Por: Aurelio Ramos Méndez.
Como si nuestro país no tuviese necesidades más apremiantes que la de financiar la política, o el precio del petróleo no estuviese en un tobogán y el riesgo de recortes presupuestales en áreas prioritarias fuese una engañifa, los partidos acaban de llevarse a la buchaca una insultante bolsa de 5 mil 356 millones de pesos.
Se apropiaron de esta partida con el indisimulable aval del los consejeros del INE, encabezados por
Lorenzo Córdova, y la justificación, inocente o mentirosa, de ponerlos a salvo de la tentación del dinero ilícito. Es decir, de ese dinero que de todos modos sus líderes y candidatos van a procurar o por lo menos no desdeñar, si les llega sin buscarlo.
En modo alguno es descabellado imaginarse a los dirigentes formales, caciques, gerentes y virtuales dueños de los diez partidos, descorchando champaña tras la asignación del financiamiento por los cuatro conceptos establecidos en la ley, a cual más inverosímil e inflado. Del gasto para campañas al de franquicias postales y telegráficas.
No era para menos. Es conocida la propensión a la buena vida con cargo al erario público de Ricardo Anaya, Gustavo Madero, César Camacho, Carlos Navarrete, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Jorge Emilio González, y aun los recién llegados al elenco, entre estos Iris Salomón y Javier Eduardo López, sin olvidar a Ricardo Monreal ni Andrés Manuel López Obrador.
Teóricos representantes de los ciudadanos, los consejeros electorales se afanaron menos en poner el dedo en la llaga purulenta de la codicia insaciable de los partidos y el exorbitante costo de nuestra democracia, que en fungir como asesores y consejeros de las cúpulas partidistas, a base de recomendaciones en materia de fiscalización y transparencia. Como si este aspecto no estuviese claramente establecido en la ley y debieran ser conocidos a fondo por quienes manejan las distintas formaciones.
Córdova sostuvo que el dinero para los partidos “no aumentó sino que se redistribuyó”, y les pidió a los dirigentes blindarse de la influencia de fuentes de financiamiento ilícitas, llevar registro cuidadoso sobre el uso de cada centavo y ser exigentes en la revisión de trayectorias de líderes y candidatos. Obviedades que, de ser soslayadas, obligan —con o sin consejo del INE— atenerse a las consecuencias legales.
“Para quienes dicen que el financiamiento público de los partidos es un distractor de recursos” del Estado, Ciro Murayama señaló que únicamente 12 centavos al día le cuesta a cada ciudadano “el que exista un sistema de partidos plural, que pueda permitir o que permite la coexistencia pacífica en el país”.
Con el cambio de fórmula para el financiamiento —agregó Murayama— esta vez fueron repartidos 5 mil 356 millones; pero en el pasado, con la fórmula anterior, la cifra hubiera ascendido a más de 7 mil millones de pesos. Gratitud eterna a quienes hicieron posible semejante ahorro.
A despecho, sin embargo, de lo que con grandilocuencia sugieren los consejeros del INE, y sin negar la importancia de los partidos, la democracia, la paz social y otros caros valores, el dinero público destinado a financiar la política es descomunal y resulta ofensivo frente al cúmulo de necesidades sociales apremiantes.
Más aún, los recursos entregados a los partidos son virtualmente tirados al cesto de la basura, a la luz del derroche y la corrupción del grueso de nuestra clase política, acostumbrada a la grilla entre lujos, en las mejores condiciones, los restaurantes más caros, las bebidas más sofisticadas, camionetas del año, hoteles cinco estrellas, ejércitos de ayudantes…
Ni buscando con afán en los lugares más remontados puede encontrarse alguien que haga política por vocación, sin retribución económica, desde la base, en la plaza pública y la calle, cargando ladrillos, pegando carteles.
Lo de ahora es la política a sueldo, con costosos spots en la televisión y la radio —propiedad de todos, pero explotadas como patrimonio privado, mediante concesión—, encuestas por encargo, call centers y redes sociales adulteradas, equipos de tuiteros de a tanto las 40 palabras, capaces de forjar o destruir prestigios en pocos minutos.
El financiamiento público en demasía ha pervertido por entero la actividad política y —los hechos hablan— no ha servido para inhibir la entrada de financiamiento proveniente de fuentes oscuras.
Irresoluble aún el caso Iguala, que tiene en vilo el país entero y donde José Luis Abarca burló, a la luz del día y con las complicidades más altas, todos los candados electorales para pasar de pelagatos a rico empresario y señor alcalde, abogar por el presupuesto del Estado como medio para inhibir la entrada de dineros calientes resulta —para decirlo con palabras tiernas— candoroso y conmovedor.
Era hora de levantarles la canasta a los partidos adictos a la ubre estatal. Pero, en lugar de eso, sobrevino la gorda piñata con casi 5 mil 500 millones de pesos repartidos entre justificaciones, tan insostenibles como sospechosas, de defensores de oficio de las fuerzas que el 7 de junio se disputarán unos 2 mil 200 cargos.
Cargos a los cuales se llegará con dinero para poder hacer más dinero, objetivo único de la mayoría de los aspirantes, muchos de los cuales ya ofrecen el indignante espectáculo de dejar inconclusa una tarea para buscar, a punta de codazos y patadas en las canillas, otra más rentable.
¡Inmejorable estreno de nuestra enésima reforma electoral!
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Fuente: Crónica.
















