Por: Aurelio Ramos Méndez.
Si alguna prueba faltaba para constatar la dudosa y cuestionable representatividad de la totalidad de partidos políticos, los asaltos, incendios y destrucciones de oficinas de las tres principales fuerzas —PRI, PAN y PRD— más el Panal, vinieron a demostrarlo esta semana de manera irrefutable.
La violencia callejera desatada por efecto del caso Iguala constituye un peligroso coctel compuesto por padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, dirigentes de organizaciones que han hecho de la lucha social un modus vivendi, y profesionales de la provocación y la desestabilización sospechosamente impunes.
Es imposible, sin embargo, negar que en esta mezcla literalmente explosiva se hallan asimismo grupos populares con demandas genuinas desatendidas por décadas, para los cuales la casi cuarentona apertura política, la dizque normalidad democrática y el pomposamente denominado sistema de partidos, no han tenido ni la más mínima utilidad práctica.
Por los cuatro puntos cardinales se multiplican de manera cotidiana expresiones de hartazgo cuya manifestación violenta cuestiona ya no sólo a los poderes ejecutivos, del federal a los estatales y municipales, sino a todas las formas de representatividad, empezando por los congresos, y con particular crudeza los partidos.
¡Cuánta explosividad debe haber en la atmósfera, si ya no sólo formaciones y políticos famosos por su corrupción, sino aun quienes habían logrado engatusar al respetable y labrarse una imagen de relativa decencia son ahora igualmente despreciables a los ojos de los ciudadanos!
A Cuauhtémoc Cárdenas, primero, y luego a Jesús Zambrano y Alejandro Encinas los echaron de manifestaciones y escuelas a empellones, pedradas y escupitajos, entre insultos de grueso calibre.
El Ingeniero apechugó y con su orgullo descarapelado le restó importancia al incidente. Zambrano y Encinas, con pésima lectura de los hechos, acusaron complot y manipulación de grupos en su contra.
Los dirigentes perredistas se resisten a reconocer la verdad. No hay campaña en su contra. Lo que, en efecto, existe, es desprecio de la sociedad a los políticos de todo pelaje, ya sean estos del PAN, el PRD o el PRI, pasando por el Panal y los demás membretes de la chiquillada pervertida.
La coyuntura es en verdad inquietante. La crisis de seguridad destapó una profunda crisis política que afecta con singular encono a los partidos. Y el panorama, así, es de caos y miedo. Porque aun los políticos menos podridos y sus organizaciones, quienes quizá hubieran podido contener el descontento y encauzarlo por vías de civilidad, están descalificados y anulados.
Antes del caso Iguala los ciudadanos comunes ya consideraban los partidos genuinas asociaciones para delinquir y a la mayoría de los políticos una caterva de corruptos irredentos. Los asesinatos y desapariciones de estudiantes de la normal rural ubicada en Tixtla —la tierra de Vicente Guerrero— fue apenas la constatación de tan extendida percepción.
El callejón sin salida en que nos hallamos pone en entredicho a los institutos políticos y sus líderes; pero en especial a las instituciones responsables de cuidar la salud del sistema político-electoral; es decir, el finado IFE y su retoño el INE.
Rige en el país, desde hace rato, una monstruosa partidocracia, que entre otras cosas ha sustituido parcialmente, en los hechos, instancias de representatividad democrática. Resultado de que los partidos han sido cebados con oro desde las más altas esferas del poder público y consentidos por quienes, con la ley en la mano, tienen la obligación de evitar los abusos y la corrupción partidista.
Si Lorenzo Córdova y especialmente sus antecesores Luis Carlos Ugalde y José Woldenberg hubieran cumplido a cabalidad, con rigor y sin concesiones, la tarea fiscalizadora que la Constitución y el Cofipe confieren a las autoridades electorales sobre los partidos y candidatos, quizá no hubiéramos visto alianza contra-natura, saltimbanquis en las boletas, patrimonialismo partidista personal o familiar, exigencias de dinero a carretadas.
Y quizá tampoco estaríamos viendo quemazones de oficinas de partidos en Guerrero, Michoacán y otros estados, a pesar de la certeza de que entre los pirómanos hay agitadores prepagados.
Si desde Los Pinos y Gobernación no se hubiera mimado durante lustros a las cúpulas partidistas —unas veces la derecha, otras la izquierda— en aras del fetiche de la concertación o de una especie de derecho de piso al Ejecutivo, a lo mejor no se hubiera fortalecido de manera artificial dentro del PRD una corriente que avasalló a las demás y acabó por imponer personajes de la calaña del alcalde José Luis Abarca.
Mueve a risa el que, en medio del erial, donde no existe ni una sola fuerza que se salve del desprestigio, aún hay quienes intentan practicar el transfuguismo hacia quién sabe dónde. Es el caso de Alfonso Ramírez Cuéllar, tardío renunciante al PRD, quien dio el portazo irritado por el manejo del sol azteca por simples testaferros.
La partidocracia al parecer ya da sus últimas boqueadas. Asistirla a bien morir, en medio del torbellino de violencia social, se antoja sin embargo misión imposible. En todo caso es tarea insoslayable de los consejeros del INE y de Miguel Osorio Chong y otros funcionarios, a quienes corresponde hacerlo como una medida drástica, de choque, de indiscutible autoridad.
Sólo dopado podría alguien creer que la enmienda puede provenir de César Camacho, Carlos Navarrete, Ricardo Anaya o cualesquiera otros dirigentes de partidos, si los principales beneficiarios del actual estado de cosas son las cúpulas de las distintas formaciones políticas.
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Fuente: Crónica.
















