Por: Diego Valadés.
El primer constitucionalista que advirtió las disfuncionalidades del sistema presidencial fue Woodrow Wilson, luego presidente de Estados Unidos. En las elecciones intermedias de 1878 Rutherford B. Hayes perdió la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Al año siguiente Wilson, entonces profesor en Princeton,
publicó el ensayo “Cabinet Government” en el que analizó las limitaciones del sistema, entre ellas el bloqueo congresual, y planteó su reforma. Su tesis sigue vigente.
Con ese antecedente, en 2003 publiqué una monografía con el mismo título, proponiendo la racionalización del sistema presidencial mexicano, afectado por males distintos y con consecuencias diferentes a las identificadas por Wilson, pero que también se traducen en un proceso decreciente de gobernabilidad.
Nuestro problema viene de muy atrás y se acentuó a partir de que la sociedad pudo expresar con libertad sus decisiones electivas, como resultado de las cuales la integración de los órganos representativos y la titularidad de los órganos de gobierno reflejan la pluralidad política del país.
El desajuste institucional es consecuencia de que una parte de la estructura del poder se configura con instrumentos modernos y otra sigue sujeta a mecanismos arcaicos. Hoy tenemos los procedimientos electorales, las instituciones representativas y la jurisdicción constitucional que corresponden a un sistema democrático, pero coexisten con un régimen de gobierno vetusto propio de un poder concentrado. Esta contradicción afecta el desempeño adecuado de las instituciones, incluso de las que mejor funcionan, como lo comprueban los hechos cotidianos que exhiben un país cada vez menos gobernable.
El progresivo decaimiento de la gobernabilidad se hizo evidente desde hace más de una década y la falta de remedios adecuados no ha hecho sino acentuar ese déficit. Mientras nada cambie, el pronóstico sólo puede ser el de un deterioro en aumento que ya no depende de las intenciones, de la determinación y ni siquiera de la capacidad de quienes desempeñen las funciones de gobierno.
La disfuncionalidad es estructural y la desconfianza social es real. Ambas se potencian de manera recíproca. Para poner en sintonía al conjunto institucional hay que reformar el régimen de gobierno. Si se hace bien, ese cambio podrá producir un giro en la confianza social. Sería un gran paso para frenar la merma de gobernabilidad, cuya velocidad tiende a aumentar, y para restablecer la eficacia institucional.
Se atribuye a Luis XIV haber expresado “el Estado soy yo”, aunque nunca se ha encontrado el discurso, la epístola o el testimonio de un tercero donde figure semejante expresión. Nadie, en cambio, ha dicho “el Gobierno soy yo”, aunque en este caso podrían haberlo afirmado los presidentes de México con fundamento en la Constitución. El artículo 80 dice: “Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo…”.
Esa fórmula fue tomada de la Constitución estadounidense, pero allá se impusieron numerosos controles congresuales sobre los presidentes y sus colaboradores que nuestras normas no retomaron. En un sistema presidencial el gobierno de gabinete significa que el presidente sigue siendo jefe de Estado y de gobierno, pero con un cambio importante: el artículo 80 debe ser reformado para establecer que el presidente es el jefe de gobierno, pero no todo el gobierno, él solo.
En un Estado constitucional democrático el gobierno recae en un órgano colegiado, gabinete o consejo de ministros, cuyos integrantes son aprobados por el Congreso y pueden ser removidos con libertad por quien lo presida. En México la ratificación ya se prevé como opción a partir de 2018.
Ese gabinete debe contar con facultades expresas en la Constitución para que cada uno de sus integrantes rinda cuentas frecuentes y periódicas de su ejercicio ante el Congreso. Si un gabinete con esas características fuera, además, de unidad nacional, como el que en su momento encabezó Manuel Ávila Camacho, se propiciaría que contara con el apoyo político del Congreso y que recuperara la confianza de la sociedad, lo que facilitaría adoptar las medidas que condujeran a la plena gobernabilidad en el país.
Un gobierno así enviaría un mensaje de aliento que la nación espera y necesita, y que la comunidad internacional apreciaría.
Agradecimiento. Con motivo de una acusación infundada y calumniosa, he recibido muestras de solidaridad a las que correspondo con profunda gratitud.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















