Por: Redacción.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le propinó el viernes al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto una tunda por su incapacidad para atajar y resolver uno de los problemas más serios de la historia reciente de México:
la desaparición de decenas de miles de personas que, por si fuera poco, han sido víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado.
El grueso del análisis de ese grupo de expertos se concentra en el fracaso de la actual administración para investigar esos miles de casos y, lo que es aún peor, para dejarlos sin resolución alguna. “El comité se muestra preocupado por la impunidad respecto a los numerosos casos denunciados por desaparición forzada y que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”, destacó el informe.
Para la ONU, el gobierno peñista no ha podido siquiera establecer las cifras de desaparecidos, lo que se evidenció desde el pasado 3 de febrero cuando representantes de México comparecieron ante ese comité en Ginebra y, ante las insistentes preguntas deLuciano Hazan y Rainer Huhle, relatores de la organización mundial, respondieron con ambigüedades.
Los expertos de la organización plantearon la urgencia de un registro de víctimas que debe “reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida y lugar y fecha de desaparición”, y también “incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estatales”.
Además exhortó para que dicho registro contenga “datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada aún cuando hayan sido esclarecidos” y “ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera permanente”.
Entre otros puntos, el comité se refirió al caso Ayotzinapa, cuyas conclusiones fueron entregadas recientemente por Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y quien las calificó de “verdad histórica”, lo que fue interpretado por defensores de derechos humanos, abogados, especialistas forenses y los padres y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos, como un intento por dar “carpetazo” a la investigación y cerrar el caso en definitiva.
“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, alertó la ONU.
Amnistía Internacional (AI) reaccionó el viernes a las exigencias del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU a México para “redoblar sus esfuerzos” ante las desapariciones “generalizadas”, y expuso que es “una señal de alerta sobre la trágica desaparición de miles de personas” en el país.
“Son más de 22 mil 600 los casos de personas desaparecidas o en paradero desconocido que se han dado en México en los últimos 20 años”, planteó la directora de AI para América, Erika Guevara Rosas, en un comunicado.
“Las recomendaciones del gobierno mexicano no pueden ser simples palabras huecas, sino que deben dar lugar a un cambio tangible y urgente en las políticas y las leyes para abordar esta situación crónica. Es hora de que las autoridades respondan a esta tragedia”, añadió.
Este regaño y advertencia de la Organización de las Naciones Unidas se suma a otros, originados desde diversos organismos, asociaciones y gobierno, que alertan sobre la opacidad y la falta de transparencia del gobierno de México en prácticamente todos los rubros de su accionar.
El problema es mayúsculo ya para la administración del Presidente Peña Nieto, que, ya sea por inacción, por percepción ante la forma en que ataja las crisis, o por ineficacia de su gabinete incluso, está sumido en una falta de credibilidad ante el mundo. No se cree en lo que dice ni en lo que promete y esto significa un riesgo mayor, porque los costos de la desconfianza no sólo se los llevará él, su equipo y su partido, sino que gran parte del pago de esa cuenta se hará, una vez más, a costillas de la sociedad en México.
Fuente: Sin Embargo.
















