Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
Bajo el lema de que el Distrito Federal ponía en marcha el sistema de juicios orales, el procurador capitalino, Rodolfo Ríos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías, pusieron en marcha un sistema para que se resuelvan de otra manera las denuncias por delitos no graves. Tal es el caso, por ejemplo, de lesiones que no ponen en peligro la vida, fraude,
hostigamiento sexual, allanamiento de morada, violación de correspondencia, robos de cuantía menor, ataques a la vía pública, amenazas, entre muchos otros. Estos casos se resolverán a través de procesos de mediación y conciliación. Ya no se va a tratar de que se juzgue y sancione con cárcel a quien los comete. Lo que ahora se va a maximizar es que exista un acuerdo que repare el daño a la víctima.
Esta es una muy buena noticia para los que habitamos esta ciudad. No hace ningún sentido sancionar con cárcel este tipo de conductas. Hay que diferenciar, en términos de sanciones, a quien se roba un pan dulce de quien secuestra o mata a otra persona. Es un principio elemental de justicia.
Sin embargo, con toda la relevancia en términos sociales que tiene esta reforma, me temo que no llega al corazón de la transformación que necesita el sistema de procuración e impartición de justicia. Por la categoría, más mediática que jurídica, de “sistema de juicios orales” yo entiendo la transformación de un sistema de persecución y enjuiciamiento penal autoritario a uno propio de un régimen democrático.
En las coordenadas de un régimen autoritario con baja incidencia delictiva como fue el caso de México hasta la década de los ochenta, la función principal de la Procuraduría no fue la de la investigación y persecución criminal propiamente, sino la de ser el aparato coactivo del régimen político. En este sentido, las procuradurías estatales y federal, y no las Fuerzas Armadas propias de las dictaduras militares, constituyeron la principal amenaza creíble de castigo a los detractores del régimen o a los que desafiaban a los amigos del poder. Ello exigía una institución que funcionara con enormes márgenes de discrecionalidad política y con una fuerte disciplina interna por parte de la policía y los ministerios públicos con la cabeza de la institución. Asimismo, dicho aparato coactivo requería de un Poder Judicial débil y sumiso que simplemente se dedicara a avalar las acusaciones del MP y cerrara los ojos a la arbitrariedad.
La policía judicial fue (y es) la pieza clave del sistema. Podía detener a cualquiera, torturarlo y armar una acusación. El MP le daba “forma legal” a la arbitrariedad, a través de integrar un expediente con un montón de papeles. El juez era un simple ratificador de la acusación penal del MP, no ejercía ningún tipo de control a la policía, ni tampoco era un arbitro imparcial entre el acusado y el MP.
Hoy ese mismo sistema funciona más o menos igual pero en un contexto de alta incidencia delictiva y enorme descentralización del poder. Ello hace que beneficie a quienes lo pueden manipular y corromper. La vieja disciplina interna de policías y MPs con la cabeza de la institución se resquebrajó. Ahora, en mayor o menor medida, policías, MPs y jueces tienen formas de vender impunidad o fabricar culpables.
Posiblemente queremos que ello cambie pero no estamos dispuestos a asumir los costos. Por un lado, están quienes piensan que, en un contexto de alta incidencia delictiva, contra los delincuentes debe valer todo. Los derechos de debido proceso del acusado son meros formalismos legales de los abogados. Lo que cuenta realmente es atraparlos. La calidad de las acusaciones y los juicios no hacen sentir más seguro a nadie. Por otra parte, están los que no les conviene una reforma de fondo al sistema penal. En México miles de pleitos de deudas, de familia o entre políticos se resuelven porque se utiliza el sistema penal y la cárcel como amenaza para someter a la contraparte. Hay muchos interesados en que ello no cambie.
Bajo estas coordenadas, lo que sucede con la reforma “de juicios orales” es lo que vemos en el DF: las salidas alternas en delitos menores, que hacen mucho sentido, pero dejan intacto el corazón autoritario de la justicia penal en México y los intereses que éste protege.
Fuente: Reforma.
















