Por: Aurelio Ramos Méndez.
Ya están los senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios con el pie en el acelerador para iniciar este lunes un nuevo periodo ordinario de sesiones. Fase no tan llamativa como las anteriores de la actual Legislatura; pero tanto o más trascendente, si se repara en uno de los —escasos— puntos en común de las agendas partidistas: la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).
Un órgano atorado desde hace casi dos años por descarado bloqueo de la más grande y variopinta bancada en el Congreso nacional, la de los corruptos.
La creación del nuevo ente para combatir la corrupción fue propuesta de campaña del presidente Enrique Peña Nieto. Tan importante le parecía al ahora Jefe de Estado, que la puso en el primer lugar de sus compromisos firmados ante notario y presentó la iniciativa de ley correspondiente dos semanas antes de su toma de posesión. No era verdad tanta disposición.
Hay indicios para suponer que aquella propuesta fue ideada para ganar votos mediante la engañifa de atender un problema que, a decir del sector privado —pareja de baile de funcionarios cleptómanos en el tango de la corrupción—, le cuesta al país 10 por ciento del PIB.
La CNA quedará reducida a una unidad dentro de la PGR —ésta en lenta metamorfosis a Fiscalía General de la República—, con el pomposo nombre de fiscalía especializada, para la cual ya busca titular el verde Pablo Escudero.
La creación de la entidad referida fue aprobada por la Cámara alta en diciembre de 2013; pero sigue trabada en San Lázaro. Y la fracción del PRI por aquellos lares, de acuerdo con lo dicho por Manlio Fabio Beltrones, enfocará su empeño hacia el propósito de sepultarla en feto, nonata.
Vale aclarar que la fracción más grande del Congreso, la que durante dos años se ha atravesado como burro muerto en el camino de la Comisión Anticorrupción, no está compuesta sólo por priistas, como de seguro suponen los antipriistas por sistema. Se trata de una bancada ideológicamente plural, multipartidista, representativa de todos los grupos sociales y del Pacto Federal; compuesta por legisladores involucrados directa o indirectamente, en casos de corrupción.
Tal como la pergeñó en campaña EPN, la Comisión era un órgano de gran calado. Abarcaría el estudio y análisis de todos los aspectos del fenómeno en cuestión; identificaría casos concretos; propiciaría la participación ciudadana en su combate, y se coordinaría con otras instancias, como parte de una amplia estructura del Estado encargada de investigar, perseguir y sancionar el agudo problema de la corrupción, cáncer que avanza pierna arriba en el país.
Beltrones primero y el procurador Jesús Murillo Karam después adelantaron el destino inminente de la Comisión, muy parecido al de la Gendarmería y otros magnos proyectos gubernamentales, reducidos a su mínima expresión en el azaroso camino de la negociación política.
La Comisión está siendo bloqueada no sólo desde fuera, sino dentro del Legislativo. Se entiende. La representatividad social del Congreso incluye, lógicamente, una muestra de la corrupción de la clase política en general. Y un organismo como el prometido por Peña Nieto significa una amenaza directa para políticos, funcionarios, dirigentes empresariales, diputados y senadores que a lo largo de su trayectoria pública han demostrado que tienen las uñas largas y la cola más.
Con nombres y apellidos se entiende mejor la cosa. ¿Cree alguien con juicio sano que un genuino y eficaz plan de choque contra la corrupción puede tener el respaldo en serio del ex titular de la Contraloría, el senador Salvador Vega Casillas, tapadera de la aguda corrupción del calderonato y él mismo relacionado a nivel familiar con el halconeo al servicio de gasolineros?
¿La senadora Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, podría votar el hipotético plan de choque, sin hacerse el harakiri? ¿Avalaría Carlos Romero Deschamps una Comisión que revise con lupa los negocios del sindicato petrolero?
¿Y los legisladores que combinan su función con el contratismo, la construcción de obras públicas y la prestación al gobierno, a precios de oro, de toda suerte de servicios, desde agencias de viajes hasta consultorías y tareas de inteligencia, o sea grueso espionaje?
Para no hablar de Luis Alberto Villarreal, convertido —¡ver para creer!— en icono de un panismo que por estos días, a juzgar por el momento y las circunstancias, lo aplaudió a rabiar menos por su desempeño legislativo que por su perfil delictivo y de extorsionador mediante moches, protector de casinos y bailarín de rompe y rasga. Aunque, viéndolo bien, cada quien es libre de tener el arquetipo que quiera…
El destino de la polémica Comisión Anticorrupción es sólo uno de los muchos temas difíciles del período de sesiones que se avecina, para el cual las bancadas ya confeccionaron sus agendas. Las reales, las de mero compromiso y las engañosas y distractoras. En todas está incluido, de algún modo, el tema de la CNA, destinado sin embargo a no prosperar.
El dirigente Gustavo Madero aprovechó la coyuntura para intentar una patraña. Dijo que es prioridad de su partido el combate a la corrupción, fenómeno frente al cual —apuntó con grandilocuencia— se requiere algo así como otro Pacto por México. Sonó bien, pero fue mentiroso.
¿Alguien puede creerle a Madero, si no ha movido ni un dedo para sancionar, al menos a nivel partidista, siquiera con un leve tirón de orejas, a los panistas —se cuentan ya por docenas— que han protagonizado los más sonados escándalos de corrupción de los últimos años?
Sin contar que en la agenda blanquiazul, entre un largo prontuario de graves asuntos, se oculta lo verdaderamente prioritario para este partido: tratar de darle reversazo al aborto y la reforma fiscal. Lo demás, CNA incluida, es secundario.
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Fuente: Crónica.
















