Por: Diego Valadés.
El problema salarial se ha convertido en tema de opinión pública. Las implicaciones de los salarios exigen análisis serenos, entre otras cosas porque involucran la situación de millones de personas en pobreza.
Mientras que de un lado se aduce que elevar el salario mínimo resultaría inflacionario,
de otro se apunta que fortalecería la demanda. El enfoque varía según los instrumentos de observación utilizados y las prioridades que se ponderen. En el orden político se deben contemplar también diversos efectos relacionados con los factores de la producción.
Pero hay dos elementos que están más allá de las relaciones de poder y de los cálculos económicos: el salario como parte de la cuestión social y del régimen constitucional.
La dimensión del problema es ostensible. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía resultan elocuentes. Conforme a las cifras de enero de 2014, 6.4 millones de personas perciben un salario mínimo o menos, y otros 11.9 millones tienen un ingreso de entre uno y dos salarios mínimos.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a precios de 2010 el salario real en 1994 fue de 78.84 pesos y el de 2014 es de 57.71. Eso indica que estamos peor que hace 20 años. En dólares, el salario mínimo equivale a 61 centavos por hora. En América Latina sólo son más bajos los de Honduras (48 centavos), Nicaragua (52), República Dominicana (41) y Venezuela (34). El contraste con nuestros “socios comerciales” es grande. En Canadá el mínimo es de 9.95 por hora; en Estados Unidos es de 7.25 y se analiza aumentarlo a 10.10.
Es imposible explicar ese fenómeno a la luz de la Constitución. El artículo 123 establece: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.” Con variaciones menores, así dice el precepto desde 1917.
Ese es un tipo de normas consideradas como programáticas para denotar que aun estando en vigor no son aplicables en un sentido literal e inmediato y que su objetivo es dar rumbo a las acciones del Estado, pero dentro de tres años, en el centenario de la Constitución, ¿cómo se explicará que un siglo no haya sido suficiente para que una norma programática rindiera sus frutos? ¿Se podrá pedir más paciencia para ver si en otra centuria hay salarios dignos de ese nombre?
La Constitución no puede seguir siendo ignorada. El derecho tiene entre sus objetivos hacer realizables las expectativas sociales de justicia y de equidad. Si se admitiera que no es posible diseñar instituciones funcionales se estaría invalidando el orden jurídico e invitando al escepticismo o a la acción directa revolucionaria, que son la antítesis del Estado constitucional.
Hoy enfrentamos una realidad escueta: el monto del salario mínimo es inconstitucional. Por eso no conviene volver a diferir los remedios para este problema mediante nuevos paliativos. Si el salario mínimo se duplicara, de todas maneras no se cumpliría la norma constitucional.
Los aumentos al salario mínimo inciden en factores que nada tienen que ver con el ingreso de los trabajadores. El monto de ese salario se convirtió en unidad de medida para operaciones financieras, para sistemas de pensiones y hasta para cuantificar sanciones, entre muchas otras cosas. Un salario mínimo bajo evita el colapso de instituciones como el ISSSTE porque es la base para determinar el importe de las pensiones. Esta atadura convierte a los mexicanos más pobres en rehenes de intereses ajenos. Hay que cortar el nudo.
También se requiere que las grandes empresas transparenten su régimen salarial, porque muchas practican políticas contractuales perjudiciales para los trabajadores.
En materia de salarios mínimos estamos ante la esperanza frustrada de generaciones enteras que nacieron, vivieron y murieron creyendo que la justicia y la equidad eran posibles. Pero eso queda atrás. Ahora es imperativo ir al fondo del problema y adoptar soluciones con metas verificables. Sería excesivo que después de un siglo de ficciones optáramos por continuar omitiendo la Constitución.
Si se quiere abordar en serio la cuestión social hay que revisar nuestras instituciones políticas y económicas. En buena hora que se haya planteado un debate social constructivo que ofrezca nuevas soluciones.
Los mexicanos estamos listos para acudir a esa convocatoria. No podemos seguir llamando salario a una retribución simbólica.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















