Por: Diego Valadés.
El significado de legitimidad adquirió una especial precisión a partir de las Memorias atribuidas a Talleyrand, publicadas en 1891, más tarde merced a las aportaciones de Max Weber y, ya avanzado el siglo XX, gracias a la contribución de Guglielmo Ferrero. Aunque son muchos los matices posibles,
en esencia se entiende por legitimidad la aceptación generalizada de la forma como se organiza y actúa el poder político. No importa que el acatamiento se deba a las convicciones, a los intereses o a los temores de los gobernados; lo que cuenta es que se traduzca en la adhesión espontánea al orden establecido.
Los romanos habían acuñado otra distinción: autoridad (auctoritas) y poder (potestas). La primera estaba asociada al prestigio y la segunda al dominio. Autoridad y legitimidad presentan algunos puntos de contacto, en tanto que el poder, en la antigüedad y en nuestro tiempo, tiene el mismo elemento característico: la capacidad de imponer una conducta a otros.
¿Qué ha pasado con el poder entre nosotros? Todos los signos indican que el déficit de gobernabilidad se traduce en una erosión progresiva de la legitimidad del poder. Aludo al poder en general, no a los titulares de los órganos en especial. Cuando la pérdida de legitimidad afecta a las personas la cuestión se puede resolver de manera más o menos sencilla; pero ante una crisis como la que padecemos sugerir que la solución consiste en un cambio de personas es una simplificación que impide ver la magnitud del desafío y su única solución eficaz: reformar el poder para volverlo a legitimar.
Hay una exigencia creciente por restablecer el Estado de derecho, empero el deterioro de nuestras instituciones lo hace casi inviable. La aceptación espontánea del ordenamiento jurídico comenzó a diluirse desde hace varios lustros hasta alcanzar los niveles actuales, de manera que ahora la principal opción para hacer valer la legalidad es la coactiva. Con todo, el uso de la fuerza puede llegar a ser tanto o más dañoso que la anomia porque no disponemos de controles democráticos para supervisar el desempeño de los órganos del poder, por lo que podría desencadenar una espiral de acciones y reacciones violentas.
El poder apela a la coacción cuando se ha deteriorado la obediencia al sistema normativo o en casos extremos que no dejan otra posibilidad; esta coacción es ejercida en todos los sistemas constitucionales democráticos sin riesgo mayor para las libertades y para la seguridad jurídica si quienes la ejercen están sujetos a controles y a estándares de responsabilidad política que garantizan a la sociedad el uso razonable del poder. Las leyes contra el terrorismo en Alemania, Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña, por ejemplo, son de un rigor draconiano, aunque en ninguno de esos países ha habido abusos que hayan quedado sin enmendar porque cuentan con sistemas democráticos funcionales. Nosotros no hemos adoptado los controles ni las responsabilidades políticas consiguientes, por lo que estamos atrapados entre los excesos de la delincuencia y los defectos de un poder afectado por la desconfianza social.
El poder se deslegitima en la medida en que deja de cumplir sus funciones. Desde hace tiempo el Estado mexicano ofrece resultados decrecientes en varios rubros, los más llamativos de los cuales son la inseguridad, la inequidad social, la corrupción y la impunidad. El fenómeno del “desamparo aprendido”, al que alude Rolando Cordera, denota resignación ante la adversidad y es un síntoma de que la legitimidad del poder se va difuminando.
La sociedad ha reaccionado ante la tragedia sufrida por 43 jóvenes. Este hecho justifica la indignación que recorre el país, pero lo peor es que no son ellos las únicas víctimas porque hay un número muy elevado de desaparecidos. Se desconoce la cantidad de personas sin paradero y desde hace varios años se manejan cifras distintas por las dependencias oficiales y por las organizaciones sociales. Incluso en la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa fueron encontradas fosas conteniendo restos de personas cuya localización no se había intentado.
El sistema constitucional mexicano construyó los mecanismos para asegurar la legitimidad electoral de gobernantes y representantes, sin embargo descuidó lo relacionado con el ejercicio controlado y responsable de sus funciones. El resultado está a la vista y el remedio también: para remontar la crisis habrá que relegitimar el poder, reformándolo. Todo lo demás son paliativos.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















