Por: Froylán M. López Narváez.
El presidente de la República ha venido insistiendo, cada día más, en el horror de la criminalidad organizada, como se llama a la delincuencia, se diría formalmente, que se agrupa, domina territorios, asesina, secuestra, roba, asalta, viola cotidianamente. Peña Nieto habla también de las colusiones entre funcionarios públicos y cárteles.
En mucho tardío asevera: “Recién instruí que las fuerzas del orden federal tuvieran participación en los municipios en los que hay evidencia de infiltración del crimen organizado”. Inevitablemente se refirió a Guerrero, estado que se lleva las palmas de la violencia consternante desde ha largo tiempo. Como en otros lugares, sus regiones, las costeras sobre todo, aunque también abundan sedes de criminales en montañas. No se diga en el puerto de Acapulco.
Las matanzas de normalistas han causado estupores, confusiones que se conocen internacionalmente. Las mismas Naciones Unidas han lanzado sin recato apuntes severos, recriminaciones, por los crímenes mismos como por su impunidad y acción sin freno. La desaparición de 43 normalistas ha logrado que familiares y compañeros de ellos declaren y vociferen, hagan marchas y plantones habida cuenta de que, sin matices, no confíen en las investigaciones federales y estatales. El Poder Ejecutivo Federal, su secretario de Gobernación y otros encargados de este y otros casos pavorosos, no cejan en apuntar que es tarea prioritaria encontrar a los desaparecidos.
Guerrero, la región de Ayotzinapa, Iguala, son lugares en donde la presencia militar y la Gendarmería han tomado asiento; preguntan por aquí y por allá, en los estados vecinos, de la catástrofe humana, sin que hasta ayer hubiera certidumbres, pistas, indicios confiables.
Hubo interlocución, más de una, entre autoridades federales y ciudadanos. Se precisaron errores en las investigaciones y en sus informes. Los primeros juzgan que las autoridades ministeriales cometieron irregularidades al principio de la investigación. Las colusiones entre agresores y autoridades, policías, y aún militares, son advertidas y denunciadas.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, acota: “Lo que nos dicen, y que coin- cide con la información que tenemos, es que la Procuraduría de Justicia y todos (dijo todos) los órganos estatales hicieron un mal procedimiento para la exhumación…Hicieron una intervención inadecuada en el proceso de identificación, y obviamente eso nos arroja resultados más que retardados”.
Es en este punto que Jesús Peña, representante adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU, admite y coincide en reunión con diputados federales. Desde hace tiempo, aunque importe, no hay preocupación por el qué dirán en el mundo. Ya no hay que “quedar bien” a como se pueda. Sin embargo, se usa esta fama, para negocios o lucimiento con sombrero ajeno. Peña Nieto lo mismo proclama su eminencia en la seguridad nacional que en inquirir o reprobar a gobiernos estatales y municipales. La verdad es que no se jala al parejo, mucho menos al unísono. Legalmente, constitucionalmente, la República mexicana se define como una federación, pero difícilmente en hechos como la violencia hay concurrencias, de no ser circunstancialmente.
Los brutales acontecimientos establecen la convicción de que Guerrero es un estado ahora perdido y con mil y una tareas de rescate para su pacificación, al tiempo su enjuiciamiento y el conocimiento preciso y vasto de procedimientos. Por más que las violencias criminales y sus denuncias no sean exclusivas del estado que conjunta bellezas y fealdades ruines, Guerrero concentra atención merecida, sobre todo por las imputaciones verosímiles de impunidades y complicidades que nunca acaban.
Esta es la última colaboración de quien la escribe en este diario. Se le ha pedido con amabilidad que él también egrese de la publicación. Es muy de agradecerse el trato y respeto cabales al criterio y posiciones que ha expresado. Se despide uno con un hasta siempre.
froymln@prodigy.net.mx
Fuente: Reforma.
















