Por: Eduardo R. Huchim.
La clase política ha convertido a México en una república de la corrupción, en un territorio de la impunidad y en un reino de la simulación. Ha contado con la complicidad de parte del empresariado y por ello son relevantes el Código de Integridad y Ética, planteado recientemente por el Consejo Coordinador Empresarial,
y las reflexiones autocríticas de su presidente, Gerardo Gutiérrez Candiani.
En esta república de la corrupción, a los funcionarios públicos les es posible recibir regalos inmuebles de constructores a los que antes y después les otorgan contratos de miles de millones de pesos, sin que el laberíntico entramado normativo permita la punición. Así, en 2009 la ASF sumó 40 denuncias penales contra funcionarios públicos y ninguna prosperó (Arturo González de Aragón, ex ASF, a Aristegui-MVS, 05/02/15). De una y mil formas la corrupción erosiona el Estado de derecho, frena inversiones y daña prerrogativas del ciudadano, entre otras funestas consecuencias. No es exagerado decir que si Cristo repitiera en México el milagro de las bodas de Caná, el maestresala ordenaría servir un caldo adulterado y lucraría con el vino milagroso.
En este territorio de la impunidad, es posible que desde el poder y con dinero público se cree un banco privado y se dilapiden recursos presupuestales en acueductos que nadie quiere, en pensiones excesivas de privilegiados petroleros o en pagar a miles de supuestos maestros que nunca han estado frente a un grupo. La impunidad no beneficia sólo a los servidores públicos. También a otro tipo de delincuentes, como lo acreditan estos datos contextualizados por el ministro José Ramón Cossío Díaz: “Más preocupante aún que la cifra delictiva -si cabe- es la llamada ‘cifra negra’ reportada en la Encuesta ENVIPE, la cual arrojó que en 2013 únicamente se denunció el 9,9% de los delitos, y de ellos sólo en el 62,7% de los casos se inició averiguación previa. Ello implica que de los 33,1 millones de delitos cometidos en el país en ese año, sólo en el 6,2% de los casos se inició investigación. Lastimosamente, en prácticamente la mitad de éstos no sucedió nada con la averiguación o la denuncia no fue resuelta…” (El País, 07/11/14).
En este reino de la simulación, el Presidente puede salir a pedirle a un secretario suyo que investigue sus evidentes conflictos de interés, a sabiendas de que el secretario no lo hará, como éste lo precisó de inmediato alegando falta de atribuciones. No obstante, el jefe de Estado, que extraña el aplauso al hacer el anuncio simulador, es felicitado por los gobernadores acuerpados en su agrupación y hasta por un bien intencionado senador de oposición que calificó el hecho como un “buen primer paso”. En el colmo de la simulación, el vocero de una organización presumiblemente promotora de la transparencia es capaz de decir que el Presidente ha pasado ¡a la ofensiva! en el combate a la corrupción.
Frente a todo esto, es inevitable una sensación de impotencia. ¿Qué hacer?
¿Qué hacer si grandes porciones de la sociedad son parte del estado de corrupción y visualizan como logros legítimos lo que es resultado de ilegalidades y latrocinios?
¿Qué hacer si en el electorado hay quienes dan su voto a cambio de pantallas de tv y/o láminas o despensas, sin percatarse de que los recursos para pagarlas proceden no del partido en el poder, sino del presupuesto fondeado por los contribuyentes?
¿Qué hacer si el Congreso de la Unión, atrapado en sus moches, bonos y el perpetuo quid pro quo, es incapaz de oponerse a los excesos del Ejecutivo y, en cambio, tolera que emisarios presidenciales asuman funciones legislativas, mientras las cámaras se convierten en eminentes tutoras de impunidades del Presidente, los gobernadores y otros servidores públicos?
¿Qué hacer? Quizá mirar a España y el fenómeno de Podemos, el partido que -nacido de la indignación- hoy disputa el poder a las principales fuerzas políticas. Quizá pedirles a los jóvenes de todos los estratos sociales que repitan y amplifiquen el movimiento #YoSoy132 y se conviertan en un motor de movilización y organización. Quizá promover las redes de contraloría social autónoma, las auditorías forenses y otras medidas que propone Edgardo Buscaglia en Vacíos de poder en México (Debate, 2013). O quizá todo eso junto.
Lo que está claro es que de las instituciones públicas -erosionadas, inconfiables, timoratas- no se puede esperar mucho. La sociedad tiene que actuar y rescatar al Estado de manos de quienes lo mantienen secuestrado y lo envilecen con corrupción, impunidad y simulación.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















