Por: Alfonso Zárate.
¿Qué distorsiones en nuestra vida pública, en nuestra democracia balbuceante y en el sistema de partidos, permiten que figuras insignificantes puedan alzarse con representaciones mayores?
En la tierra de Belisario Domínguez, el valiente patriota que pagó con su vida la osadía de impugnar al usurpador Victoriano Huerta,
y en donde hace veinte años irrumpió una rebelión indígena para recordarnos que no era cierto que habíamos dejado atrás el subdesarrollo, Manuel Velasco Coello exhibe su poquedad al hacer escarnio público de uno de sus colaboradores: la “cachetada” del señor a su vasallo.
Debieron pasar muchos días y, sólo después de que la videograbación y la censura pública circularan profusamente en las redes sociales, se montó otra de las farsas a las que es tan afecto el gobernador “verde”: la ceremonia del desagravio, un acto ridículo que terminó con el apapacho y el beso de Luis Humberto, extrañamente confianzudo, a su superior.
En México abundan historias y leyendas sobre los excesos de los poderosos. Las crónicas de personajes atrabiliarios como Maximino Ávila Camacho o Gonzalo N Santos han sido retratadas en novelas y películas; además de ello, muchas pequeñas historias -por ejemplo, la manera en que terminaban las huelgas, a balazos- permanecen en la memoria colectiva. Sin embargo, a partir de los años cuarenta los presidentes jalaron las riendas a esos rescoldos de la lucha armada que fueron los caciques, convertidos en señores de horca y cuchillo en anchos territorios.
Desde el centro político de la nación, el titular del Poder Ejecutivo decidía su designación o permanencia; y cuando algún gobernador o ex gobernador se pasaba de la raya, se operaba el cese fulminante, como lo aprendieron duramente Carlos Armando Biebrich, de Sonora, o Manuel Sánchez Vite, de Hidalgo. La Secretaría de Gobernación, las Fuerzas Armadas, la PGR, los órganos de inteligencia civil del Estado y la Secretaría de Hacienda, eran los instrumentos para “imponer el orden”.
Pero la alternancia en la Presidencia del año 2000 dejó los hilos sueltos. Ante el sometimiento de los otros poderes (Legislativo y Judicial), de medios de comunicación intimidados o comprados, y la precariedad de la sociedad civil, la mayoría de los gobernadores se dedicó a abusar, a enriquecerse y gastar sin sentido. Los ejemplos abundan: Coahuila, de los Moreira; Tamaulipas, de los Yarrington, Hernández y Torre Cantú; Veracruz, de Fidel Herrera y Duarte; Guerrero, de los Figueroa…
Con el regreso del PRI a la Presidencia se han restaurado algunas de las atribuciones metaconstitucionales del titular del Ejecutivo, como la de depositar en él la decisión última sobre quiénes serán los candidatos a gobernadores.
Convertido en el gran selector dentro de su partido, el Presidente de la República no tiene necesidad de explicar sus decisiones. Lo que se intuye es que privilegia la cercanía sobre la trayectoria. Pero, también, la capacidad real o imaginaria del aspirante para ganar la elección, lo que se favorece por la precaria cultura cívica de muchos ciudadanos que optan por un candidato a partir de la conexión instantánea que genera con su audiencia.
No es un fenómeno mexicano, lo mismo ocurre en muchas partes del mundo; sobre todo en Estados Unidos, país que ostenta una de las democracias más consolidadas. De allí la decisión de partidos como el Verde Ecologista de contratar a actores de televisión para anunciarse o, en el colmo, de postular candidatos supuestamente “telegénicos” como Velasco Coello, aunque se trate de personajes anodinos, frívolos, corruptos o ayunos de la mínima experiencia de gobierno. El objetivo es ganar la elección, no perfilar un gobierno honesto y eficaz ni, mucho menos, rendir buenas cuentas. De allí la persistencia del atraso que no logran ocultar los destellos de modernidad.
Fuente: Azdiariio.mx
















