Por: Martín Hernández Alcántara.
Las violaciones a las garantías constitucionales y los derechos humanos de los presos políticos del morenovallismo serán materia de análisis en el Senado de la República, pues la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara Alta, Dolores Padierna Luna,
ha preparado un punto de acuerdo en el que se propone solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a fin de revisar la situación de los cautivos.
El punto de acuerdo hace tres planteamientos: el primero pide exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “a que en el ámbito de sus facultades y con pleno respeto a su autonomía emita un informe que documente la situación jurídica y de violaciones a los derechos humanos de los luchadores sociales que han sido detenidos en el estado de Puebla”.
El segundo punto plantea exhortar al Congreso del estado “para que en el ámbito de sus competencias solicite información, comparecencias y/o reuniones de trabajo con los titulares de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado para revisar la actuación que han tenido en las detenciones, procesamiento y encarcelamiento de los luchadores sociales”.
El último punto, de ser aprobado, pediría que los legisladores del Congreso de la Unión soliciten a sus homólogos poblanos que revisen “la pertinencia de realizar las modificaciones legislativas necesarias para la creación de un Consejo de la Judicatura en el Estado Puebla, que coadyuve al fortalecimiento del Poder Judicial en la entidad”.
En la exposición de motivos Padierna Luna pone como ejemplo las detenciones de la campesina Enedina Rosas Vélez y el activista Juan Carlos Flores Solís, presos por oponerse al gasoducto del Proyecto Integral Morelos, amén del caso de Abraham Cordero Calderón, quien lideró la resistencia al Arco Poniente.
En seguida menciona: “En todos los casos, sin importar la motivación o causa social que se defienda o enarbole, y simplemente por la oposición a las decisiones del gobernador, se ha establecido como regla el uso político del derecho y de las instituciones de procuración y administración de justicia, así como de defensa de los derechos humanos, en todos los casos documentados se ha evidenciado la fabricación de delitos, las falsas acusaciones de policías y empresarios ligados al gobierno, así como la validación de detenciones arbitrarias e ilegales, donde se han incluido resoluciones judiciales inverosímiles y violatorias de los derechos humanos.
“Como parte de la falta de mecanismos de control y vigilancia de la actuación de las instituciones y poderes del Estado se suma la falta de un Consejo de la Judicatura que inspeccione las actuaciones de aquellos juzgadores que se han prestado a la utilización política del derecho y al abuso de poder.
“Este tipo de abusos cometidos utilizando las instituciones públicas es considerado técnicamente por especialistas y mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos como una “desviación de poder”, donde el objetivo fundamental es proteger poderes económicos y políticos, utilizando la ley en detrimento de una persona o un grupo de personas interpretándola en su contra y atentando contra sus libertades y derechos.
“Con su actuación, el gobierno del estado de Puebla en su conjunto se encuentra vulnerando los derechos a la libertad, la integridad, el acceso a la justicia y al debido proceso de quienes participan activamente en las luchas sociales y reivindican el derecho a la consulta previa, libre e informada, a propósito de supuestos proyectos de desarrollo que los afectan directamente, además violenta los principios de los sistemas normativos indígenas basados en usos y costumbres, trasgrediendo con ello su propio mandato Constitucional local, la Constitución General de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
En otra parte señala que “de acuerdo con la documentación realizada por organizaciones civiles, grupos de abogados y familiares, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni el Poder Judicial del Estado han puesto límite a las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las instituciones que actúan al servicio del Poder Ejecutivo. Más bien, de acuerdo con las propias organizaciones, tanto el Poder Judicial como la Comisión de Derechos Humanos actúan al servicio del gobernador y legitiman las flagrantes violaciones a los derechos humanos que se han venido cometiendo durante todos estos meses contra activistas, defensores, autoridades indígenas y cualquier persona que públicamente se atreva a disentir con el titular del Ejecutivo del estado.
“Es decir, en Puebla, no hay ninguna institución que limite o evite las arbitrariedades cometidas por el gobernador.
“La persecución y el encierro que el gobierno de Puebla impone a activistas, defensores y autoridades indígenas es una respuesta violenta contra una diversidad de manifestaciones ciudadanas pacíficas en defensa del territorio, del patrimonio cultural y la identidad de los pueblos.
“En todos los casos, sin importar la motivación o causa social que se defienda o enarbole, y simplemente por la oposición a las decisiones del gobernador, se ha establecido como regla el uso político del derecho y de las instituciones de procuración y administración de justicia, así como de defensa de los derechos humanos, en todos los casos documentados se ha evidenciado la fabricación de delitos, las falsas acusaciones de policías y empresarios ligados al gobierno, así como la validación de detenciones arbitrarias e ilegales, en donde se han incluido resoluciones judiciales inverosímiles y violatorias de los derechos humanos.
“Como parte de la falta de mecanismos de control y vigilancia de la actuación de las instituciones y poderes del Estado, se suma la falta de un Consejo de la Judicatura que inspeccione las actuaciones de aquellos juzgadores que se han prestado a la utilización política del derecho y al abuso de poder.
“Este tipo de abusos cometidos utilizando las instituciones públicas es considerado técnicamente por especialistas y mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos como una ‘desviación de poder’, donde el objetivo fundamental es proteger poderes económicos y políticos, utilizando la ley en detrimento de una persona o un grupo de personas interpretándola en su contra y atentando contra sus libertades y derechos.
“Con su actuación, el gobierno del estado de Puebla en su conjunto se encuentra vulnerando los derechos a la libertad, la integridad, al acceso a la justicia y al debido proceso de quienes participan activamente en las luchas sociales y reivindican el derecho a la consulta previa, libre e informada, a propósito de supuestos proyectos de desarrollo que los afectan directamente, además violenta los principios de los sistemas normativos indígenas basados en usos y costumbres, trasgrediendo con ello su propio mandato Constitucional local, la Constitución General de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
Fuente: Jornada de Oriente.
















