Por: Juan José Huerta.
Es evidente, por el tratamiento del tema en los medios, incluida la internet (ver, por ejemplo, Javier Matus, “La corrupción se ha institucionalizado en México”) que un creciente número de mexicanos está cobrando conciencia de que la corrupción es el problema central de la vida actual en nuestro país, sin relegar por supuesto otras lacras que nos agobian,
como la inseguridad y la violencia, o el subempleo y el desempleo. Incluso a veces nos parece que todo esto se interrelaciona y nos está llevando a una descomposición social sumamente grave. Pero este también puede ser un momento crítico para resolver con determinación estas cuestiones fundamentales, para reencauzar a la sociedad mexicana en el camino de la superación ética, del respeto a los más altos valores humanos, de la revalorización de nuestras instituciones y de dinamizar el progreso económico y social, para lo cual es claro que tenemos amplias reservas, ahora dormidas o inactivadas.
Por fortuna, las principales fuerzas políticas del país parecen ya estar dispuestas a enfocarse en el fortalecimiento de los instrumentos legales contra la corrupción, sea en la función pública o en la iniciativa privada, y por una más efectiva rendición de cuentas y transparencia en la gestión de los órganos de gobierno, al mismo tiempo que se dé fin a la impunidad en el castigo a la violación de dichas normas. Con estos fines, en la Cámara de Diputados fue instalado esta semana un grupo de trabajo pluripartidista que tendrá como base diversas iniciativas presentadas, entre ellas la del Ejecutivo federal sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la minuta en el Senado de la República sobre la creación de un Sistema Nacional de Fiscalización y, claro, la reciente propuesta del PAN para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, que plantea la creación de un Consejo Nacional y de un Comité Ciudadano, el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, mayores facultades fiscalizadoras a la Auditoría Superior de la Federación y que órganos independientes del Ejecutivo federal auditen el uso de los recursos públicos (Ver Alejandro Páez Morales La Crónica, 21oc14). El PAN también propone que este esquema anticorrupción federal sea replicado a nivel estatal y municipal, lo que puede tomar como base la reforma constitucional promulgada en junio pasado que convierte a los integrantes de los ayuntamientos y de entidades estatales de gobierno y legislativas en sujetos de responsabilidad legal por manejo o aplicación indebida de presupuestos federales.
¿La corrupción es una cuestión cultural o de educación? Sí, también, pero no por ello es inevitable; eliminar su prevalencia implica esfuerzos muy especiales en la educación de los mexicanos sobre moral, ética y valores humanos, empezando desde las mismas bases de los maestros y sus organizaciones, en todos los niveles educativos; sin desestimar desde luego sus prestaciones válidas y sin afectar sus derechos legítimos.
Sería inconveniente asimismo politizar demasiado la lucha contra la corrupción, pues requiere, como parece que ahora se apunta, la unión de todas las fuerzas políticas en el objetivo de erradicar ese flagelo. Y no utilizar el combate a la corrupción como un momento de nihilismo, de ataque o descrédito a nuestras instituciones, de las que tenemos que preservar muchas de sus valiosas características; y reconocer que es en los abusos y distorsiones en su operación o gestión donde radica el problema. Que la Comisión Nacional Anticorrupción, o cualquier órgano similar que se cree como ente autónomo, no acarree hacia sí los vicios recientes que están desnaturalizando este tipo de organismos ideados para un mejor control con mayor participación ciudadana en las decisiones de nuestra democracia representativa. Al contrario, esa contribución ciudadana es esencial en el combate a la corrupción pública y privada.
Sí, es primordial que el sistema de administración de justicia funcione bien, que los propios ministerios públicos, jueces, magistrados estén debidamente protegidos de las ahora por desgracia múltiples oportunidades de desviación del camino recto. Que los funcionarios de oficinas de gobierno o los congresistas cultiven la transparencia y rindan oportunas cuentas a fin de eliminar las muy variadas formas de desviar recursos presupuestales de su correcta aplicación o de torcer la ley en su provecho: los funcionarios que a través del contratismo rampante otorgan obras o servicios mediante contratos inflados en millones a empresas fantasmas o sin experiencia; los que dilapidan millones de pesos en rentas, remodelaciones de sus oficinas, o los más frívolos gastos no relacionados con su puesto; aquellos que desnaturalizan las reglamentaciones urbanas para violar los usos de suelo aprobados y provocan el caos en el desarrollo urbano La misma propaganda oficial es en un alto grado un gran signo de corrupción. O, claro, los que simplemente se embolsan el presupuesto a su cargo.
Sin olvidar que la corrupción no se da tan sólo en la gestión pública, sino también en la iniciativa privada: las evasiones de impuestos, las colusiones para elevar precios, los abusos en comisiones o servicios cobrados, los engaños a clientes o consumidores. Y, claro, las complicidades con funcionarios públicos para aprovecharse ilegalmente de recursos presupuestales, mediante las trácalas señaladas y muchas otras.
Esperemos todos que el ánimo anticorrupción sea coronado por el éxito. Ahora bien, como dicen los expertos, tampoco es cuestión de atiborrarnos de nuevos instrumentos legales, pues en muchos casos lo que se requiere es una mayor eficacia y determinación para aplicar debidamente el esquema institucional y legal que ya tenemos… sin corruptelas de ninguna clase.
jjhupc13@gmail.com
Fuente: Crónica.
















