Por: Roberto Zamarripa.
Fin de una época. De las entrañas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y las Normales Rurales -dos instituciones para los pobres impulsadas con proyecto de largo aliento por Lázaro Cárdenas- salen sus bisnietos con reclamos de desolación.
Educación para los hijos de obreros campesinos, eso simbolizaban.
La época terminó. Al país le crecieron los pobres y le disminuyeron las instituciones que les daban cobijo y oportunidades.
El IPN nació para formar a los profesionistas y técnicos que, entre otras cosas, sustentarían la industria petrolera nacionalizada. Con el desarme de la obra cardenista, a los politécnicos los despertó el miedo.
A los normalistas de Ayotzinapa, antes de la masacre, les enviaron desde el poder un e-mail al inframundo de la tierra y la pobreza, el de las chozas, de comunidades indígenas, donde campea la muerte y la violencia, la insalubridad y el hambre. Les notificaron: “¡sal a pelear tu plaza! ¿Qué no te acuerdas de Benito Juárez?”.
Los despreciaron, eran invisibles. La reforma educativa los hizo innecesarios. Ahora los sepultan definitivamente. Su horizonte no es ser mal o buen maestro sino si cumplirán los 18 años de edad.
En su emergencia, los invisibles dramáticamente levantaron la cobija: es fin de época pero de un sistema político donde se acostumbra a pisotear para ascender y a saquear para revivir. Que depreda antes que incluye y cuyas reformas ocurren a costa de los otros. El calado de los cambios, producto del consenso alabado (El Pacto), pronto encontró la hendidura y le brotó la viscosidad. La pudrición emanada de una raíz incapaz de sostener un árbol de reformas.
Las tensiones se desenvuelven en planos diferenciados. La aparente, la inmediata: justicia, alto a la impunidad y al desprecio por la vida.
El pantano de la corrupción disuelve la ley y aceita la violencia. Es el dique, el alimento de la raíz podrida. Apeadas a ello, impunidad y corrupción, las sucesivas clases políticas (esencialmente las mismas desde hace 30 años) sufren para dotarse de legitimidad democrática. Factores superiores al voto ciudadano las doblan.
En el fondo, la fosa de la desigualdad social resiente cómo las promesas de cambio, las ambiciones desmedidas, son a costa (y con desprecio) de las mayorías.
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El desenlace de la barbarie de Iguala no termina en la presentación de los muchachos. La luz del túnel no puede alumbrarse solamente con veladoras que incriminen: “fue el Estado”.
Apremia darle un sentido común al país que otorgue identidades y propicie, a través de la acción justamente del Estado, la articulación de las demandas diversas y contrapuestas. No es que tenga un carácter de refundación pero mucho se le parece. Esta crisis supera al 68 o al 94. Lo avisa la honda expresión nacional de desasosiego.
El enmudecimiento del gabinete, la falta de resultados, la carencia de solidaridad de gobernadores, y la cobarde manera en que líderes políticos encaran la crisis amplían la brecha ante el enojo y estupor ciudadanos.
Se necesita cirugía mayor. Uno, para evitar el resquebrajamiento; dos, para decidir la demolición de lo podrido y tres, para emprender la regeneración.
En el tránsito de la tormenta, el presidente Enrique Peña debe comenzar por la dimisión de su gabinete y el nombramiento de otro, con los suyos y no suyos, que incorpore sensibilidad y entendimiento. Necesita ayuda en la conducción de los que tienen vasos comunicantes con la decepción y la desesperanza, no solo con las voces de incertidumbre porque la violencia les amenaza las millonarias ganancias.
En vistas al 2015, de renovación parcial del Congreso, los partidos deben dejar la representación a ciudadanos, académicos, ambientalistas, padres de desaparecidos, empresarios, estudiantes, que abonen en un nuevo sentido común para el país y renieguen de los fueros.
No hay tiempo ni otra posibilidad: o la demolición se dirige, se conduce, o el libre juego de una batalla sin control decide las tensiones.
tolvanera06@yahoo.com.mx
Fuente: Reforma.
















