Por: Fermín Alejandro García.
PUEBLA, PUE.- La marcha de ayer en la tarde no fue algo menor; se trató de la movilización estudiantil en la capital del estado más grande de por lo menos los últimos 25 años, en la que no estuvieron presentes controles corporativos o estructuras de partidos. Dicha movilización es una muestra clara y contundente del creciente clima de indignación ciudadana contra la violencia,
la corrupción e ineficiencia de los políticos, la impunidad y el abuso de los grandes capitales. Y para el caso de Puebla, un factor clave es el gobierno autócrata y violento de Rafael Moreno Valle.
Desde la crisis que vivió la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) entre los años 1989 y 1990 –que provocó la caída del entonces rector Samuel Malpica Uribe– no se había visto en Puebla una marcha espontánea de estudiantes universitarios y de preparatorias que rebasara los 5 mil participantes, que tuviera como motivo una protesta social, que estuviera al margen de controles corporativos y que mostrara el rostro de una sociedad lastimada, agraviada y que está indignada.
Lo que más llamó la atención es que los más de 8 mil participantes no se limitaron solamente a responder a la jornada nacional de protesta por el caso de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, sino que de manera natural las voces de protesta se dirigieron al asunto de San Bernardino Chalchihuapan, al asesinato del estudiante de 13 años José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y contra el autoritarismo de Rafael Moreno Valle Rosas, a quien se dedicaron sendos coros de “¡Muera Valle, fuera Valle!”, en clara alusión al mandatario.
Al llegar los tres contingentes de universitarios al zócalo –entre ellos algunos académicos– las consignas, las protestas y las denuncias dejaron de ser solo por Ayotzinapa y se dirigieron contra el titular del Poder Ejecutivo de Puebla, cuyas manos están manchadas de sangre por el caso Chalchihuapan, el de San Miguel Canoa y otros tantos hechos de represión ocurridos en los últimos tres años y nueve meses.
Tal situación coloca entre los indignados en iguales circunstancias los casos de Chalchihuapan, Tlataya en el estado de México –en donde un grupo de militares fusiló a unos civiles– y Ayotzinapa.
No se trata de ver en cuál asunto hubo más muertos o más violencia, o quiénes fueron las victimas, sino el común denominador que le da a los tres casos la misma tesitura es que son producto de abusos de autoridades, que los gobiernos locales, lejos de actuar dentro de la legalidad, respondieron con violencia o indiferencia, que las tragedias son producto de la corrupción y descomposición social generados por los políticos, por igual, del PRI, del PAN y del PRD.
La marcha de ayer es un repudio directo a los partidos políticos, a los gobernadores que actúan como caciques; contra un sistema de justicia que solo protege a los delincuentes; contra la ausencia del Estado que ha sido suplantado por los dueños de los grandes capitales y el narcotráfico; contra la falta de esperanza de que el país cambie y ofrezca oportunidades de una vida digna a sus pobladores.
El caso Ayotzinapa es, sin duda, el hecho de violencia que más indignación social ha causado a lo largo y ancho del país, así como en el extranjero, luego de la matanza de Tlateloloco de 1968. Nunca se había visto una sociedad tan herida y enojada, tal como se ha mostrado por lo ocurrido a un grupo pacífico de estudiantes normalistas.
Lo que se debe comprender es que toda la rabia, dolor, miedo, rencor, indignación que se ha expresado en torno al asunto de Ayotzinapa es una acumulación de emociones producto de que llevamos décadas con un país que no crece económicamente, que es una fábrica de pobres, que se está convirtiendo en un tiradero de muertos por una guerra irracional entre el Estado y el narcotráfico, en el que la corrupción y los abusos de los políticos son el pan de cada día.
Y lo más grave, es que nuestra clase política no reacciona, no sabe leer los sentimientos de la población y solamente se dedica a proteger privilegios económicos.
Una muestra clara de esa frivolidad la observamos en Puebla todos los días. Mientras en todo el país hay un grito de auxilio, un llanto, para que ya se frene la violencia, los abusos de los gobernantes y la inseguridad, el mandatario Moreno Valle no deja pasar un mes en que no mande a reprimir a un grupo ciudadano o en que aumente la cifra de presos políticos.
Y lo más grave es que las victimas del morenovallismo no son políticos, sicarios, empresarios, líderes de grupos de choque o delincuentes, sino son parte de los sectores más vulnerables de la sociedad, pues el grueso de los agraviados por la represión gubernamental son mujeres campesinas y de la tercera edad, menores de edad como el niño Tehuatlie Tamayo, u hombres pobres, que son labriegos o choferes, sin capacidad de defenderse legalmente.
La respuesta que seguramente ofrecerá el gobierno a la marcha de ayer será decir que no fueron más de 2 mil los participantes y que no tiene importancia su movilización.
Es decir, solo se va a negar la realidad.
Fuente: Jornada de Oriente.
















