Por: Eduardo R. Huchim.
Constitucionalmente, la presunción de inocencia protege a toda persona en México. Sin embargo, en un gobierno en estado permanente de corrupción, el ciudadano tiene legítimo derecho a presumir culpabilidad.
Respecto de gobernantes y figuras públicas, dicen los criterios internacionales y mexicanos,
el derecho al honor y a la propia imagen se ve disminuido frente al del ciudadano común. Yo añadiría que también se ve disminuido el derecho a la presunción de inocencia.
En consecuencia, más allá de juicios y tribunales, por lo menos mientras no se aporten pruebas convincentes en contrario, resulta legítimo presumir que Enrique Peña Nieto ha incurrido en un grave acto de corrupción en el caso de la “casa blanca” de las Lomas de Chapultepec, valuada en 7 millones de dólares, como lo reveló el portal Aristegui Noticias, con base en un espléndido trabajo de investigación periodística. Y es presumible, asimismo, que ésa no sea la única corruptela inmobiliaria.
Peña Nieto se equivocó de época. Supuso que continuaba la era del partido hegemónico y del presidente omnipotente. Tenía quizá razones para suponerlo:
a) Siendo gobernador ordenó una cruenta represión en Atenco, con su cauda de muerte, violaciones sexuales, tortura, detenciones arbitrarias… y no le pasó nada;
b) Encubrió -y sigue encubriendo- a su mentor político Arturo Montiel… y no le pasa nada;
c) Gastó miles de millones de pesos en su campaña… y no le pasó nada porque las autoridades (IFE y TEPJF) cobijaron su impunidad.
Con esos antecedentes, era razonable suponer -desde la perspectiva peñista- que no importaba:
1) Que su esposa adquiriera a plazos una lujosa mansión, cuyos pagos no se sabe de dónde provienen si la señora no está trabajando.
2) Que la empresa vendedora de la “casa blanca”, Grupo Higa, participe, junto con otras, en la construcción del acueducto Monterrey VI, por el cual se pagarán ¡47 mil millones de pesos! durante 27 años.
3) Que esa misma empresa, contratista también del Peña gobernador, fuese una de las firmas mexicanas que ganaron, junto con un consorcio chino, la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro, valuada en 58 mil millones de pesos.
El error de Peña Nieto consistió en no percibir que, junto con la salida del PRI de Los Pinos, en la sociedad mexicana -en una amplia parte de ella- se produjo un cambio notable: apoyada en las redes sociales, decidió ejercer su derecho a la protesta, a tomar la calle, a demandar lo que antes era inimaginable: la renuncia de un Presidente a causa de los sucesos horrendos de Iguala.
El caso Iguala-Ayotzinapa ha subrayado lo que el gobierno trató de disimular desde 2012: su incapacidad de combatir a una delincuencia que mata, hiere, roba, secuestra, extorsiona… Como sostiene el jurista Jaime Cárdenas, tenemos un gobierno en estado de interdicción, es decir, incapaz de dar seguridad a los gobernados (emeequis, 17/11/14).
Mientras el gobierno maquillaba, la delincuencia crecía y el Estado decrecía. Pero no sólo eso. El gobierno tampoco ha podido cumplir eficientemente en lo económico. La sociedad sufre carestía, desempleo y pobreza, mientras el gobierno esquilma al contribuyente, gasta dispendiosamente y se endeuda en exceso.
Y ahora, en un marco de sociedad victimada de mil formas, salta un caso evidente de corrupción. Es claro que la cancelada licitación del tren México-Querétaro beneficiaba a un amigo y probable financiador de la campaña del hoy Presidente. Y hay más: los 10 contratos de infraestructura de transporte más grandes adjudicados en lo que va del sexenio han sido ganados por empresas cercanas al PRI y al gobierno (Reforma, 06/11/14). Cuando Javier Corral citó el dato durante la comparecencia senatorial del secretario de Comunicaciones, a propósito del tren, aquél respondió:
-“Me preocupan comentarios como ése de Reforma, que yo creo que le hacen más daño al país que muchas otras cosas mucho más malas”.
O sea, en la visión de Gerardo Ruiz Esparza, es más dañino informar, ventilar, transparentar que cometer delitos. Evidentemente, cuando el secretario dijo tal cosa y defendió la licitación del tren, ignoraba lo que Presidencia sí sabía porque los periodistas le habían preguntado del tema: era inminente la publicación del reportaje de Carmen Aristegui que establecía el nexo de la “casa blanca” y el amigo presidencial beneficiado por la polémica licitación y dueño de la mansión que está ¿comprando? la esposa del Presidente.
En muchos países, esos hechos bastarían para que un mandatario dejara su cargo. ¿Y en México no?
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















