Por: ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ.
@drarmandohdz
Quienes se encuentran en la administración pública, deben cumplir con ciertas directrices de conducta previstas en la Constitución y demás preceptos legales.
Decía Fernando Savater en Ética para Amador que la ética es el arte de saber vivir propio de todo ser humano. Para el autor,
la ética y la política comparten el deseo de mejorar las condiciones de vida, sin embargo, para que el ejercicio del poder sea ético, debe cumplirse un requisito mínimo, como lo es el afectar en menor grado la libertad y el tratar a otra persona humanamente. Desde el punto de vista del servicio público y de las autoridades, es fundamental que, dada la confianza ciudadana de la que están envestidos, se conduzcan en todo momento de manera ética en el desempeño de sus funciones, respetando los derechos de las personas y cumpliendo con las tareas que les son encomendadas.
Al ejercer las labores que les corresponde, quienes se encuentran en la administración pública, deben cumplir con ciertas directrices de conducta previstas en la Constitución y demás preceptos legales. Entre estos principios se encuentran: legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Es tal su importancia, que en caso de incumplimiento, existen sanciones que pueden, desde impedir el ejercicio de cargos públicos, hasta ocasionar la privación de la libertad.
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Son muchas las conductas a través de las cuales se pueden infringir los valores éticos del servicio público, así como son varias las acciones que se pueden llevar a cabo para prevenir la realización de las mismas y sobre todo, para concientizar a los funcionarios en la importancia de conducirse conforme a la ley. En éstas podemos mencionar la difusión de códigos de ética o decálogos de conducta en los que se mencionan directrices de las acciones de los servidores públicos. Al respecto, los decálogos éticos, parecidos a los diez mandamientos, han sido adoptados en muchos países para ser cumplidos en todas las instituciones públicas.
Por otro lado, la creación de órganos cuyo objetivo sea combatir fenómenos relacionados con la falta de ética en el servicio público, puede coadyuvar en la implementación de acciones encaminadas a la recuperación de valores en el servicio público y difusión de la cultura de la legalidad entre los integrantes de los órganos de gobierno. En el caso del Distrito Federal, es importante instituir un “Comité de Ética en el Servicio Público y Cultura de la Legalidad”, integrado por representantes del gobierno local, como lo son la Asamblea Legislativa, las Jefaturas Delegacionales y el titular de la Consejería Jurídica. De igual modo, la participación de representantes de organizaciones sociales dedicadas a la promoción de valores cívicos, derechos humanos y cultura de la legalidad es necesaria en un órgano cuya integración mixta y plural enriquece su trabajo.
Si el objeto de la ética es “lograr una vida activa en la que el individuo desarrolle un comportamiento libre y responsable, orientado a la realización del bien mediante el cumplimiento del deber”, la ética pública ha de buscar que la comunidad, tanto servidores públicos como ciudadanía, ejerza su libertad personal de manera comprometida con una convivencia pacífica y respetuosa. Por lo anterior, resulta fundamental que desde la administración pública, federal y local, se realicen acciones en pro de una ética pública.
La cultura de paz y ética pública son temas que están en el debate actual por los acontecimientos sociales que nos han sacudido como país. Las problemáticas que han acontecido en nuestro entorno requieren de una respuesta estructural por parte del Estado, quien ha fallado en su labor de asegurar la vigencia del Estado de Derecho. Sin que pretenda ser la solución única a nuestra crisis de gobernanza, una de las medidas a tomar en el tema puede ser creación de Comités de Ética y la difusión de decálogos de conducta. Lo anterior tomando en cuenta que se trataría de órganos constituidos para coadyuvar en la restauración de valores en el servicio público.
La ética pública es un tema que nos concierne a quienes esperamos construir una comunidad más pacífica y respetuosa de la libertad. Sin embargo, quienes ejercen el poder son quienes tienen en sus hombros una mayor responsabilidad de sujetarse a la ley y al Estado de Derecho, como ya lo decía Benito Juárez: “Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la justa retribución que la ley señala”.
A través de una recta conducción y de probidad en su trabajo, nuestros gobernantes contribuyen a una ética pública. Recordemos lo que Morelos expresaba en el sentido que la integridad es una de las mayores cualidades de una persona: “no hay otra nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad; que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos, que no hay abolengo, ni privilegios, que no es razonable ni humano ni debido que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamientos”.
Fuente: Sdpnoticias.com
















