Por: Perseo Quiroz Rendón.
México es el segundo país con el porcentaje más alto de personas que tienen miedo a ser torturadas en caso de ser detenidos. El dato fue revelado por una encuesta que Amnistía Internacional realizó en 21 países como parte de nuestra campaña “Stop a la Tortura” y cuyo reporte especial para México será dado a conocer hoy.
Superado solo por Brasil, resulta que el 64% de los mexicanos creen que serían son torturados si estuvieran en manos de una autoridad, y que el 27% opina que se requieren reglas claras en contra de su uso.
Los números anteriores revelan el sentir de una sociedad que debe enfrentarse al hecho de que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, son una práctica común en México que continuamente se justifica so pretexto del “interés de la justicia”. Con ello se pasa por alto el hecho de que las confesiones realizadas mediante tortura no hacen otra cosa que fabricar probables responsables, creando la “ficción” de justicia cuando lo que en realidad se está cometiendo es una injusticia.
Los casos documentados en el informe no son casos aislados de personas que estuvieron en el lugar y en el momento equivocado sino que, por el contrario, ejemplifican una práctica generalizada. La tortura se usa a menudo para obtener “confesiones” y testimonios que sirven de prueba para enjuiciar a personas que podrían estar o no implicadas en un delito. Es el caso de la historia de Ángel Amilcar Colón, un migrante hondureño que emprendió un viaje a los Estados Unidos y fue detenido en México por policías, humillado y torturado hasta obligarlo a realizar una declaración falsa auto implicándose en la delincuencia organizada. También el de Claudia Medina, quien, al ser detenida en instalaciones bajo control militar, estuvo incomunicada por 36 horas, siempre con los ojos vendados, y quien fue torturada por diversos métodos entre los que se encuentra la violencia sexual, hasta obligarla a firmar una confesión.
La tortura y otros malos tratos utilizados como métodos de supuesta impartición de justicia son una de las más graves violaciones a derechos humanos que puede sufrir una persona. Se realiza en secreto, poniendo al límite a las personas, jugando con la impotencia y la psique del torturado, que termina dispuesto a firmar lo que sea con tal de salir de la situación. En el trasfondo de cada caso particular, se revela una fallida respuesta ante el fracaso de un sistema de justicia penal que busca encontrar culpables como sea.
La prohibición de tortura se encuentra establecida en diversos tratados internacionales de los que México es parte y ha sido catalogada como norma imperativa, esto es, una norma inderogable, que bajo cualquier circunstancia, debe ser respetada.
No obstante, la tortura sigue siendo una práctica generalizada en México. Entre el 2003 y 2013, Amnistía Internacional ha observado un aumento del 600% en quejas que se realizan por tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, culminando únicamente un caso de veinte en un procedimiento penal.
Situación parecida ocurre con las investigaciones de tortura, existen bastantes inconsistencias en la forma en que se realizan los exámenes médicos en relación con el Protocolo de Estambul. Son las víctimas las que deben probar su inocencia y ni siquiera se le da el mismo valor probatorio a las investigaciones médicas que se realizan por médicos particulares y que suelen encontrarse en mayor concordancia con el Protocolo.
Ante la ineficacia de los mecanismos para hacer rendir cuentas a los responsables y la falta de reparación a las víctimas, es necesario que las autoridades mexicanas den pasos decisivos para asegurar que se cumpla con las obligaciones que derivan de la prohibición de tortura. Esto implica, como mínimo, excluir de cualquier procedimiento penal aquellas pruebas que se hayan obtenido como consecuencia de violaciones a los derechos humanos, como detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y que se investigue, enjuicie y sancione a los responsables y que las víctimas sean reparadas integralmente.
El autor es Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Fuente: Reforma.
















