Por: Redacción.
CHILPANCINGO, Gro.- Miles de personas invadieron hoy la Autopista del Sol, que comunica a la Ciudad de México con el puerto de Acapulco, para reclamar la aparición con vida de los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa y exigir la salida del Ejército del estado de Guerrero.
La marcha, que obstaculizó por varias horas el tránsito por uno de los carriles de la vía, es “la llama viva de la inconformidad social que ha causado la desaparición”, afirmó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala.
“La llama permanece encendida para exigir la presentación con vida de los desaparecidos. Con esta manifestación estamos mostrando la contundencia de este movimiento social guerrerense”, señaló durante la protesta.
Liderados por los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado, unas 20,000 personas partieron cerca del mediodía desde la estatua de El Caballito de Chilpancingo, capital de Guerrero, rumbo a Acapulco.
En la primera línea de la marcha, como ocurre desde hace cuatro meses en las movilizaciones que reclaman justicia en este caso, los manifestantes portaban grandes fotografías de cada uno de los alumnos desaparecidos con la leyenda: “Vivo se lo llevaron, con vida lo queremos”.
Con sombrillas y pañuelos en la cabeza, los manifestantes apaciguaron el intenso sol que los acompañó a lo largo del recorrido, que culminó con un mitin a la altura del Hotel Parador del Marqués.
El portavoz de los padres de los desaparecidos, Felipe de la Cruz, dijo que no descansarán hasta lograr esclarecer la desaparición forzada de los alumnos.
“Si es necesario vamos a ir a cada rincón del mundo a exigir justicia”, advirtió.
Los manifestantes también exigieron el retiro de Guerrero de los militares y policías federales, a los que acusaron de “hostigar” a los integrantes del movimiento que reclama la aparición de los alumnos.
Ante instalaciones del Ejército, los manifestantes hicieron un mitin en el que volvieron a asegurar que militares estuvieron involucrados en la “desaparición forzada” de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa (Guerrero), algo que el gobierno niega tajantemente.
“Ya denunciamos en Suiza el hecho y se condenó al gobierno de (el presidente mexicano) Enrique Peña Nieto, por desaparición forzada; estamos en espera de que se emita (por parte de la ONU) una recomendación”, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, que amenazan con impedir los comicios intermedios de junio próximo.
El 2 de febrero los padres de los desaparecidos, cuyo drama sigue provocando movilizaciones en México y varias partes del mundo, relataron en Ginebra (Suiza) ante el Comité Desaparición Forzada de las Naciones Unidas el calvario que han sufrido y su interpretación del desempeño del Estado mexicano, al que califican como “inepto”.
“No claudicaremos, pese a las amenazas de los gorilas militares y pese a las amenazas de la Policía Federal”, dos “instituciones putrefactas y corrompidas que ya no son una alternativa”, señaló Rosales.
Los familiares de las víctimas reclaman al Gobierno que investigue el papel del Ejército en los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala, pues al menos una decena de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa aseguran que los militares participaron.
El Gobierno ha insistido en que fuerzas federales no participaron en los hechos, pero hace varias semanas aceptó abrir los cuarteles para que los familiares busquen a los jóvenes desaparecidos.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pidió hoy a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una copia de las fotografías y registros que tomaron miembros del Ejército, el 26 de septiembre, a los normalistas en Iguala.
Además, solicitó a la Sedena información sobre “la bitácora y todos los informes con los que cuente de los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes”.
“Si no se puede dar las copias simples, requiero una versión pública por ser un tema de relevancia y aplicarse la máxima publicidad”, señaló el organismo.
En la movilización de este jueves, los padres también reiteraron su advertencia de que no dejarán realizar las elecciones del próximo 7 de junio, en las que en Guerrero se elegirá gobernador, los miembros del Congreso y 81 cargos locales.
En el mitin se respaldó, además, a los pobladores de la comunidad de Petaquillas en Chilpancingo, quienes el pasado fin de semana exigieron la salida del Ejército de su demarcación y avalaron la vigilancia de policías comunitarios.
Según la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), los jóvenes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías locales y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos tras una serie de ataques a tiros en los que murieron seis personas.
De acuerdo con integrantes de Guerreros Unidos detenidos, los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero del municipio vecino de Cocula, al creer que se trataba de miembros del cártel rival Los Rojos.
Los familiares rechazan esta versión y exigen a las autoridades la presentación con vida de sus hijos. Una representación de ellos viajó esta semana a Ginebra para denunciar al Gobierno mexicano por este caso ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.
Los inconformes refrendaron su advertencia de boicotear el proceso electoral, debido a que sólo se trata de un reacomodo de “la mafia política coludida con el narco” para seguir controlando la entidad y encubriendo sus crímenes, denunció Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos.
