Por: Gerardo Ruiz.
PUEBLA, PUE.- Asegura que aunque las cuentas públicas de los ex secretarios de Desarrollo Social ya fueron aprobadas, pueden ser sujetos de investigación. El diputado del PAN considera que la información sobre el desvío de recursos a través del programa Unidos para Progresar es contundente para castigar con todo el peso de la ley.
El ex contralor del gobierno del estado, Eukid Castañón Herrera, exhibió como ignorantes a los marinistas y ex secretarios de Desarrollo Social involucrados en el escándalo de Unidos para Progresar, al recordarles que aunque las cuentas públicas del último sexenio priista ya fueron aprobadas, esto no es impedimento para investigar y actuar penalmente en su contra por irregularidades detectadas.
“El hecho de que tengan liberada una cuenta pública en cuanto al ejercicio de recurso no quiere decir que están exentos de una posible responsabilidad en los actos de autoridad que hayan ejecutado como servidores públicos”.
En entrevista, el diputado local del PAN consideró que la información, que hasta el momento ha sido publicada por Diario CAMBIO y El Sol de Puebla en la que se implica directamente al ex gobernador Mario Marín Torres y a sus ex colaboradores, “es contundente para castigar con todo el peso de la ley” a los implicados en el supuesto desvío de 800 millones de pesos del 2008 al 2010 desde la Sedeso. “Al final del día se tiene que castigar con todo el peso de la ley a los implicados. Están claras las reincidencias y yo creo que hoy el contralor del estado evidentemente está en su campo de acción, y tendrá que hacer lo conducente en el marco de la ley”, aseveró.
Castañón Herrera dijo que “es importante establecer los alcances de una cuenta pública. La cuenta pública es un asunto de ejercicio de los recursos, cargo y abono. Pero no habla de las actuaciones de los funcionarios, son dos cosas distintas y para eso están los temas de carácter judicial”.
Los ex secretarios de Desarrollo Social marinistas como Javier López Zavala, Juan Carlos Lastiri y Juan Manuel Vega Rayet han ocupado como argumento para deslindarse del presunto peculado que sus cuentas públicas ya fueron aprobadas; esta misma tesis fue replicada por el ex titular de la SGG, Valentín Meneses Rojas, y el ex coordinador de asesores, Lauro Sánchez.
En su edición del miércoles, este periódico documentó la falsificación de firmas y robo de identidad en el programa Unidos para Progresar (UPP). En dos expedientes de obra supuestamente realizadas en 2010 se involucra directamente al entonces secretario de Desarrollo Social del estado y hoy subsecretario federal Juan Carlos Lastiri, quien utilizó el modus operandi de las obras falsas para concretar el peculado.
Fuente: Diario Cambio.
















