Por: María Elena Álvarez de Vicencio.
Estado de Derecho en un país quiere decir que los diversos órganos y sistemas que lo integran se encuentran regidos por la ley y sometidos a la misma. Quiere decir que su ley fundamental es su Constitución, la cual emana de la voluntad soberana del pueblo y que sólo dentro de su marco deberán actuar los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial a fin de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y cuya legitimación y legitimidad radica en la calidad de participación que tenga el pueblo.
Las características indispensables para un Estado de Derecho son: El imperio de la ley como expresión de la voluntad general y la división de poderes, que sería “una distribución de poderes”, la cual necesita de una serie de relaciones, controles e intervenciones mutuas y recíprocas, en un sistema de pesos y contrapesos, en función del imperio de la ley.
Para que exista el Estado de Derecho se requiere que el Poder Legislativo sea limitado por la Constitución y por los Tribunales, que esté sujeto a límites y controles de carácter político, derivados de la organización y naturaleza del sistema democrático. Es necesaria la independencia del Poder Judicial y de la administración de justicia a través de un sistema procesal regular, ordenado y coherente, que garantice la seguridad jurídica de todas las personas.
El Estado de Derecho demanda un Poder Ejecutivo que gobierne y administre, y que en su actuación se desarrolle siempre apegado a las leyes, es decir, que cumpla con el principio de “Legalidad de la Administración”. Esto significa que realizará sus actos sobre la base de lo establecido en normas pre-existentes, y con el debido y suficiente control judicial que se manifiesta en un sistema de responsabilidad de la Administración que sirva de garantía jurídica a los particulares, a través del establecimiento de un sistema de control jurisdiccional o sistema de justicia administrativa.
Los derechos y libertades fundamentales no sólo son condición sino objetivos del Estado de Derecho, con una garantía jurídica formal y efectiva como expresión de seguridad jurídica para la satisfacción de los derechos fundamentales de la persona humana.
La legitimidad del Estado de Derecho está vinculada a los mecanismos socioeconómicos capaces de lograr que la ciudadanía alcance su pleno desarrollo en un ambiente de respeto a su libertad de pensamiento y expresión, de circulación y de residencia con inviolabilidad del domicilio, y el pleno ejercicio de sus derechos políticos, económicos y sociales y satisfecho de su derecho al trabajo y a la seguridad social.
México cuenta con una institución que podría generar un Estado de Derecho, pero en la práctica está muy lejos de serlo. No ha podido consolidar su régimen democrático. La transición está inacabada y fácilmente podría regresar a la dictadura; la experiencia de setenta años sigue pesando. El partido hegemónico hizo inoperante el sistema de pesos y contrapesos y de división de poderes. A pesar de los diversos intentos, se carece de un sistema eficaz de rendición de cuentas ni aplicación de sanciones por su incumplimiento.
Los derechos humanos reconocidos en la Constitución, aun con su reciente sometimiento expreso a la protección jurisdiccional, carecen de mecanismos suficientes que garanticen su acceso o ejercicio.
México está considerado como uno de los países en donde son persistentes sus faltas al Estado de Derecho. Esto es comentado en el extranjero en ocasión de violaciones a los derechos humanos, ocurridos en nuestro país o respecto a operaciones económicas o mercantiles, y muy particularmente se refieren a la no aplicación de la ley en casos penales o políticos. A México le urge cambiar hacia un Estado de Derecho.
Militante del PAN
melenavicencio@hotmail.com
Fuente: Crónica.
