La protesta por Ayotzinapa se convirtió en un reproche de diversos sectores sociales en contra de la política del presidente Enrique Peña Nieto, debido a que a la movilización se sumaron contingentes de docentes del magisterio institucional, a quienes no les han pagado su salario desde el mes pasado porque el gobierno federal no reconoce más de 12 mil plazas otorgadas “sin techo presupuestal” por los exgobernadores René Juárez Cisneros y Zeferino Torreblanca Galindo.
Maestros democráticos claman justicia por Ayotzinapa en Chiapas, Oaxaca y Michoacán
Como parte de la jornada de protestas convocada a nivel nacional, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educción (CNTE) clamaron en Chiapas, Oaxaca y Michoacán por justicia en el caso Ayotzinapa, Guerrero, y denunciaron la “farsa electoral”, aparte de que bloquearon o tomaron sedes legislativas.
En Chiapas, unos 5 mil maestros de la sección 6 salieron a las calles y culminaron su movilización con la toma del Congreso estatal.
Alberto Mirón, uno de los líderes de la CNTE en la entidad, dio a conocer que la toma del Congreso sólo duró ocho horas, según lo acordado, y que la protesta se hizo coincidir con el aniversario de la promulgación de la Constitución con el fin de exigir al gobierno federal cumpla las leyes y deje de violentarla con sus “reformas estructurales”.
También indicó que los docentes empezaron el año con una serie de movilizaciones que se prolongarán todo el 2015, sobre todo coordinados con los padres y alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa para seguir exigiendo la aparición con vida de los 42 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado.
Hustein Ramos, de la sección 7, expuso que mantienen el plan de boicotear las próximas elecciones, tantos las federales para elegir 12 diputados en Chiapas como las locales para definir 122 alcaldes y 41 legisladores locales.
Luego señaló que la “farsa electoral” no ha servido para poner a buenos servidores públicos y representantes populares al servicio del pueblo; por el contrario, la clase política mexicana —y en particular la chiapaneca— está pervertida y corrupta, pues en nada responde a los intereses de los mexicanos, a quienes manipulan y engañan con programas sociales.
Bloquean sede legislativa en Oaxaca
Maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educción (CNTE) bloquearon este jueves los accesos del Congreso local.
Como lo acordaron en asamblea, a partir de las 8 de la mañana profesores de la región de los Valles Centrales acordonaron el recinto legislativo, situado en el municipio de San Raymundo Jalpan, y resaltaron que esa acción tiene como objetivo exigir respuesta a sus demandas.
Entre ellas destaca la aprobación de la Ley Estatal de Educación, de acuerdo con los resultados obtenidos en los 37 foros realizados en la entidad, así como la libertad de presos políticos, el pago inmediato de salarios atrasados y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
El vocero de la Sección 22, Mohamed Otaqui Toledo, precisó que en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, los maestros acordaron realizar protestas en todos los congresos estatales.
Ante la advertencia de los mentores, los diputados decidieron suspender la sesión y desalojar al personal de intendencia y seguridad.
Movilización en Michoacán
Integrantes de la CNTE en Michoacán salieron de nuevo a las calles de Morelia para protestar por el caso Ayotzinapa y exigir “juicio político y cárcel” contra el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, y Juan Díaz, líder nacional del SNTE.
El contingente realizó una marcha de las instalaciones de la Secretaría de Educación en Michoacán hacia el centro de Morelia.
Durante la protesta, los inconformes exigieron claridad en las investigaciones del caso Ayotzinapa y pidieron “juicio político y cárcel” contra Peña Nieto, Chuayffet y Juan Díaz por “traición de la patria, corruptos y asesinos”, se advertía en algunas de las mantas de los profesores.
Luego, la columna de maestros se detuvo frente a la sede del Congreso local, donde realizaron un mitin, y sobre la fachada del inmueble pegaron cartulinas en las que escribieron consignas contra el gobierno y para exigir solución a diferentes demandas.
Entre ellas destaca la intervención del gobierno estatal para que la organización priista Antorcha Campesina “saque las manos” de las escuelas que controla la CNTE.
Por su lado, la sección 18 reportó que al menos cuatro escuelas en Morelia están tomadas por antorchistas que exigen la destitución de maestros o modificaciones en el plan de estudios.
Más tarde, la CNTE resaltó que en la jornada de protesta de este jueves en Morelia participan docentes de 15 municipios de la entidad.
En Bruselas, el Parlamento Europeo demanda al Gobierno de Peña Nieto no cerrar las investigaciones de Ayotzinapa
En presencia de los padres de dos normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, miembros de diversos signos ideológicos que participaron en la sesión del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo exhortaron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a que no cierre las investigaciones del caso.
Lo anterior en respuesta a las declaraciones del procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que el pasado 28 de enero dio por hecho que los cuerpos de los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, versión que calificó de “verdad histórica”.
