Por: MANUEL ALEJANDRO VÁZQUEZ FLORES.
@alejvazl
La “reforma financiera” también les dio más “poder” a los “despachos de terrorismo extrajudicial”.
Poco se ha hablado por parte de los medios de comunicación tradicionales del “sistema” y que toda la sociedad bien los tenemos plenamente identificados al igual que a sus periodistas que forman parte del mismo,
de los verdaderos objetivos de la reforma financiera aprobada desde el año pasado.
A raíz de lo anterior lo único que hemos observado que a quien sirvió perfectamente bien dicha reforma por demás deficiente para la sociedad, pero con un gran provecho para los “poderosos” para los cuales por desgracia la gran mayoría de nuestros legisladores les sirven como sus “gestores” y en este caso me refiero a los banqueros y más que nada como siempre y en prevalencia del malinchismo que como siempre insisto, nos caracteriza a los mexicanos les beneficia en primer lugar a los extranjeros, es decir, a las llamadas instituciones financieras del exterior.
Derivado de la “reforma financiera” dentro de todos los cambios que en su mayoría fueron mera “paja” sobresalió la realidad de la misma que no es más que el fortalecimiento del “terrorismo financiero”, o mejor dicho la estrategia maquiavélicamente diseñada para “criminalizar” de manera “legaloide” al deudor de la Banca.
Tan sólo basta el darle lectura al Código de Comercio y al Código Penal Federal en los siguientes artículos que se transcribirán a continuación para que usted mi querido lector deudor de la Banca observe a lo que podemos estar expuestos por mandato y permiso expreso de la ley:
“Artículo 1168.- En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes:
I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de este Código…”
A esto es lo que llamamos en el argot jurídico como “arraigo”, es decir, que como lo manifiestan los artículos siguientes, además de permitirse que “previo juicio o previa demanda” se puede conceder, bastando con que el acreedor, en este caso la institución bancaria lo solicite, y el otorgamiento de una garantía a criterio del Juez, el deudor no podrá ausentarse del lugar del juicio, dando lugar aquí a un acto tremendamente autoritario y hasta inconstitucional sabiéndolo hacer valer, desde luego, ya que se quebrantan de manera arbitraria los derechos humanos de los deudores de la Banca, y que bien pudiera dar lugar a un juicio de amparo, para combatir la cuestión en comento, por el acto de molestia, así como por los requisitos que en estricto sentido exige nuestra Constitución por medio del artículo 16 en este aspecto, así como también pudiera relacionarse con la “libertad de tránsito” dentro del territorio nacional que a nadie se nos puede negar, máxime por emanar de un acto de naturaleza de carácter eminentemente civil. Lo anterior también tiene sustento en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 12 sobre la libertad irrestringida de tránsito dentro del territorio nacional, por lo que en un momento dado, el otorgamiento tanto de la medida suspensional como del amparo al resolverse el fondo ya quedaría a “criterio del Juez” que tenga conocimiento del mismo.
Continuamos plasmando los artículos que usted mi querido lector debe tomar también en cuenta:
“Artículo 1171.- Si la petición de radicación de persona se presenta antes de promover la demanda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, el promovente deberá garantizar el pago de los daños y perjuicios que se generen si no se presenta la demanda. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante”.
“Artículo 1172.- Si la radicación de persona se pide al tiempo de presentar la demanda, bastará la petición del actor y el otorgamiento de la garantía a que se refiere el artículo anterior para que se decrete y se haga al demandado la correspondiente notificación”.
“Artículo 1173.- En todos los casos, la radicación de persona se reducirá a prevenir al demandado que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado, para responder a las resultas del juicio.”
“Artículo 1174.- El que quebrantare la providencia de radicación de persona será castigado con la pena que señala el Código Penal respectivo al delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad pública, sin perjuicio de ser compelido por los medios de apremio que correspondan a volver al lugar del juicio”.
Como usted se dará cuenta mi querido lector, como lo mencioné desde un principio, la “criminalización” de quienes somos deudores de la Banca, y en el cual este último artículo es bastante claro, se nos puede procesar penalmente de manera legal, ya que el “arraigo” al provenir de un mandato judicial, en caso de desacatarlo la consecuencia será causa suficiente para que estratégicamente se nos constriña a liquidarle todo lo que debamos a una institución bancaria a costa de lo que sea, pero sin dejar de observar la posibilidad que un juicio de amparo bien tramitado puede frenar este tipo de actos que además de absurdos son totalmente abusivos e infames.
Y para muestra basta un botón, aquí me pongo de ejemplo, ya que la “reforma financiera” también les dio más “poder” a los “despachos de terrorismo extrajudicial” y que sirva como mal consejo para usted mi querido lector, HAGA CASO OMISO DE SUS REQUERIMIENTOS ya que verdaderamente no hacen absolutamente nada más que tratar de “asustar” para ir corriendo a pagarles a ellos, NO A LA INSTITUCIÓN. Y aquí les dejo el ejemplo personal, que dicho sea de paso tiene exactamente un año que llegó a mi domicilio y sigo esperando a que procedan legalmente contra mí, así que mucho ojo y por favor ni se deje sorprender, y para el caso de que se ordene un “arraigo” en su contra ya sabe qué hacer.
Por fortuna ya se castigan las actitudes nefastas y abusivas de estos “despachos de cobranza”, ya que se ha publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la modificación y adición al Código Penal, donde por medio del Artículo 209BIS se establece la penalidad, que va desde seis meses a dos años de prisión y multa de 150 a 300 días de salario mínimo. Así es que mi querido lector usted también a denunciar que ya también tiene derecho.
Fuente: Sdpnoticias.com
















