Por: Juan José Huerta.
Mucho se sigue insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas para revertir el actual desánimo nacional y la sensación inacabada de crisis, originados en una combinación de causas: economía estancada y falta aguda de oportunidades de trabajo digno, bárbara criminalidad e inseguridad, corrupción omnipresente,
escasa respetabilidad de la clase política y los gobiernos, concentraciones excesivas de fuerza en poderes fácticos, como empresas de televisión o grandes corporaciones contratistas o inmobiliarias, que atienden sólo a sus propios intereses. Y, como bien expresa Víctor Flores Olea: “situación tanto más grave que tal crisis no se explicaría sin la participación activa o pasiva de buena parte de la ciudadanía” (“México: una crisis multidimensional”, La Jornada, 16 feb 2015).
Pero un elemento hacia el cual se canaliza un gran parte de la percepción de crisis, el gobierno federal, que debiera ser crucial en dirigir los esfuerzos para salir del embrollo, se ha quedado pasmado en difundir, en continuos actos, declaraciones y propaganda oficial, una visión color de rosa de la situación, lo que es contrario a la percepción generalizada de la ciudadanía, de expertos y de corporaciones, públicas y privadas. Así, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asevera que “nuestro país está en los mejores niveles de seguridad de los últimos 10 años”, en lo que coincide Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, por lo que asegura que “es necesario que nos demos cuenta de que vamos por el camino correcto”. De inmediato fueron cuestionados por especialistas y, en todo caso, no es posible desconocer que en los 25 meses del actual gobierno se han reportado un total de casi 36 mil homicidios dolosos, de los cuales unos 20 mil serían ejecuciones relacionadas con el crimen, casi 15 mil extorsiones y más de 3 mil secuestros.
En la parte económica, desde el gobierno federal se insiste en la justificación perenne de las “reformas estructurales” y en que sus positivos efectos llegarán pronto a los más necesitados en este país, se presumen cifras record de empleos, sin que haya todavía datos reales que comprueben esos optimistas augurios. Al contrario, se perfilan más claramente los perniciosos efectos de la crisis del petróleo: la baja en las perspectivas de crecimiento del país, la confirmación de un modelo económico en que México aporta materias primas poco elaboradas como petróleo crudo (pues las refinerías, “son menos rentables que la exploración”) y minerales, y mano de obra empleada en maquila o que emigra, en tanto que compra en el exterior productos afuera transformados con mano de obra e insumos de otros países. Ello sin hablar de la expropiación perenne de importantes activos nacionales que reformas como la energética tenderán a depositar en manos extranjeras. Sí, considerando la inversión extranjera como Deus ex Machina de todo.
Y, bueno, resulta curioso que uno de los actores principales en la activación de este modelo, el secretario de Hacienda Luis Videgaray, en entrevista al Financial Times, además de reconocer que la economía mexicana se encuentra en una etapa de estancamiento, ahora señale con acierto que “no se trata sólo de reformas, reformas, reformas. (…) podemos realizar diez reformas energéticas pero si no añadimos confianza, no podremos aprovechar todo el potencial de la economía mexicana”. (Reportaje de Margarita Jasso Belmont, La Crónica, 17fe15).
Por supuesto, en una república democrática el Poder Legislativo y el entrejuego de los partidos políticos son los mecanismos de compensación básicos para controlar los excesos o errores de conducción eventuales del Poder Ejecutivo. Pero rápidamente vemos que eso no se está dando en nuestro país. Con algunas excepciones, los políticos profesionales parecen estar esencialmente ocupados en promover su propio beneficio, y al realizar sus funciones pocas veces identifican bien las prioridades y los objetivos nacionales. A los partidos no les va mejor en la apreciación ciudadana; una encuesta reciente de La Crónica halla que, ante la reducción forzada del gasto público, “los partidos políticos deberían sufrir el mayor recorte en su presupuesto, por encima de rubros como la burocracia, programas de seguridad y realización de obras del gobierno”. Un estudio ad hoc presentado en la Cámara de Diputados encuentra que “los partidos políticos en México carecen de auténtica vinculación con el sector juvenil”.
Incluso se ha desnaturalizado la “ciudadanización” de algunas funciones ejecutivas en los llamados órganos estatales “autónomos”. Está el IFE, pero para las próximas elecciones intermedias de junio de este año se ha tenido una anchísima manga en el financiamiento y la absurda ola de propaganda electoral de los partidos, que en vez de estimular la participación informada en la votación está orillando al abstencionismo o a la anulación del voto. Han sido notables también las recientes presiones habidas en el IFAI en contra del respeto al derecho a la información y a los principios de transparencia y máxima publicidad establecidos en el artículo 6º de la Constitución.
¿Dónde está, entonces, el elemento clave para dar fin a esta grave crisis y reorientar la marcha del país? Que la sociedad actúe más como ya lo está haciendo y como ya lo permiten los modernos instrumentos de comunicación. La participación activa de la ciudadanía como contralor social; sin agredir derechos de terceros; sin recurrir a las grandiosas soluciones de reinventar todo, ni a las grandes reformas legislativas. No se necesita una nueva Constitución, por supuesto. Tampoco un estado policiaco ni un centralismo que ahogue el federalismo. Se requiere un consciente impulso de las organizaciones civiles a la reconstrucción del funcionamiento eficaz del Estado, a partir de las bases constitucionales y jurídicas con que ya contamos, con un mayor hincapié en principios de comportamiento humano para evitar a toda costa la extensión de la mancha de la corrupción. Y, claro está, el castigo sin impunidad a los transgresores de las leyes.
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Fuente: Crónica.
