“No hay una investigación pericial de las armas; no hay pruebas balísticas; todo está basado en declaraciones, y nadie ha contrastado la versión oficial”, lamentó la eurodiputada verde alemana Bárbara Lockbihler, quien fue presidenta del subcomité en la pasada legislatura.
“Si hay algo que podemos hacer en el Parlamento Europeo es pedirle al gobierno mexicano que no dé por cerrado el caso”, expresó el eurodiputado español y presidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, Ramón Jaúregui, como también lo señaló su compañero del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, José Blanco, para quien “no debe cerrarse el caso mientras exista una duda sobre lo que pasó”.
No obstante, los dos eurodiputados consideraron que el gobierno mexicano había actuado de manera adecuada en las investigaciones, y que había que “reconocer que el gobierno mexicano no había permanecido impasible” frente a “una barbarie de tal dimensión”.
Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján de la Cruz, e Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, viajaron a Bruselas en compañía de la coordinadora de área internacional de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, María Luisa Aguilar, y de la coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Stephanie Erin Brewer, pidieron que se esclarezcan los hechos ocurridos hace cuatro meses, con investigaciones “reales”.
Anteriormente, Bernabé Abraján e Hilda Legideño, cuyos hijos siguen desaparecidos desde el 26 de septiembre, cuando fueron atacados y desparecidos por la policía de Iguala, acusaron al gobierno peñista de estar engañándolos y de no querer investigar realmente sobre el paradero de los desaparecidos.
Explicaron las inconsistencias de la versión oficial y afirmaron haber perdido la confianza en el gobierno mexicano, el cual, acusaron, los está reprimiendo para acallarlos, por lo que pidieron al Parlamento Europeo apoyarlos para exigir al presidente Peña “que se haga justicia”, que incluya el enjuiciamiento del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Legideño respondió a Jáuregui y Blanco que el gobierno mexicano “viene a expresar aquí una cosa y allá (en México) hace otra”, y que las acciones que difunde en Europa sólo existen “en el papel”, no en la realidad.
El grupo de los verdes y el de la Izquierda Unitaria (IU) insistieron en que el gobierno mexicano es responsable, y no víctima de los hechos. Javier Couso, de IU, estimó que el Estado mexicano está involucrado “por omisión o comisión” en la ejecución de las desapariciones y en su encubrimiento. Por esa razón, solicitó que el Parlamento Europeo exija al gobierno peñista que garantice la seguridad de los estudiantes sobrevivientes, las familias de las víctimas y los abogados que los defienden.
El embajador ante la UE, José Gómez Camacho, afirmó que el caso “no está, ni estará cerrado” hasta que se detenga a los prófugos y se concluyan los dictámenes genéticos de la Universidad Médica de Innsbruck.
Y como lo ha hecho en repetidas ocasiones, insistió una vez más en que el gobierno ha actuado con “apertura y transparencia, así como con “determinación y contundencia” y movilizando “todos los recursos” del Estado. El resultado, aseguró, es una investigación “sin precedente” que hasta el momento suma 99 personas detenidas.
Al término de la reunión, el subcomité acordó solicitar a la Unión Europea (UE) que financie una “investigación independiente” sobre el caso y que apoye económicamente a los familiares, a través de los recursos que dispone para la cooperación en materia de derechos humanos con México.
Los eurodiputados solicitarán que, para ese propósito, se canalice “la mayor parte” del presupuesto que maneja la Delegación de la UE en México, el cual asciende a un millón de euros aproximadamente.
La presidenta de tal instancia del Parlamento Europeo, la española Ana Valenciano, tomó nota de la decisión y giró órdenes para que sea formalmente redactada la petición, la cual deberá ser estudiada por los expertos en cooperación de la Delegación de la UE en México.
Una fuente del Servicio Europeo de Acción Exterior comentó que muy probablemente será aceptada la iniciativa europarlamentaria, ya que así se enviaría una señal positiva del compromiso de la UE con los derechos humanos.
Si fuera el caso, el dinero provendría de los fondos del esquema de financiamiento de la sociedad civil y tendría que ser encauzado a través de un organismo, como una organización de derechos humanos, que presente un proyecto adecuado de investigación independiente en el marco de una convocatoria previa.
IFAI ordena a Sedena entregar fotos y documentos sobre el caso Ayotzinapa
El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) resolvió el primer recurso de revisión relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar a un particular, en versión pública, fotografías y registros tomados a los estudiantes por el Ejército mexicano el pasado 26 de septiembre.
La Sedena también deberá entregar la versión pública de las bitácoras y todos los informes con los que cuente sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes.
El organismo de transparencia federal revocó la incompetencia alegada por la Sedena a un particular a quien le sugirió dirigir su petición a la Procuraduría General de la República (PGR).
Fuente: Por Esto.
















