Por: Luis Manuel Garza.
Me preocupa que la cabeza del Estado mexicano, como lo es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se esté debilitando y muestre una ineficiencia pocas veces vista en la figura presidencial, que ni en los penosos tiempos de Vicente Fox habíamos presenciado los mexicanos.
Primeramente, tenemos el pésimo manejo del caso Ayotzinapa, en el que se ha logrado que 43 víctimas, en tan sólo unas cuantas semanas, pesen más que los miles de muertos y desaparecidos durante el ensangrentado sexenio de Felipe Calderón.
Increíble que el gobierno federal, con todos los recursos a su alcance -de hecho y de derecho-, no haya podido encontrar a tiempo una mejor respuesta que la tardía versión, poco confiable, brindada hace varios días por el ya cansado Jesús Murillo Karam, procurador general de la República.
Ahora, con varias regiones y puntos claves de la nación literalmente incendiándose, con millones de jóvenes sin comida, trabajo, futuro ni esperanza, a la expectativa de lo que caiga, el asunto puede salirse de control de un momento a otro.
En segundo lugar, tenemos a un Presidente sin asesores, o al menos de calidad, que le hubieran podido señalar lo inapropiado, insensible y políticamente desastroso que resultaría que se divulgara que él y su esposa viven en una mansión con toque de palacio moderno, cuyas cocheras y cuartos de servicio lucen descomunales al lado de las viviendas de la gran mayoría de los mexicanos.
Especialmente, si quien le proporciona dicha vivienda a Peña Nieto y su familia ha sido señalado como el constructor favorito de los tiempos en la gubernatura del Estado de México, Juan Armando Hinojosa, personaje del cual el Presidente debió desvincularse desde que se sentó en la silla grande, por la más elemental prudencia política.
Esos asesores incompetentes, ¿o acaso inexistentes?, también debieron advertirle al Presidente que no era recomendable involucrar a su esposa como la propietaria de la casa, puesto que la unión matrimonial, si bien no los une en la responsabilidad al frente del Ejecutivo federal, sí los hace corresponsables de cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 224 del Código Penal Federal.
Y es ahí justamente donde se nota la debilidad presidencial: en quien se comporta como un gobernador típico, de ésos que hacen negocios del erario con sus amigos para enriquecerse, olvidando que la investidura presidencial es de otra categoría.
Porque ahí tenemos el proyecto Monterrey VI, en el que nuevamente aparece de manera sospechosa el constructor favorito del Presidente, obra cuyo propósito teórico es llevar agua a Nuevo León desde el sur de Tamaulipas, cuando en todo caso lo que se requiere en el estado es hacer más presas y agrandar las existentes.
El objetivo real seguramente es hacer negocio, así lo suponemos todos.
Por eso se oculta la información, que por su propia naturaleza es pública; y se le tuerce el brazo a cuanto funcionario nuevoleonés se ponga enfrente, porque no se justifica la inversión y mucho menos si se realizará endeudando más a los nuevoleoneses, de por sí ya muy lastimados en cuanto a las finanzas públicas.
Ya hizo el ridículo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al tener que cancelar la construcción del tren rápido México-Querétaro, por haber hecho una licitación apresurada, amañada y dirigida.
Su titular, Gerardo Ruiz Esparza, ha anunciado una nueva convocatoria, pero se queda sin explicación el favoritismo en la primera.
Los acontecimientos nacionales de los últimos meses obligan a recapitular el discurso, previo el cambio de asesores en la Presidencia de la República.
Claro, si es que los tienen.
Fuente: Reforma.
















