Por: Salomón Chertorivski.
Hoy es un día especialmente crítico para la agenda pública, económica y social del porvenir. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal acude a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) para explicar directamente en qué consiste su propuesta de recuperación de esos ingresos en el país y en el Distrito Federal.
El hecho ocurre por convocatoria de la propia CONASAMI quien, desde hace un mes, escenifica una consulta que tiene por objeto “estudiar mecanismos viables y sostenidos para la recuperación de los ingresos de los mexicanos”, escuchando a los actores económicos y sociales del país.
Ocurre el día de hoy: por primera vez el Ejecutivo Federal escuchará -a través del órgano constitucional habilitado- los argumentos, evidencias, datos y proyecciones que han hecho de la iniciativa del Jefe de Gobierno un planteamiento sólido y bien documentado. Dicha propuesta ha sido expuesta ya al Congreso de la Unión, a la CONAGO, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, etcétera, y se estructura con tres ideas sencillas: 1) mídase como se mida, el salario mínimo en México es el salario más bajo de la OCDE y de América Latina, y no se corresponde con los niveles de productividad que, de todos modos, ha alcanzado nuestra economía; 2) este hecho ha provocado una profunda deformación que nos ha convertido en el país más desigual, viviendo justamente ahora una de sus coyunturas históricas más desiguales; 3) todo lo cual debería llevarnos, entre otras muchas cosas, a elaborar un Acuerdo Nacional para la recuperación salarial.
Es necesario recordar que el Jefe de Gobierno ha propuesto diseñar una trayectoria de recuperación de los mínimos en el mediano plazo, trayectoria compuesta por una serie de aumentos prudentes pero sostenidos cada año; ha propuesto que el primer aumento llegue a 82.86 pesos en enero del 2015 (porque es el umbral de ingreso que separa al trabajador de la línea de pobreza extrema) y retomando una idea de los órganos empresariales, ha propuesto una serie de medidas de precaución para verificar la marcha ordenada del resto de variables de la economía, muy especialmente la “desindización” del salario mínimo y liberarlo de su papel como instrumento para fijar otros cientos de precios, función que lo ha mantenido anclado e imposibilitado para cualquier aumento significativo.
El propio Presidente de la República, en uno de los discursos más importantes de su gestión (la semana pasada) reconoció que el boom criminal tiene raíces materiales y económicas que por desgracia definen aún el rostro de nuestro país. Por eso, adelantó que en los días que corren enviará “una iniciativa para desvincular el salario mínimo de diversos precios y tarifas de la economía. Con esta medida se busca que el país tenga un debate serio y amplio sobre las medidas que permitan elevar el ingreso de los mexicanos”.
Mientras tanto, en la Ciudad de México la desindización es ya un hecho, ocurrió hace unos días demostrando a las claras -mediante una operación unánime- que la operación jurídica de desvinculación es claramente factible. La onda expansiva de este consenso llega a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, donde también existen los compromisos públicos y las iniciativas presentadas para desencadenar los salarios con seguridad jurídica, eficacia y rapidez.
Como lo afirmó el Director de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: “Si hay consenso político, la desindexación del salario mínimo es practicable, mediante reforma constitucional, en un plazo relativamente corto. El ascenso de los mínimos sería inmediatamente posible sin causar la temida inflación automática”.
Y hoy es un día importante también por el contexto en el que ocurre pues, tras los hechos de Guerrero se ha hecho evidente, de una forma terrible, la profunda fractura social sobre la que todavía se erige el proyecto de un México moderno. Para el futuro de la economía, de los ingresos de los trabajadores más pobres y para el futuro de nuestra convivencia social, el salario mínimo merece ese consenso.
El autor es Secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal.
Fuente: Reforma.
















