Por: GABRIEL ORTIZ SALGADO.
@GabrielOrtizS_
La justicia no se aplica de manera pareja para todos.
¿Por qué Aguirre sí y Murat no? ¿Por qué Ebrard sí y la primera dama y Videgaray no? ¿Por qué Elba Esther sí, pero Romero Deschamps no? ¿Por qué miles de mexicanos sí, pero los Moreira, los Montiel, los Yarrington, los Hank Rhon, los Bribiesca Sahagún no? No es un ejercicio de justificación de unos,
ni acusación de otros, ni de nombres o personajes, simplemente en México la justicia es selectiva, la impunidad se vive al margen de la ley, como reza el refrán: “La ley para mis amigos y la cárcel para mis enemigos”.
¿Cuántos casos de corrupción hemos vivido los mexicanos, tráfico de influencias, conflictos de interés, contratos que por su monto deberían ser licitados y sucede lo contrario, son adjudicados?,¿Cuántos líderes sindicales se enriquecen y mientas sirven al poder no se les toca, y cuando ya no le sirven al sistema, son encarcelados? Esa es la impunidad que se vive día a día en este país.
Ahí están los casos documentados de corrupción y de impunidad, el Fobaproa, el Pemexgate, el caso Monex, Oceanografía, “La Casa Blanca”, “La Casa de Malinalco”, y simplemente no pasa nada, no hay consecuencias jurídicas, la justicia no se aplica de manera pareja para todos, aunque tampoco se trata de que “o todos coludos o todos rabones”, o que es mejor que se detenga uno, y no que todos estén libres, lo correcto es que se investigue hasta las últimas consecuencias legales, y si es el caso, se deslinde responsabilidad y se enjuicie a todos los que formaron parte de la conducta antijurídica.
Pero algo no está bien cuando en la resucitada Secretaría de la Función Pública (por sus siglas SFP), dependencia del Poder Ejecutivo Federal, el nombrado titular, con la instrucción de investigar al Gobierno Federal por los nexos que tiene con Grupo Higa, difícilmente podrá sancionar al que lo nombró, ya que el Presidente de la República no puede ser juzgado salvo por traición a la patria y no por conflicto de interés, mientras que el conflicto en comento, solo atañe a servidores públicos y Angélica Rivera no es servidora pública, respecto del Secretario de Hacienda, quien compró una casa a Grupo Higa, no otorga contratos, ya que es facultad de otras dependencias gubernamentales, por lo que la ley no permite vincular a Videgaray con delito de conflicto de interés, por lo que no habrá secuelas jurídicas y los exonerará, lo que sí, es que no es una solución a la grave enfermedad de corrupción que tiene este país.
Algo no está bien, cuando un Procurador General de la República se encuentra ya cansado ante el cuestionamiento de periodistas y reporteros sobre el caso de los 43 alumnos desaparecidos. Algo no está bien, cuando un Presidente de la República se acongoja por no ser aplaudido, pero cómo aplaudir un crimen de lesa humanidad cometida por el Estado y las desapariciones forzadas siguen prevaleciendo, cuando el hostigamiento político existe, cuando periodistas son asesinados o amenazados, cuando los gasolinazos siguen afectando la economía de millones de mexicanos, definitivamente algo no está bien y no hay motivos por qué aplaudir.
El nuevo golpe hacia el ex gobernador de Guerrero, con la detención de familiares y amigos, presuntos responsables por el desvío de más de doscientos millones de pesos provenientes de recursos federales, es plausible, si es que eso realmente sucedió, porque nos sumamos como ciudadanos, a que los recursos públicos deben ser usados para beneficio del pueblo, no de los bolsillos de funcionarios o particulares y el que atente contra el dinero del pueblo, debe ser sancionado.
Pero el problema de México siempre ha sido que cuando la política toca la puerta, la justicia sale por la ventana, y todo resulta en golpes mediáticos más allá de actos meramente jurídicos, y ahí están los casos Ahumada, el Michoacanazo y el de Greg Sánchez.
Por eso debemos caminar a que ya no exista esa inevitable presión del poder político sobre el poder judicial, pero no se hace nada para revertir la situación, no solo bastan buenas intenciones, porque el que lo ha intentado, ha pagado caro el precio de su osadía, pues el dueño del poder no duda en eliminarlo del sistema, lo que solo se podría lograr con una justicia independiente, comprometidos plenamente con el estado de derecho y sancionar a los servidores públicos que parecen no tener limites en sus ambiciones de enriquecimiento personal sin importarles el pueblo que los ha elegido.
Fuente: SDPNOTICIAS.COM
















