Por: José Sosa.
La literatura académica en torno a las políticas públicas, el gobierno y la administración pública de los primeros tres lustros del nuevo siglo bien puede ser caracterizada como un campo de amplia reflexión y experimentación analítica, en el que diversos paradigmas compiten por la hegemonía conceptual.
Sin duda alguna, el concepto de gobernanza ocupa un lugar destacado en este campo
y su influencia es indudable en la conformación de nuevas teorías sobre lo público, y en la existencia de múltiples comunidades epistémicas que han contribuido a identificar los rasgos más significativos del momento histórico que vivimos.
Si bien una buena parte de los autores más destacados del concepto de gobernanza le atribuyen un sentido amplio, integrador y casi totalizador, al mirar los usos y abusos del concepto en aplicaciones tanto prácticas como teóricas, lo que resulta es que éste más bien ha servido como una herramienta de gran valor para descubrir y adecuar cuestiones de interés general para disciplinas tan diversas como la ciencia política, la gestión administrativa, la economía pública y hasta la antropología.
Como lo prueban las innumerables publicaciones académicas y no académicas, las propuestas ideológicas de partidos y líderes mediáticos, y los programas públicos que incluyen la expresión gobernanza en sus títulos y contenidos, la noción es particularmente útil para establecer criterios de valoración sobre situaciones de la realidad de países, regiones o sectores de actividad económica y social; pero también para probar la validez o futilidad de visiones y proyectos de transformación.
En tal sentido, la perspectiva analítica de la gobernanza no ha servido necesariamente para desplazar a conceptos y teorías, considerados por algunos como caducas o insuficientes. Por el contrario, su aplicación ha permitido adecuar y enriquecer lo que nociones como legitimidad, gobernabilidad, buen gobierno, desarrollo democrático, dominación burocrática ––por citar unos cuantos ejemplos–– explican y abordan.
Si bien es cierto que gobernanza implica, en todos los casos, la aceptación de que ciertos criterios para hacer política y gobierno deben ser considerados caducos, especialmente por la fuerte carga pro-democrática y pro-participación ciudadana que conlleva, ello no ha sido una limitante para que nociones precedentes puedan ser actualizadas y hasta mantenidas como conceptos auxiliares y como descripciones parciales o particulares de la realidad.
Esto último es particularmente cierto cuando se considera lo planteado por los estudios que abordan la situación de países, sectores y gobiernos que, pese a la globalización, no han asumido las pautas o rasgos considerados por la gobernanza como esenciales: plena democracia, plena participación ciudadana, y plena incorporación de la tecnología a las actividades de familias, unidades productivas y organizaciones públicas y sociales.
De esta forma, lo que la gobernanza ofrece como patrimonio y legado es una seria posibilidad de abordar casi cualquier estructura, situación o conflicto, para luego desagregarlo en sus componentes contributivos a la democracia y a la participación ciudadana en los asuntos públicos, con una visión crítica y abocada a la identificación de factores de riesgo o factores de estabilidad.
Por lo discutido hasta este punto, queda claro que la relación entre gobernanza y políticas públicas resulta ser una cuestión más bien iterativa, que de índole estructural o siquiera coyuntural. Esto es así por el hecho de que difícilmente puede aceptarse que la gobernanza se convertirá en una noción altamente descriptiva de la realidad, sólo por la existencia de políticas y programas gubernamentales inspirados y gestionados en sus principios de participación y corresponsabilidad ciudadana. Lo mismo debe decirse por cuanto a que las políticas públicas no serán territorio exclusivo del impulso democrático y participativo de la gobernanza.
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Fuente: Crónica.
















