las prohibiciones legales de la nueva reforma político-electoral, las campañas de 2015 ya comenzaron. Los tres principales partidos políticos ya están en campaña y por ello sus dirigentes o miembros prominentes o identificados con ellos ya comenzaron la temporada de caza de votos. En ésta se inscriben las recientes y publicitadas actividades del líder nacional del PAN, Gustavo Madero; del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y del líder nacional del PRI, César Camacho. Los tres saben muy bien que en junio del próximo año necesitarán el voto de los electores.
Lamentablemente, la oposición (el PAN y el PRD, representado en este trance por Mancera, que no es militante oficial de ese partido) está recurriendo al expediente fácil del populismo, a través de llamar al aumento general de los salarios mínimos. Este es un grave problema. No hay duda. Las estadísticas se pueden manipular, pero la realidad no. “¿Quién puede estar en contra de aumentar los salarios mínimos?”, seguramente les han dicho sus asesores.
Bueno, una parte de los mexicanos, aquellos que vivieron bajo los gobiernos de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, saben que los aumentos de salarios mínimos por decreto, sin respeto mínimo a las leyes económicas (sí, del capitalismo, el escribidor lo sabe, pero también que ese es el sistema que impera) provocan inflación, que afecta más precisamente a quienes ganan el salario mínimo y a quienes tienen contratos y deudas ligadas a esa referencia salarial, que son precisamente los mismos. El problema, dicen los economistas que sí saben, no todos, es de productividad. Pero ese es otro tema.
Para completar el cuadro, el dirigente nacional priista ha declarado que a su partido le interesa obtener una mayoría abrumadora en el Congreso, para que—dice— haya un mejor gobierno. Sus palabras suenan a nostalgia por ese autoritarismo que ejerció su partido de 1929 a 2000, en el caso del Poder Ejecutivo, y de 1929 a 1988, en el caso del Congreso, sin olvidar que en el trienio 1991-1994 recuperó esa mayoría aplastante. Sí, la principal regla de la democracia es que la mayoría gana. Si no se respeta, no hay democracia. Pero también es necesario el contrapeso de la oposición. El país, nos guste o no, es plural, y todos sus ciudadanos tienen derecho a estar representados en el Congreso de la Unión. Ojalá que la tentación de la mayoría no nos regrese al tiempo de los carros completos con sus prácticas antidemocráticas.
Sí, el país es otro. Lo es en el papel, habrá que seguir construyéndolo en la realidad.
Fuente: Excélsior.
















